España: el 'motín' de los funcionarios de prisiones

El último gran motín en las cárceles españolas no lo protagonizan los reclusos, sino quienes deben vigilarlos. Más de 3.000 funcionarios de prisiones de toda España se han unido en los últimos meses para alzar la voz y denunciar la situación de recortes económicos y agresiones que vienen padeciendo y de la que responsabilizan al Gobierno. Sobre todo a quien ha sido el máximo responsable de la política penitenciaria en las dos últimas legislaturas, el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, del que piden la dimisión.

Unidos Funcionarios de Prisiones es el nombre de la plataforma que, al margen de sindicatos y partidos políticos, amenaza con quebrar la paz en los penales españoles, después de años en los que las condiciones en las que desarrollan su trabajo se han deteriorado hasta extremos difícilmente imaginables antes de la crisis, según denuncian.

Basta mencionar un dato: cada día los funcionarios de prisiones españoles sufren una media de dos agresiones por parte de los reclusos, una cifra que ha encendido todas las alarmas y que desde el colectivo vinculan directamente al abandono que sufren y que se traduce, fundamentalmente, en escasez de medios humanos.

En algunas cárceles, un único funcionario tiene que supervisar a un máximo de 70 internos que comparten un mismo módulo. Y a ello hay que añadir una circunstancia más, el envejecimiento de la plantilla de Instituciones Penitenciarias, en la que más del 66% supera los 45 años y la mitad está por encima de los 50 años.

Necesidad de medios¶

El hecho de que durante años no haya habido oposiciones al cuerpo de funcionarios de prisiones ha tenido como consecuencia que las RPT (relaciones de puestos de trabajo) estén casi todas por cubrir, muy especialmente en lo que se refiere a puestos de nueva creación como coordinadores de módulos de respeto o los destinados a los grupos de control y seguimiento interior.

La ratio de funcionarios, dice la plataforma, está muy por debajo de los 2,19 que admite la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con la que EL MUNDO se puso ayer en contacto para conocer su versión, sin resultado.

Sólo en los nueve primeros meses del año pasado se registraron en las cárceles españolas alrededor de 200 agresiones a funcionarios, lo que supone un incremento del 29%, indican los miembros de la plataforma.

El aumento de estas agresiones se debe, en su opinión, a la falta de medios personales, pero también a la ausencia de formación ante un fenómeno que va a más: el creciente número de enfermos psiquiátricos que están recluidos en las prisiones españolas.

Ni hay formación ni hay protocolos para actuar en estas circunstancias y esto, dicen los representantes de estos 3.000 funcionarios, supone un grave peligro no sólo para ellos, sino también para los propios presos.

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