España: décadas sin respuesta a miles de denuncias de desaparición forzada, apropiación y/o sustitución de identidad de niños y niñas

• La falta de respuesta por parte del Estado a quienes llevan décadas buscando los llamados “bebés robados” acrecienta un sufrimiento psicológico que alcanza el umbral de la tortura y otros malos tratos, según reconocen organismos internacionales.
• El Parlamento tiene una oportunidad histórica de aprobar una Ley sobre bebés robados que permita la búsqueda e identificación de niños y niñas, y garantice verdad, justicia y reparación.

Durante más de 50 años, desde finales de la Guerra Civil hasta los 90, miles de personas pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades. Se vulneró, también, el derecho a la protección de la vida familiar, el derecho a la identidad, a la nacionalidad, al nombre, y a las relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Son los conocidos como “bebés robados”. La respuesta por parte del Estado ha ido desde la autoría o complicidad en los primeros años, hasta la actual atención desinteresada, inadecuada e insuficiente a los miles de procesos de búsqueda iniciados por personas que no conocen su identidad ni la de su familia biológica; o por madres y padres, hermanos o hermanas, que desconocen la suerte y paradero de sus hijos o hijas, o familiares.

Las sustracciones ilegales denunciadas se habrían producido primero en cárceles, y luego en hospitales, maternidades, casas cuna, centros de beneficencia, en algunos casos directamente gestionados por congregaciones religiosas, que carecían de una adecuada supervisión por parte del Estado.

Amnistía Internacional ha constatado cómo bebés llegaron a ser entregados a familias de México o Chile, siendo registrados como hijos e hijas biológicos. La ideología de género franquista que puso el foco en el control de las mujeres, su sexualidad y su maternidad, impuso la creación de leyes, algunas vigentes hasta finales de los 90, que permitieron amparar la sustracción ilegal de bebés. Estas son algunas de las principales conclusiones del informe, ‘Tiempo de verdad y de justicia’. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de “bebés robados”, presentado hoy por Amnistía Internacional.

“Durante la investigación, hemos documentado casos en los que hay indicios de que se den los tres elementos que establece el derecho internacional para considerar que podemos hablar de desaparición forzada: primero, la sustracción del bebé; segundo, con la participación, o con la tolerancia o aquiescencia del Estado; y, tercero, la negativa por parte de las autoridades para revelar la suerte o el paradero de la persona desaparecida”, explica Daniel Canales, investigador del informe.

“Lo que busco es un bebé muerto, como no lo encuentro, lo busco vivo”, son palabras de Marga Calvo que busca a su hijo nacido en julio de 1975.

Siempre que hay sospecha de que puede darse un caso de desaparición forzada, el Estado tiene la obligación absoluta de investigar estos delitos, que no prescriben hasta que se esclarezca la suerte y paradero de las personas desaparecidas, y se les garantiza la posibilidad real y legal de restablecer su verdadera identidad.

Sin embargo, Amnistía Internacional ha podido constatar que los procesos de búsqueda continúan encontrando obstáculos, y resultan ser en su mayoría, infructuosos. Aunque en los últimos años se han puesto en marcha algunos recursos para abordar este tema, como el Servicio de Afectados del Ministerio de Justicia, no cuenta con los medios suficientes, no hacen acompañamiento a las víctimas, apenas siguen los casos, y no proporcionan apoyo psicológico, ni orientación jurídica.

“Pese a los esfuerzos realizados, la mayoría de las investigaciones emprendidas por la Fiscalía fueron cerradas sin haber podido proporcionar certeza ni avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas.

Desde 2011 hasta enero de 2021, se emprendieron 2.138 diligencias, de éstas solo una, que se inició en Barcelona en febrero de 2020, permanece todavía abierta. Del total de estas diligencias, 526 llegaron a ser judicializadas. Sin embargo, múltiples juzgados aplicaron la prescripción de los hechos, negando con ello el carácter continuo de la desaparición forzada y cerrando los casos sin una mínima actividad de investigación para esclarecer los hechos“, señaló Daniel Canales.

El peso de los procesos de búsqueda sigue recayendo en las propias familias y en las personas en búsqueda de su identidad, que se encuentran con que ni el Estado, ni la Iglesia (que archiva documentos relacionados con adopciones anteriores a la Ley de Adopción de 1987) les facilitan el acceso a información relevante que podría contribuir al esclarecimiento de los hechos. Durante la investigación, Amnistía Internacional ha identificado algunos elementos comunes en estos casos.

Es recurrente encontrar que las mujeres que denuncian la sustracción de sus hijos/as eran de origen humilde, madres jóvenes, e incluso madres solteras, en un contexto en el que se negaba a la mujer capacidad de decisión sobre su vida, su maternidad y sus hijos.

Las denuncias por estos hechos alegan circunstancias que se repiten con frecuencia: se informaba de la muerte del bebé, que en muchos casos no se podía ver, y/o de cuyo entierro se encargaba el hospital. En los procesos de búsqueda se une la falta de información, o la documentación errónea o falsa, y un acompañamiento inexistente o escaso por parte de las autoridades a quienes emprenden la búsqueda.

A lo largo de la investigación, hemos podido constatar una ideología de género franquista que explica y da contexto a los hechos denunciados como sustracciones ilegales de bebés. Comienza en la posguerra, con una represión que incide de forma particular en la mujer represaliada, y continúa durante el franquismo, a través del control sobre la mujer, cuya única función es ser madre, y a la que se priva de autonomía y capacidad de decisión, también respecto de su propia maternidad.

“Más allá de esta ideología franquista, desde el fin de la Guerra Civil se aprobaron leyes, muchas de ellas vigentes hasta finales de los 90, que sometían y limitaban los derechos de las mujeres, regulaban el registro de los y las menores, y permitieron que la adopción fuera un negocio entre particulares hasta 1987.

También hasta 1963 se publicaron numerosos informes médicos que pretendían demostrar que la mortalidad infantil era mayor cuando la madre era pobre, trabajadora, o madre soltera. Un entramado legal e ideológico en el que pudieron ampararse estas violaciones de derechos humanos“, relató Daniel Canales.

La desconfianza hacia las madres, el discurso de que quienes no superan la muerte de su bebé pueden terminar locas, se ha prolongado en el tiempo, y sigue teniendo especial impacto en las mujeres que todavía hoy buscan a sus hijos e hijas: no se las cree, se las considera locas, e incluso se les achaca haberse arrepentido de haber entregado a sus bebés en adopción.

A Ruth Puertas, presuntamente le sustrajeron su bebé en 1993, se trata del último caso documentado por la organización. A lo largo de años de búsqueda solo ha encontrado falta de información, falta de respuestas, y un cuestionamiento constante a su testimonio. “Yo quiero verdad, quiero que se sepa que no estamos locas”, contaba Ruth a Amnistía Internacional.

Para Amnistía Internacional, no se trata de una violación de derechos humanos del pasado, sus efectos no han cesado y persisten hoy. Si algo ha podido constatar Amnistía Internacional a lo largo de esta investigación es el profundo dolor que soportan las familias y personas inmersas en estos procesos de búsqueda, incrementado por la falta de respuestas y la impunidad.

Este sufrimiento moral y psicológico puede llegar a alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos, tal y como han señalado mecanismos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas.

El Estado español debe adoptar medidas con un enfoque global para dar respuesta a estos procesos de búsqueda en su totalidad, y proporcionar de forma proactiva acompañamiento a las víctimas. Esto requiere que todas las autoridades implicadas garanticen mecanismos adecuados de acceso a la información, rendición de cuentas, así como apoyo jurídico y psicológico.

“En estos momentos estamos ante una oportunidad histórica para impulsar el esclarecimiento efectivo de estas violaciones de derechos humanos. Esperamos que el Parlamento apruebe una Ley sobre bebés robados destinada a la búsqueda e identificación de niños y niñas; que el Ejecutivo garantice una asistencia integral, tanto jurídica como psicosocial para las víctimas y se reconozca públicamente el impacto que este tipo de violencia ha tenido específicamente contra las mujeres; y que desde tribunales y fiscalía se impulsen investigaciones exhaustivas e independientes para esclarecer los hechos”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.