Egipto: estremecedor aumento de las ejecuciones revela profunda crisis de derechos humanos

Este horrible atentado contra el derecho a la vida afectó a al menos 15 personas condenadas a muerte tras juicios manifiestamente injustos, empañados por “confesiones” forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos como tortura y desaparición forzada, en relación con casos de violencia política.

Es probable que esta escandalosa tasa de muertes sea inferior a la real, ya que las autoridades egipcias no publican datos estadísticos sobre ejecuciones ni sobre personas en espera de ejecución, y tampoco comunican la ejecución con antelación a familiares y abogados. Medios de comunicación afines al gobierno informaron sobre 91 ejecuciones desde octubre, citando fuentes oficiales anónimas.

“Las autoridades egipcias están inmersas en un terrible frenesí de ejecuciones desde hace varios meses, llevando a la muerte a decenas de personas, en algunos casos tras juicios colectivos manifiestamente injustos”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación e Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Estas ejecuciones son aún más terribles si se tienen en cuenta las infracciones sistemáticas (y bien documentadas) del derecho a un juicio justo en Egipto, donde los tribunales suelen basar sus decisiones en “confesiones” empañadas por el uso de tortura. Las autoridades egipcias no sólo están pisoteando el derecho a la vida con el flagrante desprecio de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, sino que además están castigando a los valientes defensores y defensoras de los derechos humanos de la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales que documentan y denuncian estos abusos.”

Además, las autoridades egipcias han actuado enérgicamente contra las organizaciones de derechos humanos que trabajan sobre la pena de muerte. Del 15 al 19 de noviembre detuvieron a miembros del personal de Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales y los interrogaron sobre el trabajo de su organización relacionado con la justicia penal, incluida su publicación de noviembre sobre el alarmante aumento de las ejecuciones.

El aluvión de ejecuciones vino tras los hechos ocurridos en la Prisión núm. 1 de Máxima Seguridad de Tora, conocida como “El escorpión” (Al Aqrab) el 23 de septiembre, en los que perdieron la vida cuatro condenados a muerte y cuatro miembros de las fuerzas de seguridad. Fuentes oficiales culparon de la violencia a un supuesto intento de fuga de presos. Sin embargo, no se han investigado los hechos de forma independiente y transparente.

Amnistía Internacional ha hablado con abogados y familiares de personas ejecutadas o en espera de ejecución y ha examinado la documentación judicial pertinente, así como informes de ONG egipcias, artículos de prensa y publicaciones en Facebook de familiares de víctimas de asesinato y personas detenidas y ejecutadas.

Las autoridades egipcias ejecutaron en octubre a 15 hombres condenados por asesinato en casos relacionados con la violencia política. En octubre y noviembre, además, ejecutaron a 4 mujeres y 38 hombres condenados por asesinato en causas penales ordinarias, así como a 2 hombres condenados por violación.

El 3 de octubre, las autoridades ejecutaron a dos hombres condenados en un juicio colectivo sobre el caso de “los sucesos de la Biblioteca de Alejandría” por su participación en la violencia política desatada cuando las autoridades disolvieron con medios letales la acampada de Rabaa en agosto de 2013.

El 4 de octubre fueron ejecutados 10 hombres tras ser declarados culpables y condenados a muerte en el caso conocido como “Agnad Masr”, sobre unos ataques violentos a funcionarios y bienes públicos. Los acusados denunciaron ante la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado que habían sufrido desaparición forzada y tortura, pero no se investigaron estas denuncias. Uno de los hombres ejecutados, Gamal Zaki, aparecía en una “confesión” grabada en vídeo que publicaron diversos medios de comunicación antes de la conclusión del juicio, lo que socavó gravemente su derecho a un juicio justo, que incluye la presunción de inocencia y el derecho a no incriminarse.

Otros tres hombres ejecutados el 4 de octubre habían sido declarados culpables en otro caso relacionado con la violencia política desatada cuando las autoridades disolvieron la acampada de Rabaa. El caso del “asalto a la comisaría de policía de Kerdasa” implicó la muerte de 13 policías. En diciembre de 2014, la sala de terrorismo del Tribunal Penal de Giza declaró culpables a 184 personas, de las cuales 183 fueron condenadas a muerte (34 in absentia) y la restante (que era menor) a 10 años de prisión. Dos personas más fueron absueltas, y otras dos habían muerto bajo custodia en el momento de dictarse sentencia. En un nuevo juicio, la sala de terrorismo del Tribunal Penal de El Cairo condenó a muerte a 20 personas, de las que 17 están en espera de ejecución.

Nueve organizacions egipcias de derechos humanos denunciaron la sentencia, poniendo de relieve violaciones manifiestas del derecho a un juicio justo, como privar a las personas acusadas de acceso a representación letrada durante su detención, someterlas a interrogatorio en ausencia de abogados y obligarlas a “confesar”.

Amnistía Internacional ya había documentado motivos de preocupación relacionados con el incumplimiento de las normas internacionales sobre juicios justos, especialmente en estos juicios colectivos, y con el hecho de que no se demostrara la responsabilidad penal individual. La tortura está muy extendida en Egipto y se usa con frecuencia para obtener “confesiones”, mientras que los tribunales habitualmente no ordenan investigaciones sobre las denuncias de tortura y admiten como prueba “confesiones” empañadas por el uso de tortura.

Además de los 57 casos confirmados por Amnistía Internacional, medios de comunicación afines al gobierno han informado sobre las ejecuciones de 31 hombres y 3 mujeres en octubre y noviembre. Amnistía Internacional no pudo confirmar estos informes de manera independiente, en parte debido a la reticencia de los familiares a contactar con organizaciones de derechos humanos por miedo a sufrir represalias.

Dada la falta de transparencia de las autoridades egipcias, se desconoce el número actual de personas en peligro de ejecución. Entre las personas condenadas a muerte tras haber agotado todas las vías posibles de apelación está el monje Wael Tawadros, o padre Isaiah, declarado culpable del homicidio del obispo Anba Epiphanius en abril de 2019. Wael Tawadros fue condenado a muerte tras un juicio manifiestamente injusto, donde el tribunal se basó en “confesiones” empañadas por el uso de tortura para declararlo culpable. Además no se respetó su derecho a una defensa adecuada.

Según su familia, Wael Tawadros fue detenido y recluido en un lugar desconocido del 2 al 28 de agosto de 2018; el Ministerio del Interior se negó a reconocer la detención y a revelar su paradero a la familia y lo privó de acceso a su abogado, sometiéndolo en la práctica a desaparición forzada.

Según el vídeo de una declaración de Wael Tawadros al tribunal que ha examinado Amnistía Internacional, los agentes de policía le quitaron toda la ropa, lo llevaron al monasterio y le ordenaron ponerse su hábito de monje. A continuación lo sometieron a golpes y descargas eléctricas y le ordenaron que reprodujera el presunto asesinato ante la cámara. Según el testimonio de Wael Tawadros, cuando el juez ordenó que lo llevaran al hospital para un reconocimiento médico, el agente encargado ordenó al profesional médico que escribiera que el hombre estaba bien.

Como aparente medida de represalia por el incidente de seguridad en la prisión de “El escorpión” el 23 de septiembre, las autoridades redujeron la ración de comida a la población reclusa, incluidas las personas condenadas a muerte, y cortaron el suministro eléctrico de sus celdas, según información de fuentes bien informadas sobre las condiciones de reclusión en esa prisión. Guardias penitenciarios golpearon a 10 reclusos con mangueras, porras y palos y confiscaron enseres personales, incluida ropa de cama. Tras este episodio hubo numerosos traslados a celdas de aislamiento o a otro centro tristemente célebre, la Prisión núm. 2 de Máxima Seguridad de Tora.

La familia de Wael Tawadros contó a Amnistía Internacional que la administración penitenciaria de Abaadiya también lo sometía a trato discriminatorio y punitivo, impidiéndole el intercambio de correspondencia con su familia y privándolo de acceso periódico a un sacerdote, en contravención de la legislación egipcia y de las normas internacionales. En cambio sí se respetaban estos derechos en el caso de otras personas recluidas en la misma prisión.

“Pedimos a las autoridades egipcias que conmuten todas las condenas de muerte, anulen los fallos condenatorios y ordenen celebrar nuevos juicios —sin posibilidad de aplicar la pena de muerte— contra Wael Tawadros y todas las demás personas condenadas tras juicios injustos. Asimismo solicitamos a la comunidad internacional, incluidos los organismos de derechos humanos de la ONU, que haga un llamamiento público a las autoridades egipcias para que suspendan de inmediato las ejecuciones, y a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para que establezcan un mecanismo encargado de vigilar y presentar informes sobre la situación de los derechos humanos en Egipto”, ha dicho Philip Luther.