Argentina: no hay tobilleras para todos los que reciben la domiciliaria

La Provincia espera por 1.500 dispositivos nuevos desde Nación para detenidos en riesgo por la pandemia ¿Cómo se hace en Bahía?

Dicen que antes de la epidemia por el coronavirus, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tenía un faltante de al menos 200 tobilleras electrónicas para el control de presos que salían de las cárceles con distintos beneficios.

Hoy, en medio de la pandemia y con la necesidad de retirar de las prisiones a cientos de internos que se encuentran entre los grupos de riesgo, el problema se agravó, sin dejar de tener en cuenta las condiciones estructurales deficientes de la gran mayoría de los presidios y la sobrepoblación, que en promedio es del orden del 40%.

El gobierno de Kicillof espera desde Nación el envío de 1.500 pulseras para paliar la emergencia, aunque solo hasta el 1 de abril, según números oficiales, ya se habían otorgado 815 salidas de reclusos para que cumplan el aislamiento en su domicilio, mientras que existen decenas de pedidos aún sin resolver.

Se estima que hay unos 650 presos mayores de 65 años en el ámbito provincial y casi 2.500 con patologías previas (SIDA, tuberculosis, diabetes y enfermedades respiratorias) que podrían obtener la morigeración. Además de un grupo de 80 mujeres embarazadas o con niños pequeños.

Quiere decir que muchos de los reos, al menos por el momento, no están siendo monitoreados desde la central del SPB, con el peligro potencial que esa situación puede acarrear para la seguridad urbana.

Caso por caso

¿Y qué sucede en Bahía? Entre las cárceles de Villa Floresta y Saavedra existen unos 1.900 reclusos -aunque en el caso de la UP19 más del 80% no depende de nuestro departamento judicial- y ya se elevaron más de 200 pedidos de prisiones domiciliarias, entre condenados y procesados.

Sin embargo, distintas fuentes judiciales se encargaron de aclarar que no se darán salidas masivas, sino que se analizará caso por caso, para atender la demanda solo entre aquellos adultos mayores o que tengan una enfermedad de base que puedan poner en riesgo su vida intramuros.

De todas maneras, un fallo reciente de Casación encomienda a los jueces a que le den especial prioridad a la situación carcelaria, teniendo en cuenta que es muy vulnerable ante una enfermedad altamente contagiosa y que, en definitiva, se está velando por la condición sanitaria de toda la sociedad.

En el caso de los condenados, en particular, el juez de Ejecución Penal, Claudio Brun, se basa en dos informes determinantes: el médico (para conocer el cuadro de riesgo) y el socioambiental (qué tipo de contención va a recibir en el domicilio que fija y si lo aceptan).

Si bien también se pidió el envío de nuevas tobilleras, en los casos que se están otorgando las domiciliarias, por el momento sin control electrónico, se le solicita al Patronato de Liberados un informe periódico más riguroso, debido a la excepcionalidad de la situación, y además la intervención del área social del servicio penitenciario, para que mantenga contacto con el detenido.

“Hoy existen algunas pulseras adentro de los penales, de aquellos que tenían salidas transitorias y hoy no las pueden hacer. Seguramente esas también se van a usar para esta emergencia”, explicó una fuente judicial.

Según el criterio de algunos jueces, aquellos internos que continúen la cuarentena en un domicilio particular deben cumplir con las indicaciones de higiene y aislamiento social preventivo y “deberá depender de su propia responsabilidad y autocuidado” cumplir las pautas de conducta enfocadas en las medidas sanitarias.

Dicho de otra manera, advierten que ante un incumplimiento de la medida y un empeoramiento en el cuadro de salud, la familia se haga cargo y no el Estado.

Cómo es el uso de celulares

Sin visitas. Los presos bonaerenses, por decisión consensuada con las autoridades, están sin visitas familiares desde antes de la cuarentena obligatoria.

Contacto. Para permitir el contacto con sus seres queridos, el Tribunal de Casación habilitó el uso de telefonía celular.

El sistema. La familia de aquellos internos que quieran mantener contacto tienen que presentar un aparato, que quedará registrado en cada cárcel con el nombre respectivo del detenido.

Disponibilidad. No hay un horario o día específico para las llamadas (como con las visitas). En este marco excepcional, los presos tienen disponibilidad de uso de los teléfonos registrados en sus celdas (incluso videollamadas), aunque no pueden deambular por los pabellones.

Otras vías. Aquel que no haya registrado celular podrá usar el teléfono semipúblico de cada pabellón.

Un cuadro que puede ser atendido entre rejas

El Tribunal en lo Criminal Nº 3 entendió que los problemas de salud que sufre un condenado a perpetua, que hace 4 años fue apuñalado en medio de una pelea entre varios reclusos en la cárcel de Villa Floresta, pueden ser tratados dentro del penal y rechazó el pedido de prisión domiciliaria en el marco del coronavirus.

El pedido desestimado corresponde a Juan Luis Elizondo.

En diciembre de 2011, junto a Jesús Manuel Bidal y Leonardo Quiroga, Elizondo fue condenado por el crimen del agricultor boliviano Juan Carlos Cruz, registrado en enero de 2010 en el camino que va desde Pedro Luro al Lago Parque La Salada.

El fallo fue confirmado en distintas instancias y en la actualidad solo está pendiente de resolución una queja planteada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En abril de 2016, Elizondo resultó herido de arma blanca, durante una pelea en uno de los pabellones de la cárcel local, por lo que fue intervenido y sufrió la extirpación del bazo.

Un informe solicitado por los magistrados a las autoridades penitenciarias -actualmente está detenido en Sierra Chica- señaló que el detenido “no refiere síntomas respiratorios ni haber estado en contacto con infectados de COVID-19, además de no tener “enfermedades crónicas” y encontrarse “clínicamente estable”.

Entre otras consideraciones, el tribunal entendió que Elizondo recibe el tratamiento médico que requiere y que no se encuentra comprendido dentro de las excepciones que permiten una morigeración de la detención y, por otro lado, que existen riesgos procesales.