Brasil es un Estado federal. Cada una de sus 27 unidades federales tiene su propio sistema penitenciario, independiente del sistema penitenciario federal. La mayoría de los centros penitenciarios están gestionados por las autoridades públicas, pero otros lo están por empresas privadas o mixtas (asociación pública-privada).
La población carcelaria de Brasil es la tercera más grande del mundo, y se encuentra distribuida de manera desigual entre los estados. Por ejemplo, el estado de São Paulo tiene alrededor del 30% de la población reclusa de todo el país. A nivel nacional se observa una falta de respeto por los derechos fundamentales y unas malas condiciones de vida en las prisiones.
Las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en Brasil (1994) exigen que la administración de la prisión brinde a los internos asistencia médica dentro de las instalaciones del centro. En abril de 2020, los datos oficiales mostraban una ratio de 1 médico y 1.83 enfermeras por cada 1 000 reclusos.

En líneas generales, el sistema penitenciario de Brasil se caracteriza por el hacinamiento y las malas condiciones de reclusión. Desde el inicio de la pandemia, muchos internos y familiares han denunciado la falta de acceso a la atención médica. En abril de 2020, la administración penitenciaria confirmó  la falta de médicos en las prisiones.
El Gobierno federal intentó instaurar el uso de contenedores para aislar, temporalmente, a los internos vulnerables. Esta idea recibió fuertes críticas de ONG locales, de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que afirmaron  que los contenedores no tenían suficiente ventilación, expondrían a los internos a altas temperaturas y violarían el principio de dignidad humana. En mayo, el Consejo Nacional de Política Penal y Seguridad Pública (CNPCP) renunció al uso de contenedores y, en su lugar, autorizó la creación de “áreas excepcionales”, sin detallar ningún criterio arquitectónico, lo que podría dar lugar a la construcción de estructuras precarias e insalubres dentro de las instalaciones de los centros penitenciarios.

En mayo, el director del Sindicato del Personal de Prisiones de Sao Paulo lamentó que varios miembros del personal penitenciario apoyaran la política de restar importancia a la pandemia. Algunos de ellos se negaron incluso a usar equipos de protección individual (EPI), a pesar de ser un vector de contagio importante dentro de las prisiones.

Además, el presidente de Brasil agravó el negacionismo, ya que atenuó la ley sobre el uso de mascarillas en lugares públicos, al suprimir un artículo que lo hacía obligatorio en los centros penitenciarios. En agosto, la Corte Suprema revocó esta decisión.
La gestión de la atención médica dentro de los centros penitenciarios ha sido bastante opaca a lo largo de toda la crisis sanitaria. A día de hoy, aún es difícil saber hasta qué punto se están aplicando, de manera efectiva, las medidas sanitarias. En el estado de Amazonas, organizaciones de la sociedad civil denunciaron la falta de transparencia sobre el tema de la asistencia médica en las prisiones, y afirmaron que la administración penitenciaria no había comunicado su protocolo para hacer pruebas diagnósticas de COVID-19. Varios testimonios denunciaron las condiciones de vida deficientes e insalubres, así como la falta de pruebas diagnósticas, asistencia sanitaria, productos de higiene personal y desinfectante.
Los traslados entre centros se mantuvieron y varios testigos informaron que se hacían sin ningún tipo de protocolo sanitario.

En marzo de 2020, se registraron los primeros casos de COVID-19 y el número de contagios aumentó de manera significativa a lo largo de la pandemia.
Entre mayo y junio, el CNJ informó de un aumento del 800% de casos de COVID-19 entre los reclusos (de 245 a 2212); también se observó un fuerte incremento entre el personal penitenciario. En junio, se alcanzaron los 4256 casos y 58 fallecimientos entre los internos y el personal. La mayoría de los casos identificados se dieron en las regiones de Centro-Oeste (29.5%), Sudeste (28.8%) y Nordeste (23.3%) del país. El número de casos continuó aumentando significativamente entre julio y noviembre.
Para el mes de diciembre, el país había acumulado 40 479 casos y 126 fallecimientos entre los internos. El coronavirus también ha afectado, de manera particular, a los trabajadores de prisiones, ya que 12 458 miembros del personal se contagiaron, y 90 murieron en octubre.

Varios organismos han instado a las autoridades a implementar medidas de liberación anticipada. Al principio de la pandemia, el CNJ recomendó reducir la población carcelaria. En abril de 2020, la administración penitenciaria calculó que alrededor de 30 000 reclusos habían obtenido la libertad o la revisión del cumplimiento de sus penas, según las instrucciones del CNJ. Algunos de ellos fueron puestos bajo vigilancia electrónica.
En marzo, el Colegio Nacional de Defensores Públicos (Condege) pidió al presidente brasileño que publicara, con máxima urgencia, un decreto especial de indulto presidencial. Sin embargo, el presidente ha manifestado con frecuencia su desacuerdo frente a las medidas de liberación, a pesar de la crisis sanitaria. Por su parte, la administración penitenciaria ha secundado la posición presidencial. 
La mayoría de liberaciones anticipadas se otorgaron por iniciativa de las autoridades de cada estado, tras estudiar las peticiones caso por caso. Por lo tanto, se observaron diferencias de un estado a otro. En mayo, el estado de São Paulo puso en libertad a 3190 personas, de las cuales el 72% estaba a la espera de juicio. Para el mes de junio, las autoridades judiciales habían aprobado el 3% de las peticiones de puesta en libertad. En este estado, el número de internos pasó de 234 000, en mayo de 2019, a 216 000, en septiembre de 2020. Varios expertos explicaron que las liberaciones en el contexto de la COVID-19 y la disminución del número de detenciones son, entre otras, las principales razones de este cambio.
En mayo, el Instituto por el Derecho a la Defensa (Instituto de Defesa do Direito de Defesa, IDDD) afirmó que el número de liberaciones era “irrisorio”. Su director recordó que se consideraba que, como mínimo, 25 000 internos de São Paulo se encontraban en situación de riesgo.

De manera general, en todos los estados se suspendieron la mayoría de las actividades educativas y los permisos diarios para trabajar fuera de la prisión. Algunos centros penitenciarios, por ejemplo, en el estado de Maranhão, implementaron herramientas para la educación a distancia; otros adaptaron o mantuvieron unos pocos talleres dedicados a la producción de mascarillas o productos de limpieza. A finales de marzo de 2020, se calculó que los internos de las prisiones de São Paulo confeccionaban 26 000 mascarillas al día. En principio, este equipo de protección no estaba destinado para el uso de las personas privadas de libertad. Las mujeres internas en la prisión de Anísio Jobim (en Manaus) produjeron diariamente unas 10 000 mascarillas para el personal penitenciario y los agentes de seguridad pública.
Debido a la suspensión de la mayoría de las actividades diarias, los reclusos pasaban más tiempo en sus celdas y solo se les permitía entre una y dos horas de ejercicio al aire libre (banho de sol).

Familiares¶

Cada estado o ciudad estableció sus propias medidas de prevención y la gran mayoría decidió suspender tanto las visitas como las actividades. Si bien se implementaron algunas medidas compensatorias (videollamadas, correo electrónico), estas eran muy limitadas, pues no se aplicaban en todas las prisiones y a menudo había impedimentos. En septiembre de 2020, el estado de Maranhão dotó a 42 de las 52 prisiones con el material necesario para celebrar visitas virtuales. Aunque los familiares afirmaron que las videollamadas aliviaron la falta de contacto, se quejaron de su corta duración ─ya que solo les concedían cinco minutos, durante los cuales había problemas de conexión─ y de la falta de intimidad, debido a que se llevaban a cabo en un entorno muy controlado.
En marzo, muchos centros suspendieron la entrega de paquetes por parte de los familiares. Estos paquetes, llamados jumbos, contienen productos de higiene, comida y otros artículos de primera necesidad; en el estado de São Paulo, existía la posibilidad de enviarlos por correo. Las familias y allegados de los reclusos publicaron una carta abierta a las autoridades para informar sobre los fallos observados en este nuevo sistema y el alto coste que les suponía. Además de estas dificultades, algunas familias también se vieron afectadas por las huelgas del servicio de correos. Los familiares subrayaron el hecho de que los internos dependían de los paquetes para cubrir sus necesidades básicas.
En varios estados, las restricciones relativas a las visitas impidieron a las personas del exterior, como familiares o representantes legales, observar las condiciones de vida en las prisiones. Los familiares informaron que tenían problemas para contactar con sus seres queridos privados de libertad y para obtener información sobre su estado de salud; muchos tenían que fiarse de rumores provenientes del personal médico o del personal de la prisión. Debido a la falta de comunicación sobre traslados, las familias no siempre sabían en qué establecimiento estaban recluidos sus seres queridos. Muchos grupos de parientes de internos de diferentes estados organizaron protestas y demandaron transparencia sobre la situación en el interior de las prisiones.
Las visitas se reanudaron progresivamente en algunos estados entre septiembre y noviembre. Cada estado contaba con su propio protocolo, pero en general el número de visitantes continuó limitado, el uso de mascarillas era obligatorio y el contacto físico estaba prohibido. A finales de noviembre, el estado de Minas Gerais suspendió las visitas en algunos centros debido a un recrudecimiento de los casos positivos.

Visitas de inspección¶

En los primeros meses de la pandemia, se suspendieron las visitas de inspección de los órganos de control. A pesar de las restricciones, los miembros locales del MNP brasileño organizaron reuniones regulares con las autoridades públicas para seguir, a distancia, la evolución de la crisis en las prisiones.
Varios testimonios informaron de un aumento de los malos tratos y las torturas durante este periodo. A finales de agosto, unas 200 mujeres y familiares de reclusos protestaron en las calles de Maceió (estado de Alagoas) y denunciaron las torturas en las prisiones. Afirmaron que los reclusos eran “obligados a beber su propia orina, no se les permitía salir al exterior de sus celdas y no se les proporcionaba comida”. Algunas personas liberadas de la prisión Profesor Jacy de Assis (en el estado de Minas Gerais) informaron que desde la suspensión de las visitas se habían intensificado los actos de tortura física y psicológica.

Entre marzo y octubre de 2020, se registraron numerosos movimientos de protesta en las prisiones del país, en las que se denunció, sobre todo, la falta de medidas sanitarias, el aumento de los malos tratos y la tortura, y la suspensión de las visitas. Muchas de estas protestas resultaron en motines y toma de rehenes.
Los trabajadores de prisiones también protestaron durante la pandemia, debido a la falta de personal y al número insuficiente de pruebas diagnósticas.
En mayo, la administración penitenciaria obtuvo un financiamiento adicional de 19 millones de reales (más de 3 millones de dólares) con los que se compró material “no letal” (incluyendo granadas, munición y espray de pimienta) para “dotar a las prisiones con los equipos necesarios para la prevención de los disturbios generados por la suspensión de las visitas”. La iniciativa Infovírus criticó las acciones de la administración penitenciaria y lamentó que los recursos se destinaran a la represión, en lugar de facilitar una lista de internos en riesgo y de implementar campañas de cribaje masivo.

La mayoría de los llamamientos realizados por organizaciones de la sociedad civil, familiares de los reclusos, profesionales o autoridades judiciales estaban relacionados con la falta de medidas eficaces para prevenir la propagación del virus en las prisiones. Por otra parte, también se registraron denuncias sobre numerosas violaciones de los derechos humanos y el aumento de la tortura y los malos tratos.
En junio de 2020, más de 200 organismos nacionales alertaron a la ONU y a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la incapacidad de la administración para controlar la propagación de la COVID-19 en las prisiones brasileñas. El documento presentaba datos y pruebas de violaciones de los estándares y recomendaciones internacionales en materia de acceso a la atención sanitaria, la revisión del cumplimiento de las penas, la comunicación, el registro de fallecimientos, la respuesta a los disturbios, y el uso de instalaciones temporales de alojamiento inadecuadas. El llamamiento conjunto mostraba que el brote de COVID-19 había agravado los problemas preexistentes en el ya frágil sistema penitenciario. En agosto, la CIDH afirmó que las condiciones de reclusión actuales impiden al Estado garantizar la salud y la integridad física de las personas privadas de libertad, e instó al Gobierno brasileño a adoptar medidas para reducir el hacinamiento y adecuar las condiciones de vida para evitar el contagio.