Las personas privadas de libertad deben responder a un cuestionario en el marco del “Plan Nacional sobre Drogas”. Esta encuesta, efectuada cada cinco años, permite obtener información relativa a la salud mental de las personas reclusas. En 2016, casi un 30 % de ellas declararon que alguna vez en su vida se les había diagnosticado un trastorno mental.
La Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud considera los trastornos psicóticos y bipolares como trastornos mentales graves (TMG). Aproximadamente un 3 % de la población carcelaria sufre de un TMG.
Las personas privadas de libertad que padecen un trastorno mental suelen internarse en régimen de reclusión ordinario sin beneficiar de algún tipo de acompañamiento psicológico. En algunas prisiones, estas personas se alojan en módulos de régimen cerrado o en departamentos especiales de régimen cerrado, en los que se restringe el contacto con los guardias y con los demás reclusos, y se les ofrecen muy pocas actividades. Por su parte, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) recomendó a las autoridades tomar las medidas necesarias para garantizar que los reclusos con trastornos mentales se trasladen a un centro médico adecuado.
Por lo general, las personas privadas de libertad que padecen un trastorno mental y que participan en el “Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios” (PAIEM) se internan en unidades separadas. En ocasiones, se les aloja en la enfermería, como es el caso de la prisión de Mas d’Enric, en Cataluña. El PAIEM, que tiene por objeto favorecer la reinserción social, cuenta con un equipo multidisciplinar, y ofrece diferentes actividades y terapias, así como cursos de autocontrol y de autonomía personal. El CPT señaló que a pesar de los esfuerzos positivos, “la vía terapéutica que se ofrecía a los internos alojados en los módulos del PAIEM seguía siendo insuficiente. En particular, no recibían la asistencia de un psiquiatra y los psicólogos no realizaban un trabajo clínico. Además, algunos internos se quejaron de episodios de intimidación por parte de compañeros reclusos”.
En la prisión de Wad Ras, las mujeres privadas de libertad que sufren de trastornos mentales se alojan en una “unidad polivalente”, compuesta de cuatro celdas individuales y de una sala compartida para las comidas. El CPT constató la falta de apoyo adecuado y de actividades ocupacionales en esta unidad y afirmó que no es un entorno apropiado para recibir a este tipo de pacientes.
Las personas privadas de libertad con problemas de adicción a las drogas pueden internarse en las “Unidades Terapéuticas y Educativas” (UTE). Más de la mitad de los centros penitenciarios cuentan con estos módulos libres de droga, que, en 2016, recibieron a más de 2900 personas.
La legislación prevé internar en hospitales psiquiátricos penitenciarios a las personas sujetas a medidas de seguridad. Sin embargo, debido a la falta de plazas en estas instalaciones, algunos ingresan a los centros penitenciarios, en los que se alojan en la enfermería o en el módulo PAIEM.
Acceso a la atención sanitaria¶
Durante las 24 horas siguientes a la admisión, se lleva a cabo un reconocimiento médico para detectar, entre otras cosas, la presencia de trastornos mentales. El CPT constató que, en los centros catalanes, los exámenes médicos tienen lugar en presencia de un guardia. Por lo tanto, recomendó que esto solo sea posible cuando el profesional sanitario lo solicite expresamente.
Además, informó que las solicitudes de consulta se atendían con un retraso considerable .
Tratamiento¶
Los psicólogos realizan consultas puntuales en prisión, pero, en realidad, ningún seguimiento regular es posible. En general, los tratamientos que se ofrecen son farmacológicos.
Las personas sujetas a medidas de seguridad no se benefician de una atención específica; el CPT informó que los psiquiatras solo visitaban a sus pacientes de vez en cuando, y señaló que las personas con trastornos mentales internadas en los módulos de régimen cerrado no reciben un tratamiento adecuado.
En principio, las personas drogodependientes recluidas en las “Unidades Terapéuticas y Educativas” (UTE) tienen acceso a varios talleres y a terapias de grupo. El CPT informó que en las prisiones de Puerto III y Sevilla II, “el personal multidisciplinar de la UTE (médico, psicólogo, educador, trabajador social) no estaba permanentemente adscrito a los módulos y los internos se quejaban de que tenían dificultades para acceder a ellos. Además, los talleres que se ofrecían y las actividades (un pequeño gimnasio) no parecían suscitar el interés de los internos y estaban pobremente equipados”.
Equipo médico¶
En España (salvo en Cataluña), la responsabilidad de la asistencia sanitaria en prisión se comparte entre la administración penitenciaria, que se encarga de la atención primaria, y el Sistema Nacional de Salud, que asegura la prestación de los servicios de atención especializada (psiquiatras y otros profesionales de la salud mental, odontólogos, etc.). En 2015, aproximadamente 600 médicos generalistas, 30 psiquiatras y 300 psicólogos brindaron atención a tiempo completo a las personas privadas de libertad.
Cada centro penitenciario tiene la obligación de contratar a un médico generalista con conocimientos en psiquiatría. El CPT ha observado que las visitas de los psiquiatras son insuficientes.
Ningún psiquiatra estuvo presente en la prisión de Texeiro entre 2011 y 2016. No obstante, cerca de un 6 % de las personas privadas de libertad recibían un tratamiento antipsicótico.
Un psiquiatra visita cuatro horas por semana la prisión de León, en la que un 25 % de las personas privadas de libertad sufre de un trastorno de la personalidad comprobado. El CPT señaló que, en 2016, “no había ningún psicólogo clínico prestando asistencia a los internos en ninguno de los centros visitados”.
La ley prevé la presencia permanente de médicos generalistas y de psicólogos en el equipo encargado del PAIEM; psiquiatras, personal especializado en salud mental y otros profesionales intervienen periódicamente. La colaboración de las ONG también resulta esencial para la ejecución del programa, ya que juegan un papel importante en el proceso de reinserción. El CPT señaló la falta de profesionales de la salud adscritos al PAIEM. Los PAIEM que no cuentan con un equipo permanente, reciben las visitas de los profesionales semanalmente.
Secreto médico¶
Las solicitudes de consulta, verbales o escritas, se presentan por lo general a los guardias, quienes se encargan de tramitarlas. La prescripción de medicamentos es competencia de los psiquiatras. El Defensor del Pueblo constató “un problema derivado de la radical retirada de ciertos fármacos psicótropos en el CP de Córdoba, para evitar un uso inapropiado”. También informó que “en el centro penitenciario de Madrid se detectó una alta tasa de prescripción de psicofármacos”.
Medidas de emergencia¶
Las personas en estado de crisis psicótica pueden trasladarse a un hospital psiquiátrico, y en caso de que exista un riesgo de autolesión, podrán permanecer en régimen de aislamiento a la espera del traslado.
La sujeción mecánica con fines médicos debe utilizarse únicamente como último recurso en caso de crisis psicótica. De manera general, se recurre a esta medida para evitar incidentes de violencia autoinfligida y cuando una persona se encuentra en un fuerte estado de agitación. En estos casos, los pacientes pueden permanecer muchas horas inmovilizados hasta que su estado se estabilice. El uso de esta medida coercitiva varía en función de cada establecimiento.
En el sistema penitenciario de Cataluña se llevaron a cabo 126 sujeciones mecánicas con fines médicos durante los primeros nueve meses del año 2018.
La aplicación de estas medidas tiene lugar en una celda específica de la enfermería, y los médicos y enfermeros visitan al paciente en horas regulares. Las prisiones de Sevilla II y Puerto III no llevan un registro sobre el uso de las medidas coercitivas.
La sujeción mecánica y el régimen de aislamiento se aplican muchas veces como sanciones disciplinarias contra las personas privadas de libertad en estado de crisis psicótica. El CPT informó que una mujer alojada en la “unidad polivalente” de Wad-Ras permaneció en régimen de aislamiento tras un incidente de autolesión. A otra mujer la amenazaron con la sujeción mecánica por un caso similar. Las reclusas de la prisión de Brians 1 denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes penitenciarios. Algunas denuncias similares se registraron en el centro penitenciario de Ponent. Al parecer, estas violencias tuvieron lugar à raíz de tentativas de suicidio o de actos de autolesión.
El CPT informó que un recluso de Puerto III que padecía un trastorno mental leve, fue objeto de una fuerte golpiza por parte de los guardias, tras un incidente de violencia autoinfligida. Algunos funcionarios de prisiones lo sacaron de su celda y le propinaron varios golpes de porra en el cuerpo antes de inmovilizarlo boca abajo durante ocho horas. El médico que lo examinó posteriormente se negó a realizar un informe sobre sus lesiones.
Los tratamientos involuntarios solo pueden aplicarse si existe un peligro inminente para la vida del paciente. Las medidas urgentes, en las que se procede primero al internamiento, deben notificarse al juez en un plazo de 24 horas para que emita la debida autorización judicial.
Formación del personal¶
La formación de los guardias varía en función de cada comunidad autónoma. El CPT constató que los agentes de la “unidad polivalente” de Wad-Ras no tenían ninguna capacitación en salud mental.
Continuidad del tratamiento¶
Las personas privadas de libertad que participan en el PAIEM pueden beneficiar del programa “Puente Extendido” a su salida de prisión, un programa de intervención psicosocial encaminado a facilitar la reinserción en la comunidad. Las Unidades Puente se ubican en los centros de reinserción social, que cuentan con equipos de profesionales multidisciplinares que aseguran la continuidad de la atención.
