España: humanizar las cárceles

La multitudinaria manifestación de ayer y los aún tímidos cambios con acercamientos y nuevos protocolos para presos enfermos muestran la necesidad de una política penitenciaria más humanitaria.

UN año más, decenas de miles de personas llenaron ayer las calles de Bilbao -y, en distinta medida pero con idéntico objetivo, las de Baiona- para reclamar una política penitenciaria diferente, más humanitaria, acorde con el nuevo tiempo tras la desaparición de ETA y que ponga fin al castigo añadido que suponen las medidas adoptadas contra los presos del EPPK y que afectan de manera directa a sus familiares.

El acercamiento de los reclusos a cárceles cercanas a Euskadi, la liberación de los presos con enfermedades graves y de los mayores de 75 años y, en definitiva, la humanización de la situación de las personas que se encuentran recluidas a cientos de kilómetros de su entorno familiar y social es una demanda mayoritaria de la sociedad vasca y que concita el consenso de las fuerzas políticas y sociales.

No en vano, la manifestación de ayer bajo el lema Orain presoak fue secundada por la totalidad de los sindicatos vascos, lo que, además del carácter multitudinario de la marcha, es indicativo tanto de la adhesión mayoritaria de la ciudadanía al espíritu de la movilización como de la necesidad y urgencia de abordar su solución.

En el último año transcurrido desde la también masiva manifestación que tuvo lugar en 2018, tres han sido los hitos que han hecho vislumbrar un cambio en la situación y que, en buena lógica, debieran tener su reflejo en una nueva política al respecto.
Las iniciativas puestas en marcha por el Gobierno francés para un acercamiento selectivo de presos de ETA -no del todo completadas-, el acceso al Gobierno español de Pedro Sánchez y su anuncio de cambios en la política penitenciaria -concretados en tímidos acercamientos, acogidos con recelo o indignación por parte de las víctimas- y el estallido del caso del exministro del PP Eduardo Zaplana, aquejado de una enfermedad incurable y para el que quienes siempre se han opuesto a la excarcelación de presos enfermos piden ahora su libertad, han agitado el debate sobre esta cuestión. De hecho, el Gobierno ha implantado un nuevo protocolo con nuevos parámetros sobre excarcelación o prisión atenuada.

Todo ello no hace sino abundar en la necesidad de asumir el imperativo ético de la aplicación de una política penitenciaria acorde con los derechos humanos y la legalidad vigente y también de que los presos den pasos adelante, asuman la injusticia del dolor causado y muestren empatía hacia las víctimas.

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