España: un 67%, a favor de la prisión permanente revisable, incluida la mayoría de votantes de Podemos

Una mayoría de españoles está a favor del mantenimiento de la prisión permanente revisable. También los votantes de los partidos que abogan por su derogación (PSOE y Podemos) defienden que la mayor pena privativa de libertad continúe en el Código Penal español.

Hasta un 66,2% de votantes del Partido Socialista, frente a un 18,9%, está a favor de mantenerla y un 14,9% prefiere no pronunciarse sobre este asunto. Entre los votantes de Unidos Podemos, un 43,8% está a favor de su mantenimiento, más que quienes quieren abolirla (35,6%) y un 20,6% no opinan.

Son los datos que arroja la última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL y que explicarían el cambio de rumbo del Gobierno de Sánchez respecto a este asunto. Mientras Sánchez accedió al poder prometiendo la derogación de la medida, -aprobada en el Congreso de los Diputados con los votos del Partido Popular como parte de la Ley de Seguridad Ciudadana-, el posicionamiento de los miembros de su Gobierno sobre este asunto cada vez es más tímido.

España con la prisión permanente

El clamor de los españoles, sin embargo, va por otro rumbo. Una amplia mayoría (67,1%) está a favor de la prisión permanente revisable frente al 19,3% que está en contra y el 13,6% no se pronuncia.

Entre ellos, según la encuesta de SocioMétrica, quienes están más a favor de mantenerla son los votantes de Ciudadanos (87,4%) seguidos de los del Partido Popular (85,2%) y los de Vox (83,3%).

Entre quienes votan a estos partidos, los porcentajes de quienes están en contra son muy bajos. Un 7,8% en Cs, 10,2% en el PP y 15,9% en Vox.

Ciudadanos no ha convertido el asunto en una de sus banderas. De hecho, su posicionamiento al respecto no está claro todavía. Partido Popular y Vox, sin embargo, han hecho una ferviente defensa de la prisión permanente. Incluso cuentan con los padres de las víctimas de los asesinatos más crueles de los últimos años para reclamar su mantenimiento: el de Mari Luz Cortés en el caso del PP y el de Marta del Castillo, con Vox.

Laura Luelmo y Gabriel Cruz

Los recientes asesinatos de la profesora interina Laura Luelmo en El Campillo (Huelva) presuntamente a manos de su vecino Bernardo Montoya y el año pasado del niño Gabriel Cruz, al que habría matado la pareja de su padre, Ana Julia Quezada, han reavivado la polémica alrededor de las penas de prisión en nuestro país.

En muchos rincones de España, los ciudadanos han salido a la calle a reclamar su mantenimiento e incluso su endurecimiento después de los últimos sucesos. Incluso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Javier Vieira, se ha mostrado a favor de su mantenimiento en casos como el de Laura Luelmo, en el que su presunto asesino es reincidente.

La prisión permantente revisable introducida por el Partido Popular es una privación de libertad que se puede alargar de forma indefinida, siendo revisada por primera vez a los 25 años del cumplimiento de prisión, cuando se decide si el condenado continúa preso o queda en libertad. En la mayoría de países de la Unión Europea esa revisión llega mucho antes: en Suecia a los 10 años, en Inglaterra a los 12, en Alemania a los 15 y en Armenia, Bulgaria, Grecia, Hungría, República Checa o Rumanía a los 20. Por lo que nuestro país es el más restrictivo.

La medida más dura del Código Penal se aplica sólo en casos concretos: cuando la víctima sea menor de 16 años y especialmente vulnerable; cuando sea subsiguiente a un delito contra la libertad sexual; en los asesinatos múltiples; en los cometidos por miembros de una organización criminal; el asesinato o violación del Rey, ascendientes, descendientes, su consorte o jefes de Estado y personas protegidas por Tratados internacionales; los delitos de genocidio y de lesa humanidad; la obstrucción para la recuperación del cadáver; el asesinato después del secuestro; las violaciones en serie o a menores tras secuestrarles o torturarles y las muertes provocadas en incendios, estragos causados en infraestructuras críticas y liberación de energía nuclear o elementos radiactivos.

En España tan sólo 5 personas, David Oubar, Sergio Díaz-Gutiérrez, Daniel Montaño, Marcos Mirán y Patrick Nogueira cumplen condena con la pena de la prisión permanente revisable.

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