Cárceles chilenas no cumplen con tratados internacionales que protegen los derechos de personas con discapacidad

Estudio de la Universidad Central reveló las dificultades que tiene la población penitenciaria con algún tipo de discapacidad. Gendarmería reconoce falta de normativa y señala que ya trabaja en su elaboración.

“Hay una mujer de 35 años que está en uno de los penales femeninos de la Región Metropolitana. Lleva ocho de los diez años que tiene que cumplir por un robo con intimidación. Había estado anteriormente en otro penal cinco años, se ha pasado casi 15 años de su vida en la cárcel. Entre la primera y la segunda condena, estuvo dos años en libertad. Un día asistió un día a una discoteque con un grupo de amigas; ella decide irse antes y pidió un taxi. Al poco tiempo llega un tipo en un auto y le dice que es el taxi, por lo que ella sube. Ella iba a La Cisterna, pero el auto se desvía y toma la carretera. El tipo la increpa e insulta, por lo que ella, suponiendo que podía ser víctima de una agresión sexual, abre la puerta y se tira a la carretera, a la calle. El tipo escapó y ella queda tirada en el suelo. Producto de este accidente perdió la movilidad total del brazo derecho. El accidente fue aproximadamente hace unos nueve años. Después de eso siguió delinquiendo, muchas personas con alguna discapacidad no dejan de hacerlo. Después fue detenido e ingresó nuevamente a la cárcel. Decidió inventar que su discapacidad se debe a un balazo, por miedo a que la tilden de prostituta”.

Con este tipo de testimonios se encontró Paula Medina, académica e investigadora del Centro de Investigación Criminológica de la Facultad de Derecho y Humanidades de la Universidad Central, durante una investigación para determinar las condiciones de vida intrapenitenciaria de personas con discapacidad privadas de libertad, en seis penales de la Región Metropolitana.

El estudio, realizado durante 2018 de manera cualitativa, consideró 39 entrevistas semiestructuradas: 20 personas con discapacidad y 19 funcionarios de Gendarmería de Chile, de CDP de Puente Alto, CDP Santiago 1, CCP Colina 2, CCP Colina 1, CDP Santiago Sur y CPF Santiago, los cuales representan el 90% de la población penal a nivel de la Región Metropolitana y el 32% a nivel nacional.

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