La persistente propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los menores, encontró eco en el actual Gobierno, quien propuso enviar un proyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil a sesiones extraordinarias para tratarla durante el pasado mes de febrero de 2019.
Casi la mitad de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina son pobres desde una perspectiva multidimensional. Esta visión no tiene en cuenta el acceso a determinada canasta de bienes (pobreza monetaria), sino que evalúa las carencias educativas, de protección social, vivienda adecuada, saneamiento básico, acceso al agua potable y a un entorno seguro. La principal conclusión ─que surge de un estudio de Unicef─ es que el 48 % de los niños, niñas y adolescentes (NNyA) sufren de al menos una de esas carencias y que en la población total ese porcentaje es del 38 %. Es en este contexto que debe analizarse la propuesta del actual Gobierno de reducir la edad de imputabilidad de los menores.
Si bien se realizaron audiencias públicas para evaluar a los candidatos, el año 2018 terminó sin el nombramiento del Defensor del Niño, Niña y Adolescente.
El OIP tomó la decisión de presentar un amparo para que se le permita ingresar a los institutos de menores dependientes de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).
El 21 de junio se le informó al OIP que la decisión sobre el amparo sería asignada por sorteo a un juzgado. Sin embargo, el juzgado que fue seleccionado se excusó sin pronunciar su decisión. Esto demuestra nuevamente la tendencia del sistema judicial argentino de utilizar el mecanismo de excusa para no resolver los casos que se le presentan. El caso será finalmente revisado por la Suprema Corte, quién deberá resolver la competencia.
En un informe realizado por UNICEF, se confirma que las y los adolescentes privados de libertad constituyen uno “de los colectivos más olvidados y vulnerables del orden social existente”.
Una gran cantidad de ellos no habló nunca ni con el juez ni con el defensor. Asimismo, un estudio titulado “Las voces de las y los adolescentes privados de Libertad en Argentina”, que presenta una mirada sobre la situación de los jóvenes menores de 18 años en conflicto con la ley penal en el país, el trabajo, la familia y los maltratos dentro y fuera de los centros son algunos de los temas que revelan que la privación de libertad, es una medida “ineficaz” para lograr la reinserción social. Entre otros datos, el trabajo reveló que el 28% de los menores encarcelados vivió en la calle, y que el 14% lo hizo en “hogares de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales” porque sufrió violencia y maltrato en su casa, abandono, abuso sexual, entre otros.
