España: la realidad de las cárceles en la pandemia, cuando los datos esconden la verdad

Durante la celebración del último seminario sobre prevención de la pandemia en los centros penitenciarios, organizado por la OMS, la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martínez-Aznar, ha alabado las medidas que se han tomado desde España contra el virus, que explicarían su poco alcance en las cárceles de nuestro país. A raíz de estas declaraciones, el sindicato ACAIP ha desmentido por medio de un comunicado la situación de idoneidad mostrada por la subdirectora.

Este martes se celebraba el seminario Prevención y Control de la COVID-19 en prisiones: ¿Qué hemos aprendido?, organizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Un entorno en el que la máxima institución en materia de salud a nivel mundial ha expuesto ante más de 30 países y de forma telemática una serie de directrices para prevenir el COVID-19 en centros penitenciarios y en el que se expusieron las conclusiones de lo observado en las cárceles estos meses. Cabe mencionar que, a lo largo de la asamblea, únicamente estuvo presente la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP) como representante de los sindicatos europeos.

En lo que concierne a nuestro país, de acuerdo con la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, Carmen Martínez-Aznar, las medidas de prevención que se han tomado en las cárceles españolas han facilitado un número de contagios y muertes por la pandemia muy inferior a la media de la población general. Los datos oficiales aportados este miércoles por Prisiones parecen avalar la línea de argumentación de Martínez-Aznar.

Esta fuente cifra en cuatro las defunciones de funcionarios penitenciarios por COVID-19 y apunta a un número total de contagios que no superaría en ningún caso las 300 personas. Además, el 85% de centros penitenciarios no habrían registrado ningún caso. En cuanto al 15% restante, 8 de cada 10 casos se habrían dado en cárceles de la Comunidad de Madrid.

La clave habría sido, según la subdirectora, la celeridad con que se adoptaron precauciones una vez se detectó el primer caso en España. A partir de este momento, supuestamente se procedió, entre otras disposiciones, a tomar medidas como la restricción del personal no penitenciario, la suspensión de salidas y permisos programados o la de traslados que no fueran indispensables. Una consecuencia colateral a estas decisiones habría sido la reducción del ingreso de droga en los centros. Todo esto en consonancia con una de las conclusiones vertebrales de la reunión, es decir, que no es necesario esperar a que las cosas sucedan para reaccionar.

Sin embargo, algunas voces se han alzado para criticar el hecho de que la situación que dibujaba Martínez-Aznar poco tiene que ver con la realidad y que el precepto anteriormente mencionado no se ha cumplido en ningún escenario. Es el caso del sindicato ACAIP, que en un comunicado ha manifestado su disconformidad con el discurso de la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, “lo único que se salvó fue la referencia a la profesionalidad de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias durante la pandemia”. Según han confesado fuentes del sindicato a este medio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias “ha actuado tarde y mal y siempre bajo petición sindical”.

En palabras de Alberto Téllez, secretario de salud laboral de ACAIP, hasta el momento de la finalización del estado de alarma, la actitud de dicha secretaría era de “falta de iniciativa ante el problema”. En este sentido, ACAIP denuncia que, durante la pandemia, se han reabierto centros de forma imprudente, incumpliéndose de este modo la normativa con relación a comunicaciones, visitas, llegadas de paquetes o aforo máximo. Asimismo, denuncian falta de equipo de protección para los trabajadores de las cárceles. La conferencia ha concluido que los internos deben tener el mismo estándar de atención sanitaria que el resto de la población. Sin embargo, si tienen que tener los mismos parámetros, no parece tener mucho sentido que los internos no lleven mascarillas. “Nadie se preocupa por los internos en espacios comunes de las prisiones”, lamenta Téllez.

Desde la organización, nos informan de cómo el descontrol se ha apoderado de los centros penitenciarios desde su reapertura y denuncian la preocupación de funcionarios e internos, quienes temen poder contagiarse por los nuevos reclusos que ingresan en los centros, dicen, sin respetar la cuarentena y las medidas mínimas de prevención.

Otro problema llega con el reparto de responsabilidades. Actualmente, no hay un procedimiento transversal a todos los centros penitenciarios. Por el contrario, las decisiones quedan en manos de cada prisión. Por tanto, desde ACAIP exigen la uniformización de medidas para todo el territorio. En cualquier caso, si la situación no mejora y las instituciones siguen ignorando sus reivindicaciones (materializadas en infinidad de documentos y propuestas), desde el sindicato no descartan recurrir a la vía judicial, un camino que, según el criterio de Téllez, “se activa por desgracia cuando ocurre algún resultado lesivo”.