Camboya: ONG exigen que cumpla su promesa de liberar a 10.000 presos

Amnistía Internacional y la Liga Camboyana para la Promoción y la Defensa de los Derechos Humanos (LICADHO) han reclamado este jueves al Gobierno de Camboya que cumpla su promesa de liberar a 10.000 presos para frenar la propagación de la pandemia de coronavirus en las hacinadas cárceles del país asiático.

El pasado mes de mayo, el Gobierno anunció una reforma de sistema judicial destinada a evitar la acumulación de casos pendientes y a reducir la congestión de las prisiones y, en este contexto, prometió liberar a hasta 10.000 reos para evitar que la COVID-19 se propagara por las cárceles.

“A pesar de lo anunciado, en julio solo se habían ventilado unos 3.500 casos –menos del 10 por ciento de los casos pendientes de los que las autoridades dijeron que se ocuparían en esta campaña de seis meses—, mientras que el Gobierno camboyano guarda silencio sobre si ha habido excarcelaciones”, han reprochado.

Además, han denunciado que, no solo no han percibido avances en ese sentido, sino que con la campaña antidroga desarrollada entre enero de 2017 y marzo de 2020, la población penitenciaria ha pasado de unas 21.900 a 38.990 personas cuando solo hay capacidad para 26.593 presos.

Un reciente informe de Amnistía Internacional, han recordado, “reveló violaciones sistemáticas de los Derechos Humanos en el marco de la campaña antidroga de Cambiya, incluidas violaciones del derecho a la salud y torturas.

El “dramático aumento” de la población penitenciaria a causa de la campaña antidroga “ha exacerbado las ya atroces condiciones de las cárceles para decenas de miles de presos, incluidas mujeres encarceladas con sus hijos y embarazadas”, han alertado.

Las ONG han explicado que en las cárceles camboyanas puede llegar a haber hasta 530 personas en una sola celda sin apenas acceso a agua potable, unas condiciones en las que la transmisión de la COVID-19 puede ser “devastadora”.

“Es el momento”¶

Por ello, han urgido al Gobierno a cumplir su promesa de liberar a esos 10.000 presos, incluidos los considerados de más riesgo ante el coronavirus, los condenados por delitos menores y las mujeres apresadas con sus hijos y los reos menores de 18 años.

“Numerosos países de todo el mundo han respondido a la pandemia de COVID-19 liberando a grandes cantidades de personas de las cárceles, especialmente a los acusados de delitos no violentos o de quienes tienen problemas médicos”, ha recordado el director de LICADHO, Naly Pilorge.

“Si el Gobierno camboyano está decidido a gestionar la crisis de hacinamiento y reducir el riesgo de transmisión (del virus) mediante la libertad condicional u otras medidas, es el momento de actuar”, ha instado.

En general, las ONG han pedido a las autoridades camboyanas que emprendan la anunciada reforma, incluyendo la liberación de los detenidos sin base legal suficiente y por razones políticas, y que revisen la ley antidroga para que cumpla los estándares internacionales de Derechos Humanos.

“Las inhumanas condiciones que los presos están obligados a soportar en Camboya son absolutamente indefendibles. Las autoridades deben avanzar en sus compromisos para abordar esta crisis sin más dilación”, ha reclamado el ‘número dos’ de Amnistía Internacional para Asia-Pacífico, Ming Yu Hah.