En España, el órgano encargado de la gestión de las instituciones penitenciarias es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior. Sin embargo, en Cataluña cuentan con una administración propia que gestiona los centros de este territorio, la Direccio General de Serveis Penitenciaris dependiente del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya. La normativa penitenciaria básica es la misma para ambas administraciones, la Ley Orgánica 1/1979 General Penitenciaria y el Reglamento Penitenciario (Real Decreto 190/1996), pero cada una de ellas cuenta con normativa interna que afecta en muchos casos a cuestiones sustanciales y no sólo organizativas.

Existen actualmente 69 centros penitenciarios (más los 14 centros que hay en Cataluña), entre los que hay 2 Centros Psiquiátricos, 32 Centros de Inserción Social (CIS), 21 Secciones Abiertas y 3 Unidades de Madres. La mayoría de los centros son centros polivalentes distribuidos en módulos aunque aún quedan algunas prisiones antiguas con otro tipo de distribución arquitectónica.

En enero de 2018 la población reclusa era de 59.121 personas (incluyendo Cataluña), de los que el 92,61% eran hombres y el 7,39 % mujeres. 8.477 personas estaban en situación preventiva, 49.293 eran penados y 598 estaban cumpliendo medidas de seguridad (para inimputables)¹. La tasa de población reclusa se sitúa en torno a 140 por cada 100 000 habitantes, una de las tasas más altas de Europa, a pesar de que tenemos unos niveles de criminalidad entre los más bajos. Esto se debe fundamentalmente a que la condena media en España es de 17,5 meses frente a los 9,5 de la media europea².

El uso desmesurado de la pena de prisión, en detrimento de otras penas con carácter más comunitario, provoca que, aunque en los últimos años la población reclusa ha disminuido sensiblemente, sigamos teniendo un importante problema de sobreocupación de los centros, obligando ello a que en la mayoría de los casos los internos compartan celdas que deberían ser individuales.

El sistema penitenciario español es un sistema de individualización científica compuesto por tres grados de clasificación y la libertad condicional, que aparece definida en nuestra normativa penitenciaria como cuarto grado. Se trata de un sistema más evolucionado que los sistemas progresivos y que, teóricamente, goza de una mayor flexibilidad que estos y se rige antes por criterios subjetivos y de evolución personal que por criterios rígidos y objetivos, como los antiguos sistemas progresivos.

En enero de 2018, de los 49.293 penados, 1.009 se encontraban en primer grado, 36.649 en segundo grado, 7.563 en tercer grado y 4.072 estaban sin clasificar.

• En el primer grado se clasificarían las personas con peligrosidad extrema o una manifiesta y grave inadaptación a los otros grados.
• En el segundo grado deberían estar clasificadas todas aquellas personas que puedan desarrollar una convivencia normal pero aún no tengan la capacidad de vivir en semilibertad.
• Y en el tercer grado estarán aquellas que puedan vivir en semilibertad. Normalmente en el primer grado se aplican las normas del régimen cerrado, en el segundo las del régimen ordinario (que también se aplican a las personas sin clasificar y a detenidos y presos preventivos) y, en el tercero, las del régimen abierto aunque, como hemos dicho, el sistema permite flexibilizar estas normas y combinar reglas de distintos regímenes.

El régimen cerrado es el más duro y estricto, donde hay una mayor vigilancia y control. Se encuentran separados del resto de personas internas, en celdas individuales, con gran limitación de las actividades en común y la posibilidad de que sus comunicaciones con el exterior sean restringidas.
Dentro de este régimen encontramos dos modalidades de vida: los centros o módulos cerrados para los caracterizados por inadaptación manifiesta y grave al régimen penitenciario y los departamentos especiales para los extremadamente peligrosos. En el primero de los casos, la persona disfrutará de 4 horas de vida en común con al menos otros 5 internos, con la posibilidad de aumentar a 3 horas más para actividades programadas. En el caso de los departamentos especiales se podrán disfrutar de 3 horas de patio, que podrían aumentarse a 3 más para actividades programadas, pero como máximo dos personas juntas. El resto del tiempo, la persona estará aislada en su celda, es decir, 20 o 21 horas de soledad absoluta.

El régimen ordinario es en el que cumple la mayoría de las personas presas y su objetivo es conseguir una convivencia ordenada y que se puedan desarrollar las actividades de tratamiento, formativas o laborales. Dentro de este régimen ordinario, en los últimos años se están impulsando la creación de módulos especiales:

• terapéuticos (tratamiento de drogodependencia),
• UTE (Unidad Terapéutica y Educativa)
• o módulos de respeto. Esto está suponiendo que en la práctica la oferta de actividades o programas de tratamiento y la posibilidad de acceder a un empleo se limite a estos módulos, quedando el resto de módulos de régimen ordinario del centro sin prácticamente opciones de ocupar el tiempo más que en el deporte o el paseo en el patio.

El régimen abierto es el que permite un mayor contacto con el exterior con una atenuación considerable del control y una apuesta por la autorresponsabilidad. Se trata de favorecer la normalización social y la integración, evitar la desestructuración familiar y potenciar las relaciones con la sociedad libre.
Este régimen puede cumplirse en Centros Abiertos o CIS (Centros de Inserción Social), Secciones Abiertas (dentro de un centro penitenciario polivalente), Unidades Dependiente (viviendas en un núcleo urbano) o Comunidades Extrapenitenciarias (gestionadas por instituciones externas para tratamientos de desintoxicación).
Existen dos modalidades de régimen abierto. En el régimen abierto propio la persona sólo tendrá que pasar 8 horas en el centro penitenciario (normalmente por la noche, aunque existen posibilidades de otros horarios) y el tiempo necesario para la realización de las actividades que programe la Junta de Tratamiento. Además, tendrán permisos de salida todos los fines de semana. Incluso podrían estar fuera más tiempo a través de un control telemático. Sin embargo, en el régimen abierto restringido se pueden limitar estos tiempos de salida. De los casi 50 mil penados únicamente 7.563 estaban en tercer grado, la mayoría de ellos además cumpliendo en el régimen abierto restringido.

Desde las reformas de 2015¹, la libertad condicional se ha convertido en una especie de suspensión a prueba de la última parte de la condena, en la que el recluso puede pasar fuera del centro la mayor parte de su tiempo, aunque sometido a una serie de reglas de conducta y condiciones.

La libertad condicional solo fue concedida a 6.704 personas en el año 2016 (últimas cifras publicadas). Como vemos, uno de los grandes problemas del sistema penitenciario español es el poco uso de las formas de cumplimiento más abiertas: el régimen abierto y la libertad condicional.

La actividad penitenciaria debería girar, según la legislación, en torno al tratamiento (actividades dirigidas a la resocialización), sin embargo, éste suele estar subordinado a las cuestiones de régimen y seguridad. No existe un tratamiento individualizado, fundamentalmente por la escasez de especialistas en los equipos de tratamiento, de manera que el seguimiento suele hacerse a través de unos formularios tipo y las entrevistas personales son breves y de mala calidad. La ratio interno/empleado es de 2,11 pero la mayoría de estos trabajadores se dedican a tareas de custodia (más de un 85%). Las actividades, excepto en los módulos de respeto donde la oferta es algo mayor, se convierten en el privilegio de una minoría y son concedidas como recompensa por la buena conducta más que como elemento programado dentro de un tratamiento hacia la resocialización.

Según la normativa penitenciaria, los internos también tienen derecho a un trabajo productivo y a los beneficios de la seguridad social. Sin embargo, tan sólo aproximadamente un 20% está trabajando y normalmente se trata de tareas de manipulados, repetitivas y poco formativas o de tareas de mantenimiento o funcionamiento del propio centro penitenciario. Además, los salarios se encuentran muy por debajo del salario mínimo y no se cumple la legislación laboral ni se respetan mucho de los derechos en ella reconocidos ¹.

Tal vez el mayor problema en la actualidad en nuestros centros penitenciarios sea la asistencia sanitaria. Para empezar, ésta aún depende de Instituciones Penitenciarias y no del Sistema Nacional de Salud, como sin embargo establece la legislación desde hace 15 años². Esto provoca graves problemas de coordinación, produciéndose pérdida de citas con los especialistas, retrasos injustificados en la atención de las urgencias, falta de acceso a los tratamientos más innovadores o no continuidad de los mismos.
Además, el personal se encuentra sometido a una doble lealtad, la que debe al paciente y la que tiene que prestar a sus superiores jerárquicos, que no son personal sanitario. Así, muchas veces, sus decisiones están condicionadas por criterios regimentales u organizativos más que por criterios médicos. Los recursos, por otro lado, son claramente insuficientes, existiendo por ejemplo un/a médico/a para cada 160 presos, un/a enfermero/a cada 95 o un/a psicólogo/a cada 310.

El porcentaje de población reclusa con Hepatitis C se ha situado en el 2016 en 18,7% frente al 2% en la población general; el de VIH en 5,2 frente al 0,3 y se detectaron 64 casos de tuberculosis, enfermedad prácticamente erradicada en el exterior.
111 personas murieron en las cárceles españolas en el año 2016, último del que tenemos cifras.

Por otro lado, el 8% de la población reclusa sufre una enfermedad mental grave y el 40% padece algún trastorno mental o de la personalidad, sin tener en cuenta a las personas ingresadas en los Centros Psiquiátricos Penitenciarios. La casi totalidad de los centros no cuentan con personal psiquiátrico en plantilla, sino que este acude periódicamente (en algunos casos 1 vez cada 15 días e incluso 1 vez al mes)³.

Por otro lado, el modelo arquitectónico que ha adoptado la administración española conformado por grandes centros autosuficientes ha producido un progresivo alejamiento de las prisiones de los centros urbanos creando importantes obstáculos para las relaciones con el exterior. A esto se unen las evidentes deficiencias de transporte público a los centros y la política de la administración de distribución de la población reclusa que ocasiona que casi la mitad de los/as internos/as cumplan condena en centros fuera de la provincia del domicilio familiar. Todo ello dificulta las visitas de las familias, normalmente de sectores económicamente deprimidos, y las salidas de los internos en los permisos y el régimen abierto. Además, aunque hay que reconocer que se han producido mejoras importantes en cuanto a la salubridad y organización de los centros, este modelo implica fuertes medidas de seguridad que no son necesarias en todos los casos y una deshumanización y lejanía en el trato con los funcionarios.

Habría que hacer también mención a la pervivencia de los malos tratos en los centros españoles.

En el último informe de la Coordinadora de Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), que agrupa a casi 50 asociaciones y entidades en defensa de los derechos humanos en el estado español, referido a 201, se recogieron 224 situaciones en que se produjeron torturas, agresiones y/o malos tratos a un total de 1.014 personas. De este total, 58 de los casos que afectaron a 59 personas, se referían a personas presas, es decir, el 26% de las situaciones⁴.