El Gobierno se enorgullece de proponer “acciones concretas para fomentar la reinserción de los reclusos”. Pero estos anuncios son vacíos, ambiguos, parciales y, sobre todo, inadaptados a las necesidades, ya que, en las cárceles, los reclusos pasan 22 horas diarias en sus celdas. Aún así, el plan no menciona ni una sola palabra sobre la implementación de actividades.
En lo que respecta a la formación profesional, descuidada a tal punto que el 85 % de los reclusos no tienen acceso a ella, el Gobierno se contenta con mencionar “un trabajo realizado con las autoridades municipales” responsables, y un “esfuerzo de inversión” del Estado, sin dar ninguna otra explicación.
Y para dar la impresión de que se está abordando el tema del trabajo en prisión, el Gobierno lo incluyó oportunamente, y de improviso, en el ámbito de competencias del organismo responsable de los trabajos en beneficio de la comunidad (agence du travail d’intérêt général), creando una confusión total en cuanto al contenido y al objetivo de cada tipo de trabajo, y pasando por alto la introducción del Derecho laboral en prisión, que el presidente había anunciado en marzo del año pasado.
Esta laguna contrasta fuertemente con la precisión de las medidas previstas en materia de seguridad penitenciaria, un aspecto que cuenta con un presupuesto asignado de más de 80 millones de euros, y otras medidas concretas como la adquisición de redes antihelicópteros y antiproyecciones, inhibidores de señal para teléfonos móviles, sistemas de control de drones, refuerzo del personal de inteligencia, etc.; un sector que, manifiestamente, no se ve afectado por la crisis…
Si bien todas estas medidas deben someterse a votación en el parlamento, con esta operación de comunicación, el Gobierno parece estar dando por sentado un plan que, por las cuestiones sociales que plantea, merecería ser objeto de un verdadero debate democrático.
