El Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica es el encargado de la administración penitenciaria. Cada centro tiene su propia unidad dedicada a la atención médica general. El personal sanitario puede compartirse entre dos prisiones y normalmente incluye un médico generalista, un psiquiatra y varias enfermeras. La atención específica y los tratamientos más complejos o cirugías se derivan al hospital o clínica más cercanos.

En marzo de 2020, el personal administrativo y sanitario puso en marcha un proceso didáctico para formar a los reclusos sobre el virus y su prevención. En aquel momento, la tasa de ocupación de las prisiones era del 122%. En julio, la viceministra de Justicia y Paz afirmó que, ya que el hacinamiento en las prisiones impedía conservar la distancia física, la administración había invertido sus esfuerzos en concienciar a los internos y en mantener una buena higiene.

Un funcionario declaró que se autorizaba a los familiares a facilitar mascarillas de protección a los internos: “Hay más de 15 000 reclusos y los recursos de la administración penitenciaria son escasos. Por eso, autorizamos a los familiares a llevarles mascarillas de un solo uso o reutilizables. Nosotros intentamos por todos los medios facilitárselas a los que no recibieron ninguna[^reclu]“.

Cuando se registra un caso positivo de COVID-19 entre los reclusos, la primera medida es aislar a la persona afectada. Las autoridades penitenciarias tienen entonces que notificárselo al Ministerio de Salud para coordinar un plan sanitario. Se debe brindar atención médica a los reclusos contagiados y, en caso de que padezcan síntomas moderados o severos, deben trasladarse a una instalación sanitaria externa.

Las autoridades llevaron a cabo un mapeo para identificar los lugares que se podían transformar en áreas médicas y de cuarentena para los reclusos y funcionarios de prisiones; se incluyeron gimnasios y aulas. Las autoridades penitenciarias informaron que sus arquitectos habían estado trabajando para adaptar estos espacios con inodoros y lavabos. Todos los internos que hubieran abandonado los centros penitenciarios por más de 24 horas (por procedimientos judiciales o razones médicas), así como todos los recién llegados, debían permanecer en aislamiento preventivo. Además, los reclusos recién llegados tenían que seguir un protocolo: desinfección del calzado, lavado de manos, uso de gel hidroalcohólico y cambio de ropa.
El Ministerio de Justicia y Paz informó que se había contratado a más personal médico y que se había ampliado el horario de atención de la unidad sanitaria hasta las 10 de la noche. Asimismo, se estableció una nueva organización para acceder a las unidades sanitarias: los reclusos con síntomas de COVID-19 se atendían por la mañana, y las tardes se dedicaban a otras enfermedades, prioritariamente, las patologías crónicas. El personal sanitario de las prisiones empezó a trabajar también sábados y domingos para limitar los traslados desde las prisiones a los hospitales, ya que se observó que constituían un grave riesgo de contagio. Los traslados a hospitales se limitaron a casos que no se podían tratar dentro de las prisiones. Los casos de COVID-19 que necesitaban suministro de oxígeno, eran tratados en instalaciones sanitarias externas.

Con base en la experiencia de la epidemia de paperas de 2019, en esta ocasión, se decidió que los traslados por otras razones que no fueran médicas se reducirían al mínimo y se restringirían los movimientos dentro de los centros penitenciarios.

Para los traslados de un centro a otro, las autoridades pusieron en marcha un protocolo específico y establecieron un sistema de subgrupos (burbujas sociales o penitenciarias) para organizar los desplazamientos y evitar el contacto entre grupos. Los reclusos de cada subgrupo tenían que guardar una cuarentena de 14 días en el nuevo centro, en un espacio reservado al aislamiento de los recién llegados.

El primer caso de COVID-19 entre las personas privadas de libertad se registró en la prisión de Reforma, en Alajuela, el 1 de julio de 2020, y se trataba de un recluso que acababa de ingresar al establecimiento. Una vez se identificó el caso, se le puso en cuarentena en una celda individual durante 18 días. Los otros cuatro reclusos que compartían celda con él también tuvieron que permanecer en cuarentena, individual, durante 14 días. El Ministerio de Salud ordenó el aislamiento de los 300 reclusos internados en el mismo módulo en el que se encontraba el primer contagiado, así como la desinfección del módulo. El Ministerio de Justicia y Paz ordenó la suspensión de los traslados desde y hacia ese módulo, además del redoblamiento de las medidas preventivas y del control sanitario.
Dos días después, el 3 de julio, el Ministerio de Justicia y Paz confirmó cuatro nuevos casos: dos reclusos y dos miembros del personal. Los reclusos contagiados ya estaban aislados al momento de recibir su diagnóstico, ya que habían vuelto a la prisión tras asistir a sus procedimientos judiciales.
El 21 de julio, el número de contagios en el sistema penitenciario ascendió a los 30 casos: 15 reclusos y 15 miembros del personal. El Ministerio de Justicia y Paz ha estado informando del número de casos en su página de Facebook. A fecha del 13 de diciembre, 2168 reclusos y 616 miembros del personal habían contraído el virus y 13 internos habían fallecido por COVID-19.

En los centros en los que se instaló el material apropiado, se llevaron a cabo audiencias virtuales para todos los procedimientos judiciales.
Las decisiones sobre la revisión del cumplimiento de penas las toma el Instituto de Criminología caso por caso, analizando la situación del recluso y la parte de la sentencia que ya se ha ejecutado. Como primer paso, los internos se asignan a régimen abierto.
“Desde la aparición de los primeros casos, el procedimiento para las puestas en libertad se ha ido haciendo de manera más constante y responsable. El primer criterio es asegurarse de que la persona puede volver con su familia, tiene una oferta de trabajo o recursos suficientes. Poner en libertad a alguien en riesgo de contraer la enfermedad para que viva en la calle no tendría ningún sentido[^senti]“ (entrevista con una funcionaria).

Los grupos de voluntarios e instituciones externas siempre han sido esenciales para el desarrollo de deportes, así como de actividades culturales y espirituales. Sin embargo, durante la pandemia, las medidas de prevención limitaron la entrada de los actores externos. La administración penitenciaria pidió a los directores de las prisiones que presentaran un protocolo que permitiera a los reclusos hacer ejercicio y practicar deportes de contacto, siguiendo el sistema de las “burbujas sociales de la prisión”. Esto fue diseñado especialmente para permitir a los internos participar en partidos de fútbol.
Para garantizar el derecho a la educación de los reclusos, las clases se llevaron a cabo de forma virtual, los exámenes escritos se mantuvieron y se celebraron siguiendo un protocolo sanitario.

A partir de mediados de marzo, las visitas se suspendieron en todos los centros penitenciarios. En noviembre, el Comando de Atención a la Emergencia y el Ministerio de Salud habían empezado a estudiar la posibilidad de reanudarlas.
El acceso a las llamadas telefónicas ya era insuficiente antes de la pandemia. El Comando de Atención a la Emergencia estableció un protocolo para las visitas virtuales. Si bien se hicieron algunos esfuerzos para facilitar tabletas y teléfonos móviles y hacer posibles las videollamadas, no todas las prisiones contaban con el material apropiado. En la prisión para mujeres Vilma Curling, el proyecto de visitas virtuales permitió a las internas tener, como mínimo, dos visitas virtuales con sus familias en tres meses.
Se permitió a los reclusos recibir paquetes (bombas) con comida y otros productos autorizados. Los familiares debían hacer la cola frente a los centros penitenciarios, durante los horarios definidos, y entregarlos a los guardias, quienes los revisaban y se encargaban de su distribución.