Para la elaboración de esta investigación fueron revisadas numerosas fuentes documentales, principalmente informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de la Defensa y decisiones de los tribunales del país que hacen referencia a algún centro para procesados militares. Pero el mayor cúmulo de información fue aportado por fuentes vivas. En ese sentido se llevaron a cabo entrevistas con militares activos y retirados. La mayor parte de los nombres no serán revelados para evitar posibles represalias. Estas personas forman parte o ejercieron distintos roles en el sistema de justicia militar.

También se llevaron a cabo entrevistas con personas que estuvieron detenidas recientemente en cárceles militares y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Igualmente, con familiares y abogados de personas que están tras las rejas en alguna de esas instalaciones. En todos los casos fue necesaria la generación de lazos de confianza que posibilitaran el conocimiento de ciertos detalles sobre la vida en reclusión.

El informe hace alusión a humillaciones, castigos y torturas físicas y psicológicas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y a la cotidianidad de los privados de libertad en otras estructuras bajo el cuidado de funcionarios del Ejército y de la Guardia Nacional, que a menudo forman parte integral de unidades de la Fuerza Armada Nacional, cuyas instalaciones han sido habilitadas para recibir a detenidos por delitos comunes y por manifestar contra el Gobierno tales como:

• 35 Brigada de Policía Militar José de San Martín;
• Unidades de la Guardia Nacional Bolivariana;
• Los tres centros para procesados militares: el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde y los anexos que sirven como centros para procesados militares en oriente -La Pica, estado Monagas- y occidente -Santa Ana, estado Táchira-.

De la investigación realizada podemos apreciar que, en las cárceles militares, como en las civiles, son crónicas las fallas en los servicios de agua potable y la alimentación es deficiente.

Esto ocasiona una carga adicional sobre los familiares de los detenidos, quienes se ven obligados a hacer lo posible para cubrir estas deficiencias. En los tres centros para procesados militares la atención médica es inexistente.

Entre las conclusiones del informe destacan que hay denuncias, tanto directas como referenciales, sobre la aplicación de castigos indiscriminados y torturas en los calabozos de la DGCIM Boleíta. Entre los métodos utilizados se encuentran: golpes en determinadas partes del cuerpo; asfixia con sacos en la cabeza, impregnados de polvillo de bomba lacrimógena; inserción de tachuelas en la parte inferior de las uñas de las manos.

Las víctimas no cuentan con una estructura de verificación independiente de los daños físicos y psicológicos sufridos por ellos luego de ser sometidos a estas torturas, tal y como lo establece el Protocolo de Estambul.

Igualmente, mediante la aplicación del entramado militar, el Gobierno fue capaz de aplastar la ola de protestas que se desarrolló entre los meses de abril y julio de 2017. Pero ha quedado en la mente de los operadores policiales y militares la noción de que, en determinadas circunstancias, es posible e incluso mandatoria según los estándares del régimen venezolano la violación de los derechos constitucionales de los venezolanos, si esto garantiza la continuidad del Gobierno.

Esta lección fue aprendida convenientemente por los cuerpos policiales, y en especial por la Guardia Nacional Bolivariana, sobre cuyos hombros recayó la responsabilidad del mantenimiento del llamado “orden interno” durante aquellos días.

Durante esta investigación se pudo conocer que, en la actualidad, ese mismo componente de la Fuerza Armada evalúa una reformulación de sus tácticas, a la luz de la creciente conflictividad social ocasionada por el declive económico del país.

Si en los meses de abril a julio la represión fue justificada contra manifestantes políticamente motivados, la pregunta que gravita en la actualidad es si la respuesta militar será la misma cuando las protestas sean ocasionadas por necesidades sociales insatisfechas.