Brasil: el eterno combate de las familias de los reclusos

Maria Teresa. En marzo de 2020, se suspendieron durante 30 días las visitas familiares y conyugales, así como la entrega de paquetes en las prisiones. En abril, la suspensión de las visitas se prorrogó durante otros 30 días, pero se permitió a los familiares enviar por correo paquetes con artículos de higiene personal. En mayo, algunos centros penitenciarios empezaron a autorizar que el paquete enviado por correo incluyera los artículos que contienen los kits que se suelen suministrar directamente a los reclusos. Sin embargo, lo que pudimos observar es que la mayoría de las prisiones devolvían los paquetes que enviaban los familiares, por ejemplo, cuando el servicio de correos se retrasaba y el paquete llegaba después del día de entrega, cuando este contenía algún artículo no autorizado o cuando se trasladaba a la persona sin que se notificase a la familia. Otras veces se devolvía el paquete sin motivo alguno, simplemente porque el agente que lo recibía decidía que no quería recibir nada ese día y prefería devolverlo. En algunos centros, la gente no tiene este tipo de problema que, sin embargo, es muy frecuente en las prisiones en las que los directores no están ahí para ver lo que sucede en el interior. A pesar de las numerosas cartas y reclamaciones, la Secretaría de Estado la Administración Penitenciaria no ha tomado todavía ninguna decisión a este respecto.

Se suspendieron las visitas para que la COVID no llegara a las prisiones, y, aun así, llegó. El gobernador, el secretario de Seguridad Pública, el jefe de la Defensoría Pública, el fiscal general del Estado y el presidente del Tribunal de Justicia se reunían cada 30 días para prorrogar el plazo de la suspensión de las visitas. Pero en ningún momento preguntaron a los familiares qué opinaban sobre este asunto; ningún familiar o médico ha participado en el Comité para la COVID.

Tras muchas reclamaciones, el DEPEN (la administración penitenciaria brasileña) comenzó a organizar visitas virtuales.

Algunos centros penitenciarios ofrecen la posibilidad de hacer de vídeollamadas, pero la gente insiste en que una visita virtual no es realmente una visita. El recluso no dispone de privacidad para hablar con su familiar, pues a su lado se queda algún inspector técnico de la prisión y, detrás, dos guardias penitenciarios. Si el recluso dice algo que no está autorizado, la llamada se cae y no se puede volver a llamar.

Además, las personas que no disponen de una buena conexión a Internet no consiguen realizar la vídeollamada. La administración decidió crear un sistema complicadísimo y, a menudo, los familiares no logran descargar la aplicación.

Algunas personas a menudo oyen llorar a los reclusos durante las llamadas. Ellos dicen que están bien, pero se nota que no es cierto con tan solo escuchar su voz; se ve que no están bien. Conozco el caso de una persona que vio a su familiar recluso con un ojo morado y sabía que fue por una paliza que le dieron dentro de la prisión. Además, por vídeollamada no se puede hacer nada por ellos.

Durante la pandemia, tampoco se distribuía la correspondencia entre los familiares y los reclusos. El familiar de un recluso acaba de recibir, en estos días, una carta con fecha de marzo o abril de 2020, lo que significa que las cartas estaban retenidas en los centros penitenciarios. Si bien es posible que se trate de una falta de interés por parte de las personas responsables, también pensamos que muchas cartas se han censurando y no se han enviado, sin duda, porque los reclusos han escrito sobre las torturas físicas y psicológicas, así como la falta de alimento, agua y acceso a la salud que están sufriendo dentro del sistema penitenciario.

Como esto si fuera poco, en medio de la pandemia, se ha trasladado a los reclusos de una ciudad a otra, todas las semanas, sin tener en cuenta las recomendaciones de aislamiento de la Organización Mundial de la Salud. Estos traslados han favorecido la propagación de la COVID de un centro penitenciario a otro: un recluso infectado llega a una nueva prisión y, de repente, los demás se enferman. Esta lógica tan perversa ni siquiera respeta la ley de ejecución penal, que es clara: las personas privadas de libertad deben cumplir su pena cerca de su familia para que puedan recibir la asistencia de esta. Sin embargo, se está llevando a los reclusos a ciudades muy alejadas de las de sus familiares, a municipios en los que la familia no conoce a nadie.

MTdS. Es posible obtener información sobre los reclusos de tres formas distintas. Una es a través de los abogados, cuando estos consiguen acceder a una prisión para asistir a sus clientes. Cuando los reclusos pueden entrevistarse con sus abogados en el locutorio, pueden hablar de lo que pasa en la prisión y, a veces, incluso pueden enviar un mensaje de otro recluso para su familia. Pero en los centros en los que tampoco se autoriza el acceso a los abogados, la comunicación debe hacerse a través de medios digitales, lo que impide tener una conversación privada y dificulta el acceso a la información de los familiares. La llamada virtual obstaculiza la libertad de tener una comunicación confidencial con su defensor.

Otra forma en la que se ha obtenido información es a través de los menores que han sido puestos en libertad y que han grabado audios en los que relatan la situación dentro de las prisiones.

También contamos con la información que nos proporcionan algunos funcionarios de prisiones que no están de acuerdo con las atrocidades que se están cometiendo dentro del sistema y que, en ocasiones, nos hablan de lo que sucede dentro de la prisión.

MTdS. Nosotros, los familiares de los reclusos, pedimos el derecho a la visita presencial, aunque tengamos que seguir un protocolo conforme a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. La suspensión de las visitas, que ha aumentado las agresiones físicas de los agentes del grupo de intervención rápida contra las personas privadas de libertad, ya no tiene justificación alguna, puesto que las ciudades están abiertas: bares, tiendas, centros comerciales, etc.

La situación actual es tan absurda que, en medio de la pandemia de COVID-19, hay directores de prisión que han cerrado las ventanas de las celdas (que son más bien agujeros por los que entra el aire) para que los reclusos no tengan contacto con el mundo exterior. Porque esa ventana, ese agujero, permitía que las personas gritaran desde el interior de la prisión para comunicar con sus familias que se encontraban al exterior, como sucedía en el centro penitenciario de Itaba.

La gestión del sistema penitenciario brasileño es tan perversa, que las familias no pueden comer, acostarse, dormir o levantarse tranquilas sabiendo que su familiar, que se encuentra en prisión, está siendo víctima de atrocidades.

He visto a madres totalmente desesperadas por la falta de noticias de su hijo. Para nosotras, mujeres, tener un hijo en prisión es un dolor que nadie puede entender. La sociedad no se responsabiliza por los actos ilegales que cometen nuestros hijos. Pero esa sociedad no nos ve como mujeres, como madres, como personas que sienten cariño, afecto y amor por sus hijos y que, como madres, no los abandonan. Esa falta de comunicación provoca a las mujeres una pesadez y un dolor muy grandes.

Es necesario que se retomen las visitas, puesto que cuando los familiares logran ingresar en la prisión, pueden relatar todas las cosas horribles que están sucediendo allí dentro. También es necesario que los Consejos de la Comunidad (órgano brasileño encargado de promover el acercamiento de la comunidad a las prisiones y viceversa), el Ministerio Público, la Defensoría Pública y las Comisiones de asuntos penitenciarios y de derechos humanos de la OAB puedan acceder a los centros penitenciarios para realizar inspecciones, con el fin de comunicar a las autoridades competentes los problemas que hay dentro, que no son pocos. La gente insiste en este punto porque la visita de los familiares, así como el ingreso de la sociedad civil a la prisión reducen la cantidad de agresiones físicas que sufren los reclusos por parte de las personas que deberían cuidar de ellos.

Ante esta situación, el Tribunal de Justicia permanece callado e inerte. Los fiscales y jueces son muy buenos para pedir condenas para los menores en conflicto con la ley, pero no tienen el valor de interpelar al Secretario de Seguridad Pública o al director de la administración penitenciaria para exigirles que respeten la Ley de Ejecución Penal. El poder judicial debería exigir y supervisar el cumplimiento de dicha ley. Se exige a los reclusos que cumplan con sus deberes, mientras se ignoran por completo sus derechos.

Tenemos un poder judicial que se preocupa mucho por imponer penas privativas de libertad a personas de los barrios periféricos o a personas negras. Nuestros fiscales y jueces no conocen la prisión, no saben a dónde están enviando a la gente. Deberían pasar un tiempo en prisión para saber qué están haciendo con los jóvenes que envían a ese lugar, un lugar de sufrimiento y dolor. Y la prisión no fue creada para eso.