Chile: la realidad de las cárceles en pandemia y la falta de información pública

No hay datos públicos sobre el número de pacientes críticos, de aislados ni la cantidad de test que se han aplicado. En las cárceles hay una estrategia sanitaria insuficiente. La carencia de información actualizada, desagregada y exhaustiva en las unidades penales resulta dramática y se hace evidente que las autoridades están eludiendo las recomendaciones internacionales en materia de gestión carcelaria en el contexto de la expansión del coronavirus.

El 29 de marzo se detectó el primer caso de coronavirus en las cárceles chilenas. Desde entonces, múltiples voces han relevado la necesidad de adoptar medidas sanitarias estrictas y urgentes frente a la posibilidad de que los recintos penales se conviertan en focos de infección incontrolables. Esta posibilidad se ampara en diversos informes humanitarios y judiciales que han constatado –al menos desde 2010– los altos niveles de hacinamiento de las cárceles, sus precarias condiciones de higiene y salubridad como la falta de una infraestructura que garantice mínimas condiciones de habitabilidad. Este escenario se ha tornado aún más crítico con la llegada del coronavirus.

Las polémicas en torno a los datos que entrega públicamente el Ministerio de Salud y sus metodologías de conteo, nos llevaron a cuestionarnos qué está ocurriendo con la información sobre la propagación del COVID-19 en las cárceles. Como resultado, queremos exponer una serie de problemas vinculados al manejo y transparencia de los datos relativos a la penetración de la pandemia en las cárceles chilenas.

Tras sistematizar los datos sobre contagios carcelarios que publica Gendarmería de Chile en su página web, se hace evidente que la información que proporciona la institución es escasa y poco clara.

Desde el 7 de abril, Gendarmería publica datos agregados sobre contagios por coronavirus en las cárceles, pero no suministra información pública sobre el número de contagios por recinto, grupo etario, género o estatus procesal. Hasta el 3 de junio no se proveían datos sobre el número de recuperados. Coincidentemente, ese día se reportó la primera muerte por COVID-19 de un interno. Al 24 de junio se habían reportado 8 muertes producto de COVID-19, 6 correspondían a internos y 2 a funcionarios. Ese mismo día se reportaron 421 recuperados de un total de 729 personas privadas de libertad contagiadas (una tasa de recuperación equivalente a un 57,7% de los casos) y 393 recuperados de un total de 885 funcionarios contagiados (con una tasa de recuperación de un 44,4% de los casos).

Solo considerando a la población penal, existirían aún 308 casos activos de personas contagiadas con COVID-19 en las cárceles, pero no sabemos en qué recinto se encuentran. Tampoco sabemos dónde se hallan los casos recuperados y en qué recintos aún se presentan focos de contagio. A la fecha, no hay datos públicos sobre el número de pacientes críticos o el número de aislados, ni la cantidad de test que se han aplicado y se aplicarán en cada recinto penal, ni sus tiempos de diagnóstico.

Por lo anterior, optamos por desarrollar un ejercicio ilustrativo, utilizando la información pública disponible, para determinar qué podíamos concluir o al menos inferir, como ciudadanos interesados en acercarnos a la realidad penitenciaria, sobre la propagación del coronavirus en las cárceles. Los datos que exponemos a continuación pueden encontrarse representados aquí.