Colombia: el uso de la cárcel se salió de proporción

Si la idea era controlar la producción, transporte y uso de drogas a partir de la mano dura, se terminó criminalizando a los más vulnerables y marginados.

Las estrategias antinarcóticos aprovecharon la selectividad del derecho penal para convertir la política de drogas en una guerra contra los más débiles: contra aquellos que desempeñan tareas logísticas en el negocio del narcotráfico (como las personas que sirven de correos humanos o expendedores minoristas), que son fichas reemplazables y reciben baja remuneración. La pregunta que surge es: ¿por qué persistir en una política que causa el encarcelamiento masivo de personas, que afecta particularmente a quienes tienen experiencias de vida marcadas por la marginalidad educativa o laboral y que ha causado daños irreparables a mujeres, hombres y jóvenes?

La respuesta a esta pregunta no es fácil, pues el problema del narcotráfico no es menor y la sociedad ha experimentado el terror gracias a grupos criminales financiados y sus dineros ilegales. Sin embargo, los vaivenes de los discursos populistas llevaron al país por una peligrosa adicción punitiva que incrementó las penas de todos los delitos de drogas (tendencia que también se presentó para una gran cantidad de conductas) y equiparó a los peces grandes con los pequeños, como si la señora que vende pequeñas cantidades de droga para mantener a su familia estuviera en la misma posición que Pablo Escobar. La respuesta penal no funcionó para acabar de raíz con los carteles, pero la decisión insensata ha sido incrementar las penas. Hoy sabemos que apresar a la gente no sirvió para evitar que el negocio del microtráfico moviera alrededor de $6 billones: el triple del presupuesto anual de la Universidad Nacional. (Vea aquí más cifras sobre la política de drogas en las cárceles)

Las cifras de capturas y judicializaciones muestran este sesgo de la política de drogas. En el informe “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, de Dejusticia y el Colectivo de Estudios, Drogas y Derecho (CEDD), que se lanzó el pasado viernes 14 de julio, se documentó que en nombre de valores altruistas como la salud y el bienestar, en el país fueron capturada entre el 2005 y el 2014 nueve personas cada hora por conductas relacionadas con el porte o el tráfico, es decir, más de 727 mil personas, lo que equivale a un 29 % del total de capturas realizadas por la Policía. Mientras que los porcentajes por el lavado de activos o el concierto para delinquir, actividades típicas de una persona que tiene peso en el negocio de la droga, representaron apenas un 0,5 y 0,7 %, respectivamente.

Es más fácil capturar a quien porta la sustancia que a quienes cometen crímenes financieros, pues esto los acerca al dinero, que es más difícil de perseguir. De esta manera, no sorprende que el 95 % de las capturas que realizó la Policía entre el 2005 y el 2014 por delitos de drogas hayan sido en flagrancia contra personas que transportaban droga, es decir, sin una investigación judicial previa.

Se podrían desestimar estas cifras argumentando que no todas estas personas llegan a ser judicializadas, y eso podría ser cierto, pues la judicialización depende de jueces y fiscales, no de la Policía. No obstante, el sistema penal es bastante eficiente para procesar los casos de estupefacientes, lo cual se ve reflejado en la proporción de aumento de la población presa por drogas entre 2000 y 2015: la población penitenciaria aumentó 141 % y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó 289 %. Para el año 2015 había cerca de 24 mil personas en las cárceles del país por este delito, de las cuales sólo el 7 % estaban procesadas o condenadas por otras conductas, como el lavado de activos, concierto para delinquir o testaferrato

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