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Chile: Derecho a voto en las cárceles
En pocos días se llevará a cabo la elección de segunda vuelta presidencial y habrá un grupo de personas a las que -injustamente- se les negará su derecho a votar.
En épocas de fervor electoral se habla mucho de construir una sociedad más justa y con más derechos sobre todo para los sectores más vulnerables. Pero parece quedar un grupo en el olvido: las personas privadas de libertad, quienes hoy no pueden ejercer su derecho a voto. Tal como está establecido en la Constitución -en los artículos 13, 16 y 17- la privación de libertad no implica necesariamente la pérdida del derecho al sufragio. No pierden ese derecho las personas encarceladas preventivamente en tanto no tienen una sentencia condenatoria; ni aquellas que no han sido condenadas por un delito que merezca una pena aflictiva. Si bien esto se encuentra legalmente fuera de toda discusión, nunca ha sido respetado, incluso frente a las decisiones de la Corte Suprema que ordenan a Gendarmería y al Servicio Electoral tomar las medidas para permitir el derecho a sufragio de esta población que supera las 10 mil personas.
Votar es un ámbito más del derecho a acceder a la justicia. El derecho a sufragar es parte del derecho a rehacerse, a sentirse parte contribuyente de la sociedad, a reconfigurar la identidad delictual por una ciudadana.
Esta vulneración de derechos es solo una más de varias que las personas privadas de libertad sufren a diario. En un estudio que llevamos a cabo en el Centro Justicia y Sociedad de la Universidad Católica, con el patrocinio el Centro de Políticas Públicas de la misma universidad, abogamos por una nueva institucionalidad para el acceso a la justicia de quienes están privados de libertad. El estudio exploró los problemas justiciables de este grupo y las formas en que buscan información, asesoría y resolución frente a estos. Contrario a lo que se piensa, las personas privadas de libertad siguen padeciendo de los problemas que toda la población sufre: cuestiones relacionadas con pensiones alimenticias, deudas, dificultades para acceder a los beneficios del Estado, entre otros. En concreto, las cuestiones relacionadas con la pena parecen estar en segundo plano.