Colombia: El ‘estigma’ de las cárceles en zonas residenciales

Entender la importancia de actualizar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Cartagena permitiría resolver con más claridad las formas y usos del suelo en beneficio de la calidad de vida de sus habitantes. Uno de los casos que se podrían tratar a la luz del POT, por ejemplo, sería el traslado de la Cárcel Distrital de San Diego, a raíz de una acción judicial de la Corte Constitucional de 2009 que así se lo ordena al Distrito.

Después de varios intentos y búsquedas, la administración Distrital encontró un nuevo predio en la variante El Pozón-Policarpa, una edificación de tres pisos que estaba proyectada como un hotel y que ya cuenta con el aval de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para proyectarse como un centro de reclusión.

“El traslado de la cárcel de mujeres es bastante urgente. Para nadie es un secreto las condiciones infrahumanas en que se encuentran las reclusas en San Diego, esa sede se está cayendo a pedazos y la acción judicial de la Corte Constitucional obliga no solo al Distrito sino a otros municipios cercanos a Cartagena y al departamento de Bolívar porque recordemos que a la cárcel de San Diego no solo van las reclusas de Cartagena sino de Turbaco, Arjona, y otros municipios”, sostiene José Carlos Puello Rubio, secretario del Interior del Distrito.

Para el funcionario, no es un “capricho” del Distrito sino un tema más humano. “En Cartagena no vamos a encontrar un centro de reclusión construido, cualquier sitio que encontremos va a ser mejor que donde está la cárcel por las circunstancias en las que se encuentra la infraestructura en San Diego”, reitera.

Cabe recordar que el pasado 1 de febrero, residentes de los barrios en zonas aledañas al nuevo predio protestaron para rechazar esta decisión argumentado que tener este centro carcelario cerca se convierte en un “riesgo para su seguridad”.

Al respecto, Jair Vega, docente universitario y sociólogo, asegura que la presencia de una cárcel en un sector residencial podría generar circunstancias de violencia.

“En este tipo de acciones urbanas se requiere que haya un dialogo con la comunidad para que se puedan construir acuerdos y que no sea algo impuesto”.

“Es distinto por ejemplo que en el Centro Histórico haya una cárcel y a mí me ofrezcan la oportunidad de mudarme al lado y yo me mude sabiendo que la cárcel está ahí y asumo el riesgo. A que yo me vaya a vivir a un barrio que supuestamente es residencial y de un momento a otro cambien el uso del suelo e instalen una cárcel; eso obviamente va a chocar y por eso es que la gente debe tener claridad de lo que podría suceder viviendo junto a un lugar como este”.

EL PREDIO¶

Pero además del ‘malestar’ que genera a estas comunidades, la polémica gira en torno a la ubicación del predio y al uso del suelo en ese sector.

Para el secretario del Interior si bien es un terreno que, estratégicamente se encuentra en Cartagena, pertenece a Turbaco y de acuerdo a lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial de este municipio, “el uso del suelo principal es industrial pero es complementario con el mixto tipo 2, es decir, que se pueden hacer actividades en uso del suelo para el desarrollo de otras cuestiones”.

“En el POT de Turbaco, en el articulo 12, ítem 52, habla del uso del suelo mixto 2 que corresponde a residencial 3 e institucional 1 y en este institucional 1 habla de establecimientos públicos, privados, centros administrativos, policía, fuerza de seguridad, bomberos, entre otros. En temas de seguridad cabe perfectamente lo carcelario”, expone el secretario del Interior.

Sin embargo, otra cosa dice el director de control urbano de Turbaco, quien asegura que lo expresado por el secretario del Interior de Cartagena no es cierto.

“El hecho de ser un área mixta hace imposible el funcionamiento del establecimiento carcelario en el lugar, es una zona residencial, por lo tanto no puede trasladar la cárcel hasta este lugar, va en contra del POT”, dijo.

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