Argentina: “El teléfono es todo para mí”

Era marzo 2020, transcurría el primer brote de Covid-19 y Paola, 35, escuchó que podrían tener celulares en la celda. Celebró eufórica. “Festejábamos como si fuera una tremenda libertad”, contó, “¡y era solo que íbamos a usar teléfonos!”. Una de sus referentes del pabellón dentro de la Unidad Penitenciaria 47 de San Martín le dio uno de regalo. Lo primero que hizo Paola fue llamar a su vecino, teléfono que sabía de memoria, para preguntarle si su hijo estaba por ahí. Quería pedirle su número para chatear.

Paola, como otras mujeres con las que habló Rest of World, solicitó ser identificada solo por su nombre de pila. Para el momento en el que el gobierno argentino aprobó el uso de celulares en el penal, ella llevaba cumplidos seis meses de sus cuatro años de condena.

El 20 de marzo de 2020, el presidente Alberto Fernández había anunciado una cuarentena estricta que se extendería por gran parte del año. Para las cárceles significó la prohibición de visitas, de las clases dentro de la cárcel y de las salidas por trabajo. El aislamiento que vivió gran parte del mundo durante esos primeros días de la pandemia fue extremo para las personas privadas de su libertad: los lazos con el mundo exterior se cortaron gracias a una pandemia que contagió enfermedad y miedo de ambos lados de los muros de la cárcel.

Diez días después, la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires autorizó el uso de teléfonos celulares para las y los presos de la provincia. Buenos Aires tiene la mayor número de complejos penitenciarios y de detenidos en el país, con una sobrepoblación del 111% a lo largo de sus 66 establecimientos. La Unidad Penitenciaria 47 es uno de ellos, con un régimen mixto de 10 pabellones para varones y cuatro para mujeres.