México: la tortura alimenta la corrupción

Adrián Ramírez López. Los últimos cuarenta años de neoliberalismo en México generaron una estela de violencia y represión que nos llevó a distorsionar el sistema jurídico para buscar sanciones muy severas en contra de los supuestos delincuentes. Las penas se agravaron, se generalizó el uso abusivo de la prisión preventiva y se construyeron centros penitenciarios privados, para los cuales es un gran negocio mantener privadas de libertad a miles y a miles de personas. El país tiene 120 millones de habitantes y su población carcelaria se eleva a más de 200 000 personas. La tortura fue un elemento fundamental de este modelo neoliberal. Con ella, se lograba acusar a personas inocentes, o que cometieron delitos menores, y se les hacía pasar por delincuentes muy peligrosos. De este modo, se reforzaba la era de terror que atravesaba nuestro país. La llegada del Gobierno de Manuel López Obrador hace tres años permitió cambiar el patrón de comportamiento, y las autoridades federales dejaron de practicar la tortura de manera sistemática. Sin embargo, a nivel municipal y de algunas instituciones del país, el recurso a la tortura sigue vigente.

La tortura sigue siendo un problema en prisión. Algunos guardias y, sobre todo, reclusos, con el conocimiento de las autoridades, torturan con fines de extorsión a otros reclusos y a sus familiares. Lamentablemente, es difícil poner en evidencia esta situación, puesto que todo lo hacen pasar por riñas o enfrentamientos entre grupos delincuenciales al interior de las prisiones.

Cabe decir que también tenemos un gran rezago en cuestión de víctimas de tortura, ya que no existe una reparación de daños, se les mantiene en prisión, y los culpables no reciben un castigo. En 2021, el Gobierno de México emitió un decreto presidencial con el que pretende reparar este grave problema y resarcir a las víctimas. Sin embargo, pocas personas podrían beneficiarse de este procedimiento, pues el Gobierno reconoce menos de cinco mil casos de tortura. Por lo tanto, exigimos un esfuerzo adicional.

ARL. Los expedientes de las causas penales deben construirse y revisarse adecuadamente, ya que ahí se pueden identificar las numerosas irregularidades que corrompen el Poder Judicial: la detención arbitraria sin orden de aprehensión, la fabricación de pruebas, la autoinculpación de personas mediante la tortura, las falsas acusaciones ─también mediante la tortura─ y la manipulación mediática de los casos. Los casos de tortura se pueden identificar mediante la aplicación del protocolo de Estambul, un procedimiento de las Naciones Unidas para la investigación eficaz de la tortura y de tratos crueles inhumanos o degradantes. Sin embargo, la aplicación de este protocolo para las personas privadas de libertad es muy limitado, ya que hay muy pocos expertos en la materia. Si se sospecha que ha habido un caso de tortura, recomendamos utilizar nuestra guía “Criterios mayores y menores para identificar casos de tortura y/o fabricación de culpables”. Uno de los elementos principales que se debe verificar es el tiempo que transcurre entre la detención y el momento en que la persona se pone a disposición de las autoridades competentes. Otro elemento que se debe tener en cuenta, que es ahora menos común, pero que todavía está presente, es la exposición mediática de las personas.

En algunos casos, las personas inculpadas aceptan frente a los medios de comunicación haber cometido los delitos de los que se les acusa, sin haber dado su declaración a las autoridades.

También recomendamos que los expedientes de los dictámenes clínicos se elaboren de manera minuciosa. No solamente se debe establecer si una persona tiene lesiones físicas, sino que también deben examinarse los signos y los síntomas; se debe describir el peso, la talla de la persona, los signos vitales, la ropa, y tomar fotografías de la integridad del cuerpo de la persona que se examina.

ARL. Tenemos un grupo “Actuar Familiares contra la Tortura”, en el que damos talleres de formación para que los familiares y las víctimas aprendan a defenderse. A las personas privadas de libertad, les recomendamos que hagan ejercicio, estudien y trabajen, cuando sea posible. Si son consumidores de droga, les pedimos que soliciten la ayuda necesaria para dejar de consumir. A los familiares les insistimos mucho que denuncien todas las violaciones de los derechos humanos que se cometen en su contra, incluso en los casos en los que no se les permite ingresar ciertos alimentos o ciertas prendas durante las visitas.

Por otra parte, también trabajamos para reforzar el conocimiento de las Reglas Mandela, que son las normas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. También hablamos de las Reglas de Tokio con el fin de dar a conocer las penas alternativas y hacer que la prisión deje de ser el recurso por excelencia y se convierta en un recurso excepcional.

Del mismo modo, impulsamos campañas, programas de radio, y nos coordinamos con diversas organizaciones tanto a nivel nacional como internacional. A nivel internacional, por ejemplo, estamos implicados en campañas como ¡¡Libres les Queremos!! ¡¡Nadie Suelta la Mano de Nadie!!, que ha sido elaborada por la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las Personas Privadas de Libertad por Razones Políticas. Asimismo, participamos en las campañas “for Freedom” en varios países.