Costa Rica: burbujas separadas

Diana Sofía Posada Solís. Cuando empezó la emergencia a nivel mundial, y aquí en el país, el presidente y el ministro de Salud declararon estado de emergencia sanitaria. Yo personalmente, como viceministra de Gestión Estratégica, me reuní con la viceministra de Salud para elaborar una estrategia. El año pasado tuvimos una pequeña crisis de parotiditis en los centros penitenciarios y esa epidemia nos permitió encontrar muchos puntos de mejora para eventuales emergencias sanitarias dentro del sistema penitenciario.

Con la viceministra de Salud creamos una lista de criterios clave que teníamos que abordar. Era indispensable que nos preparáramos para que, cuando entrara el virus en el país, pudiéramos retardar el mayor tiempo posible su irrupción en el sistema penitenciario.

Para ello, generamos una mesa de situación, en la que se involucraron todos los niveles de toma de decisiones que tienen que ver con el sistema penitenciario. De esa mesa de situación surgieron los primeros lineamientos para hacer frente a la pandemia y los ejes transversales de atención de la emergencia. Evidentemente, se definieron las prioridades para garantizar la atención de las personas privadas de libertad y mantener el estado de emergencia dentro de los centros.
El primero de julio, cuando se presentó el primer caso de una persona privada de libertad, esa mesa de situación se convirtió en el Comando de Atención a la Emergencia (CAE). El CAE está conformado por la Dirección de Adaptación Social (qué es la dirección que lidera todos los centros penitenciarios), la Dirección de la Policía Penitenciaria, la Jefatura Nacional de Salud, la Coordinación Nacional de Enfermería y el Viceministerio de Gestión Estratégica. Desde marzo, ya la ministra me había delegado a mí para la gestión estratégica de la emergencia.

Desde el primero de julio hasta hoy, el órgano que atiende la emergencia se actualiza conforme la emergencia va evolucionando. El Comando tiene relación directa con las diferentes instituciones del estado costarricense que están de una u otra manera atendiendo la emergencia a nivel nacional.

Si bien varias personas de diversos ámbitos estamos trabajando en la gestión de la crisis, nuestras decisiones se toman siempre con base en el criterio médico; el criterio sanitario es primordial y debemos asegurarnos de tomar las medidas adecuadas para que la emergencia sanitaria no pase a mayores en el sistema penitenciario.

DSPS. Nosotras siempre hemos creído que el único derecho del que se priva a estas personas es del derecho a la libertad de tránsito ─y así lo es─. De ahí en adelante, como Estado tenemos que garantizarles todos los derechos por igual; evidentemente, tomando en consideración las condiciones reales de cada centro penitenciario. En este momento, en medio de la emergencia sanitaria, el principal derecho que tenemos que garantizar es el derecho a la salud. Por ello, todas las acciones están enfocadas en este derecho. Todos los centros tienen un consultorio médico, con al menos una persona profesional en medicina y una en enfermería. Establecimos algunas acciones importantes para que las personas privadas de libertad que tuvieran sintomatología asociada al COVID-19 se atendieran de manera prioritaria.

En los centros penitenciarios, fijamos un horario diferenciado: durante las mañanas, aquellas personas que tuvieran algún síntoma relacionado con la COVID-19 se atendían en el consultorio y recibían atención médica para chequear la sintomatología respiratoria; por las tardes, se atendía el resto de los pacientes, principalmente aquellos con alguna patología crónica.

Las salidas médicas urgentes o aquellas que debían asegurarse, según criterio médico, se siguieron realizando. Se mantuvo entonces la posibilidad de que todas las personas pudiesen salir a un centro de salud.
Otra acción que tomamos para resguardar la salud y evitar, o dilatar, el mayor tiempo posible el ingreso del virus, fue implementar el aislamiento preventivo. Toda aquella persona que salía del centro ─por ejemplo para una diligencia judicial─ o que entraba al centro (por primer ingreso, repatriado, o que venía de la celda del Organismo Investigación Judicial) tenía que guardar una cuarentena de 14 días de manera precautoria.
Por otra parte, también hemos tratado de garantizar el derecho a la educación. El sistema penitenciario tiene un porcentaje considerable de gente que se gradúa del colegio o que ha iniciado algunos procesos de educación universitaria.

Lo que hemos hecho es establecer un protocolo para asegurarnos de que se cumplan las medidas sanitarias durante las pruebas anuales o las pruebas escritas, por ejemplo. También hemos permitido que se mantengan las clases de manera virtual, siempre y cuando se respeten los protocolos sanitarios.

El derecho que hemos tenido que dilatar un poco es el derecho al deporte y a la recreación, cuando se trata de ejercicio o deporte de contacto. Sin embargo, hemos tratado de encontrar la manera de que los reclusos puedan regresar a jugar fútbol, que es una de las cosas que más les gusta.
Hemos ido dándole autorización a los centros penitenciarios que nos presentan un protocolo que garantice, por ejemplo, los desplazamientos en burbujas. La “burbuja social” o “burbuja penitenciaría” es como hemos denominado cada módulo de los centros penitenciarios. Entonces, si el partido de fútbol es entre la gente de una misma burbuja, es posible hacerlo, puesto que estas personas pasan todo el día juntas.

Lo que no estamos permitiendo es que se mezclen entre burbujas, porque es posible que haya personas contagiadas, que no presenten síntomas, y que podrían contagiar a gente de otro módulo.

Hemos ido poco a poco restableciendo el gozo de sus derechos. Por ejemplo, las personas privadas de libertad que trabajan, sobre todo aquellas que trabajan en medio abierto, como fincas y granjas del sistema, han podido continuar con su jornada laboral. Lo que hemos hecho es revisar muy detalladamente los protocolos para determinar si pueden seguir ejerciendo su derecho al trabajo, siempre teniendo en cuenta que el derecho prioritario en este momento es el de la salud.
Para paliar el problema de la falta de visitas, hemos instalado el material necesario en los centros penitenciarios y elaborado un protocolo de visitas virtuales. En el centro penitenciario Vilma Curling, qué es solo de mujeres, hace ya aproximadamente dos meses que se está llevando a cabo el proyecto de visitas virtuales; en el primer mes, cada una de las reclusas tuvo al menos dos visitas virtuales con sus familias. Esto implica, por supuesto, una logística en materia de custodia y de otras cosas que tiene que planificar cada centro.
La otra razón por la que instalamos estos equipos es para que se pudieran realizar audiencias virtuales. Las personas que no podían salir a su audiencia presencial, la hacían entonces a distancia.
Dentro de las capacidades del sistema penitenciario costarricense, hemos hecho lo posible para restablecer poco a poco el ejercicio de sus derechos humanos, sin dejar de lado el derecho a la salud, que, al fin de cuentas, es el que debemos garantizarnos, de manera prioritaria, unos a otros. Básicamente, sin salud casi que no podemos disfrutar de ningún otro derecho.

DSPS. Durante casi cinco meses logramos dilatar la entrada del virus al sistema penitenciario, gracias a la suspensión de la visita general y de la visita íntima, así como a la implementación del aislamiento preventivo. Sin embargo, era evidente que iba a llegar en algún momento. Al inicio de la pandemia, varios especialistas de la Organización Panamericana de la Salud advirtieron que esta situación “sería un caos en el sistema penitenciario” debido a los niveles de hacinamiento que tenemos en el país. Según sus pronósticos, durante los primeros tres meses de la pandemia, se registraría el número de casos que tenemos hoy, después de siete u ocho meses.

Casualmente, el primero de julio, el mismo día que se reportó el primer caso positivo de una persona privada de libertad en el sistema penitenciario, el ministro de Salud declaró la transmisión comunitaria a nivel nacional ─ antes de eso, los clusters estaban muy bien definidos y existía todavía la posibilidad de hacer la trazabilidad de todos los casos.

El primer caso que se identificó fue el de una persona que llegó de las celdas judiciales al sistema penitenciario, pero que ya era positiva, es decir, que se contagió en su comunidad. Esta persona permaneció en aislamiento preventivo por 14 días.
Lógicamente, mientras más se propagaba el virus por todo el país, más probabilidades había de que llegara al sistema penitenciario. Porque además nuestro personal no vive en los centros; la gran mayoría regresa a su casa todos los días, y otros, cada siete días. Ir al centro y luego regresar a su comunidad es una ventana de riesgo, que abre una posibilidad de contagio, que es lo que ha estado sucediendo ahora.

Los nexos epidemiológicos de los casos positivos se encuentran muy ligados todavía a los ingresos de las personas que provienen de las celdas judiciales. El caso para el que no logramos establecer el nexo, le llamamos indeterminado, pero eventualmente podría tratarse de un funcionario, que no tiene síntomas, que contagia a alguno de sus colegas, y este, a su vez, contagia a alguna persona privada de libertad. A partir de ahí empieza el brote.

Afortunadamente, no hemos tenido brotes simultáneos en todos los centros. Sin embargo, ha habido brotes relativamente importantes, de una media de entre 100 y 150 personas; hubo un centro en el que se registraron 294 casos positivos. El surgimiento de los brotes en prisión también tiene mucho que ver con el comportamiento de los brotes a nivel nacional. Por ejemplo, estas últimas dos semanas ha habido un incremento en el número de casos en un cantón específico del país donde tenemos dos centros penitenciarios y, justamente en este momento, se ha identificado un brote en uno de esos centros. Esos son los dos nexos epidemiológicos que hemos podido establecer.