Dura crítica del Defensor del Pueblo a la crueldad en las cárceles españolas

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy en el Congreso de los Diputados y en el Senado el Informe Anual 2019 que realiza la Institución en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes (MNP).

En 2019, el MNP ha inspeccionado 106 lugares de privación de libertad repartidos por 30 provincias de 15 comunidades autónomas y la ciudad autónoma de Melilla. 47 de estas visitas fueron de seguimiento para comprobar si la aceptación de las resoluciones emitidas por la Institución suponen o no un cambio real de los problemas detectados en anteriores inspecciones. En total, se han formulado 48 recomendaciones, 813 sugerencias y 28 recordatorios de deberes legales.

El pasado año 82 autoridades o funcionarios públicos de centros de privación de libertad fueron objeto de condenas penales o sanciones administrativas frente a 12.252 ciudadanos particulares condenados por delito de atentado contra la autoridad y por resistencia o desobediencia.

Centros para menores infractores¶

El MNP tiene registrados en toda España 71 centros para menores infractores. En 2019 se han realizado 10 visitas, todas menos una fueron a centros que se inspeccionaban por primera vez. En total, estas visitas han derivado en 290 conclusiones que han generado una recomendación, 139 sugerencias y 6 recordatorios de deberes legales.

Desde 2017 dos jóvenes han muerto (Melilla y Almería) tras ser sometidos a una sujeción mecánica en uno de estos centros. En 2019, la Institución ha seguido prestando especial atención al desarrollo de este tipo de prácticas durante las inspecciones realizadas y además, ha solicitado información a las comunidades autónomas sobre este asunto.

Ya en 2020 con la información recopilada, la experiencia acumulada en años de visitas a este tipo de lugares y tras inspeccionar de nuevo el centro “Tierras de Oria” de Almería donde se produjo el último fallecimiento, Fernández Marugán ha formulado una recomendación para abolir las sujeciones mecánicas en todos los centros de internamiento de menores infractores de todo el territorio nacional. En este sentido, ha pedido al Ministerio de Justicia que derogue el apartado del reglamento de responsabilidad penal de los menores en el que se regulan las sujeciones mecánicas para acabar con estas prácticas como medio de contención.

El Defensor se ha mostrado contundente con este tipo de prácticas que en su opinión son de una “crueldad innecesaria”. Así, ha concluido que “no puede volver a morir nadie en España en estas circunstancias”.

En los CIMI no se han realizado visitas específicas con perspectiva de género como sí se ha hecho en el ámbito penitenciario pero se han percibido determinadas situaciones que demuestran la necesidad de observar detenidamente las condiciones en las que las jóvenes cumplen las medidas privativas de libertad en estos establecimientos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la educación llama la atención que en algunos centros como “Los Alcores” (Sevilla) los menores están separados por niveles e incluso cuentan con un aula específica de salud mental y, en cambio, las menores están todas juntas, sin distinción de niveles o de necesidades especiales.

Centros penitenciarios¶

En 2019 se visitaron 16 centros penitenciarios (CP), de los cuáles uno fue el Centro de Inserción Social (CIS) “Mercedes Pinto” y otro el Centre Obert de Barcelona. También se visitó la unidad de custodia hospitalaria del Hospital “Punta de Europa” de Algeciras y el Pabellón Hospitalario Penitenciario de Terrassa.

En total se alcanzaron 409 conclusiones sintetizadas en 20 recomendaciones, 10 recordatorios de deberes legales y 158 sugerencias. El Defensor valora positivamente que varias de sus resoluciones hayan sido acogidas favorablemente por la Administración Penitenciaria plasmándolas en circulares, instrucciones u órdenes de servicio.

Las cuestiones que han centrado la actividad del MNP en el ámbito penitenciario han sido la supervisión del empleo de sujeciones mecánicas y el control y uso de otros medios coercitivos; el seguimiento del proceso de regulación del uso de los sistemas de videovigilancia y su mejora; el régimen disciplinario; la eficacia de las investigaciones de malos tratos, y la presunción de inocencia de los empleados públicos. Además, ha seguido interesándose por las reivindicaciones y problemas del personal penitenciario para desarrollar su labor. Fernández Marugán ha abogado ante la Administración por el diálogo para abordar y solucionar sus problemas. En su opinión, los funcionarios de prisiones prestan un servicio esencial.