Cárceles desbordadas en Argentina: de 4.800 presos, 1.007 duermen hoy en el piso (Mendoza)

Las históricamente superpobladas cárceles de Mendoza rompieron en mayo un triste récord: llegaron al 127% de ocupación, lo que significa que en donde debieran alojarse 100 presos, hay hoy casi 30 personas más. Es por eso que de los más de 4.800 reos alojados en los distintos penales, hoy 1.007 duermen en el suelo, llevando al límite el hacinamiento que tantos dolores de cabeza le trajo al Estado mendocino, incluso con cuestionamientos internacionales.

Para entender el crecimiento de esta superpoblación valga poner de ejemplo el caso de Almafuerte: se construyó en 2007 para albergar a 650 internos, pero se le fueron adosando colchones en los lugares más insospechados, y hoy pasan sus noches allí 1.578 condenados, casi el triple de lo previsto.

Una alternativa a este hacinamiento podría ser incrementar la aplicación del sistema de pulseras electrónicas utilizables para la prisión domiciliaria, que se puede dar para casos de delitos menores, sobre todo en la provincia, en donde el promedio de condenas aplicadas es de 3 años y 2 meses.

Además, apostar a este sistema le costaría al Estado un tercio de lo que hoy sale mantener a un preso en un penal.
Reflejado en cifras: actualmente el alojamiento de un recluso (que supone el costo de la comida, los servicios básicos en la cárcel y el pago del personal que lo custodia) le cuesta a la Provincia alrededor de $17.000 al mes, mientras que mantener el sistema de pulsera electrónica tiene un costo de $186 por día, lo que al mes suma $5.580.

Sin embargo, en Mendoza hay en estos momentos 500 pulseras (400 fueron aportadas por la Nación), que alcanzan para aplicarlas al 10% de la población carcelaria, que se divide entre 4.817 que están en los distintos penales y 480 que están monitoreados con esas pulseras. Así y todo, nuestro sistema penitenciario es, después del bonaerense, el que más pulseras usa en el país.

“Este nivel de hacinamiento es consecuencia de la alta tasa de encarcelamiento que hay en la provincia”.

Aquí se apresa a 267 personas por cada 100.000 habitantes , lo cual supera ampliamente la media nacional, que es de 180 personas por la misma cantidad de habitantes. Y esto en particular aumenta cuando entran en vigencia cambios en el sistema penal, como por ejemplo las reformas en la prisión preventiva. Desde junio del 2016, cuando se sancionó, hasta la fecha la población carcelaria aumentó en 785 internos, sin que haya crecido a la par la capacidad de los penales para alojar a esos internos. Este nivel de crecimiento no es sostenible y así es difícil que esos internos accedan a trabajar, estudiar o a los servicios básicos de salud“, analizó Sebastián Sarmiento, juez penal colegiado, quien estuvo al frente del sistema penitenciario durante el gobierno de Francisco Pérez.

A ese crecimiento habría que sumar el impacto de otros tantos cambios en la Justicia, como la creación de las fiscalías especializadas que se concretó en febrero pasado. “Cuando se destinan fiscales especializados a investigar determinadas causas, pasa que se activan algunos expedientes dormidos y muchos terminan en detenciones, como sucedió por ejemplo con las fiscalías de violencia de género”, contó una fuente penitenciaria con varios años en el sistema.

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