Bolivia: tortura y tratos crueles por policías son frecuentes en cárceles

El Subcomité para la prevención de la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtió en su informe sobre Bolivia que la tortura y los malos tratos son prácticas frecuentes en las cárceles aplicadas por policías, personal penitenciario y delegados de los penales.

“Diversas personas entrevistadas por el Subcomité coincidieron en manifestar que las prácticas de tortura y malos tratos eran utilizadas con frecuencia por la Policía, el servicio penitenciario y los ‘autogobiernos’ (delegados) como métodos de investigación, extorsión, castigo y sanciones disciplinarias”, se lee en el informe del organismo internacional, difundido en julio de 2018.

Las llamadas sanciones disciplinarias llegan incluso a cegar la vida a los internos como el ocurrido con Omar Chuma Quispe (25), quien falleció tras cumplir un castigo en el pozo de agua. Las versiones sobre su muerte son distintas: la policía dice que ingresó voluntariamente y al salir se desvaneció; la versión de algunos internos es que un policía lo empujó al pozo y como sufría de epilepsia convulsionó dentro del agua, apenas pudo salir se desvaneció y murió. Lo concreto es que no hay investigación.

Los casos de extorsión registrados son múltiples y de conocimiento de las autoridades penitenciarias, que incluso validan el cobro de las celdas, según denuncias de los internos. “Tiene que pagar, el Estado no los va a mantener”, dijo una autoridad penitenciaria del área jurídica, según denunció un recluso a ANF.

El Subcomité señala que durante la visita al Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios en Sucre, observó el “uso excesivo y prolongado de contención química, física y mecánica (por ejemplo, pacientes inmovilizados, amarrados con correas a sillas)”.

En el penal de máxima seguridad de Chonchocoro varios internos denunciaron ser sacados de sus celdas por la noche –tanto por personal penitenciario como por delegados y autoridades del autogobierno–, “golpeados, en ocasiones apuñalados, atados a alambrados y obligados a pasar la noche a la intemperie”.

Según los testimonios colectados por el Subcomité, estas prácticas de castigo y “bautismo” o “bienvenida” a los recién llegados al penal, también incluían insultos, uso desproporcionado de la fuerza, golpizas “ejemplarizantes”, golpes con palos en la espalda y la entrepierna, asfixia con bolsa plástica, uso de gas irritante, orden de desnudarse y realizar flexiones, extremo ejercicio físico e inmersión en agua fría.

En el Centro de Reintegración Social para Adolescentes Cenvicruz (Santa Cruz), según alegaciones, el personal de seguridad a cargo de la disciplina del Centro “sacaba a los internos de sus dormitorios durante la noche, los golpeaba, los ataba a los postes de madera en el patio, donde debían permanecer con la cabeza inclinada, en cuclillas, privados del sueño, en ocasiones por más de 24 horas”.

En Cometa (Cochabamba), varios entrevistados denunciaron el uso excesivo de la fuerza, descargas eléctricas, uso de gas irritante, privación del sueño y golpizas públicas en la cancha de fútbol del centro.

Asimismo, al organismo internacional le preocupan las condiciones materiales inhumanas de las celdas de castigo dentro de los centros penitenciarios visitados, llamadas “loreras”, “botes” o “calabozos”.

Por ejemplo, en el penal para varones de Mocoví, según el informe del Subcomité, una celda de castigo alojaba a 15 internos, inmovilizados por la falta de espacio, semidesnudos, sin recibir comida, mostrando marcas visibles de golpizas y azotes en la espalda y entrepiernas. “Algunos de ellos alegaron llevar más de tres semanas viviendo en la celda en condiciones de insalubridad, durmiendo en el suelo sobre mantas sucias y sin baño”, señala el informe.

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