Estados Unidos: el miedo al coronavirus en las cárceles provoca huelgas de hambre, protestas y motines

El sistema penitenciario de Estados Unidos tiene a poco más de dos millones de presos, repartidos entre cárceles locales, estatales y federales. Ante el aumento de los casos de infección y las muertes, exigen más protecciones.

WASHINGTON.— El temor al contagio con el coronavirus siembra el pánico en las prisiones federales, que registran un creciente número de casos de infección y muertes. Decenas de reos han hecho en días recientes huelgas de hambre, motines y protestas para exigir más protecciones o el confinamiento domiciliar.

Algunas cárceles locales y estatales han comenzado a poner en libertad a presos no violentos para aliviar el hacinamiento y el riesgo de contagio, pero las prisiones federales han ido a marcha lenta.

El fiscal general, William Barr, dijo este viernes que el Buró federal de Prisiones (BOP, por su sigla en inglés) afronta una situación de emergencia, y prevé trasladar a más reos a confinamiento domiciliar.

Según el BOP, que depende del Departamento de Justicia, 318 prisioneros y 162 empleados de cárceles federales han dado positivo en las pruebas de coronavirus.

Hasta la fecha, nueve reos han fallecido por complicaciones del COVID-19, el más reciente ocurrió la noche del jueves en Oakdale, en Louisiana, donde murieron otros cinco en semanas anteriores.

Las cárceles de Oakdale, Danbury y Elkton se han convertido en máxima prioridad del Departamento de Justicia por ser focos de contagio. En total, 39 cárceles federales y ocho centros de rehabilitación residencial han confirmado casos.

La población penitenciaria de Estados Unidos suma poco más de 2,1 millones de presos, repartidos entre cárceles locales, estatales y federales. Todas han reportado casos de coronavirus.

Sin embargo, pese a las presiones políticas, el BOP sólo ha transferido a 886 presos a confinamiento domiciliar, y la lentitud del proceso ha abonado las tensiones en las cárceles.

Peter Wagner, abogado y director ejecutivo de la Iniciativa sobre Políticas Carcelarias dijo en un blog que el gobierno federal sí puede dejar en libertad “incluso a miles de prisioneros” sin poner en riesgo la seguridad pública, y hay 14 “ejemplos históricos” que lo lograron en varios estados en más de medio siglo.

Según Wagner, las autoridades federales mantienen una postura tan obsoleta como incorrecta de que salvar la vida de los reos no vale el costo a la seguridad pública: la puesta en libertad masiva de prisioneros, dentro y fuera de Estados Unidos, no ha provocado un aumento en la criminalidad.

“Si los lugares donde se puso en libertad a la gente se convirtieran en hervideros de crímenes, ya nos habríamos enterado, pero no ha sido así. En muchos casos, sucedió lo contrario, y hay estudios académicos que lo demuestran”, enfatizó Wagner.

“Tienen que cerrar este sitio”

En grabaciones y cartas obtenidas este viernes por Noticias Telemundo, varios presos en el Centro Correccional North Lake, en Michigan, denuncian las condiciones en la prisión, y algunos cumplían cinco días en huelga de hambre.

En una grabación, un reo identificado como Kenneth Thomas, describió condiciones de hacinamiento en pequeñas celdas, insalubridad y escasa atención médica.

“Acá hay un caos, es una locura. Este sitio es increíble para la humanidad… tienen que cerrar este sitio, no nos están dando de comer, y el carcelero no sabe lo que está haciendo”, dijo Thomas.

Según Thomas, el carcelero (warden en inglés) está violando las normas del Buró de Prisiones y de GEO Group, la empresa privada bajo contrato del gobierno federal para el manejo de la cárcel.

“No nos están dando lo que necesitamos, y no hay manera de que uno tenga que vivir así”, afirmó.

Thomas se quejó de que les sirven poca comida, a veces “sólo arroz y frijoles”, y que no recibe el debido cuidado médico para sus dolores de espalda, pero especula que es por “toda la atención que hay sobre el coronavirus”.

Varios reos han escrito cartas en tinta azul y letra de molde para atraer escrutinio a la prisión, donde presuntamente no tienen acceso al economato para comprar productos de higiene personal.

Algunos citan la Constitución o la Declaración de Derechos Humanos para reclamar sus derechos legales. Un residente legal denunció lo que consideró como un trato “racista” contra los inmigrantes.

“Nos discriminan no sólo al encerrarnos más tiempo sino al someternos a un ambiente de maltrato y menos seguro. Es algo injusto, racista, una injusticia total contra la humanidad”, dijo.

La esposa de uno de los huelguistas, que sólo dio su primer nombre, Beth, dijo que el personal en North Lake usa mascarillas para protegerse, pero los reos no las tienen “porque les dijeron que no había suficientes”.

Aunque no ha habido casos de coronavirus en esa prisión, el grupo No Detention Centers in Michigan dijo que ha habido numerosos casos en otras prisiones en todo el estado, y al menos dos reos han fallecido.

La situación de precariedad se repite en otras cárceles locales y estatales.

En la cárcel del Condado Cook, en Chicago (Illinois), donde 276 reos y 172 empleados se han contagiado de coronavirus -el mayor número de casos fuera de un hospital-, los reos han hecho rótulos a mano pidiendo ayuda y los han colgado en las pequeñas ventanas de sus celdas.

Mientras, en Kansas, las autoridades lograron controlar este viernes a decenas de reos que desde la noche del jueves se habían amotinado el centro penitenciario de Lansing, que tiene una veintena de casos entre presos y empleados.

En Washington, en la costa Oeste del país, los guardias de seguridad usaron gas pimienta y balas de goma el miércoles pasado para dispersar una protesta de más de un centenar de reos en el Complejo Correccional de Monroe.

Los reos iniciaron la protesta al descubrir que ya había al menos seis casos de coronavirus en la prisión, que aloja a 450. Cuando se negaron a abandonar la zona de recreo, los guardias respondieron con pistolas antimotines que emiten balas de goma.

El jueves, los reos presentaron una moción ante el Tribunal Supremo estatal para lograr la puesta en libertad de presos de mayor edad, los que estén enfermos y los que estén cerca de completar su sentencia.

En Carolina del Norte, un reo identificado como Richard R. Cephas, se fugó de una cárcel de mediana seguridad en Butner, en horas de la madrugada hace ocho días. Esa prisión tiene 76 casos de coronavirus entre reos y empleados, pero no ha tenido ningún fallecimiento.

Según el BOP, Cephas purgaba sentencia por delitos de droga y no se le considera “violento”.

¿Salud o seguridad?

Las protestas y disturbios han dejado al descubierto el dilema de las autoridades sobre cómo equilibrar la salud de los presos y el personal y la seguridad pública.

La presidenta de la Junta del Condado Cook, en Illinois, Toni Preckwinkle, reconoció que las cárceles en todo el país, por naturaleza, son “cajas de Petri” del coronavirus.

Pese a las medidas anunciadas por BOP en las últimas semanas, “es muy difícil mantener el distanciamiento social en una cárcel”, señaló ante la prensa. Soltar a los presos de forma indiscriminada podría representar un peligro para la comunidad, pero en el encierro corren riesgo de contagio junto al resto del personal.

En su memorándum del viernes, Barr instó a los fiscales en todo el país a que –al decidir sobre la detención preventiva de quienes aguardan juicio– evalúen el crimen del acusado, su riesgo de fuga y la seguridad pública, y el riesgo del detenido a contraer el virus.

Una ley federal conocida como el “Acta de Reforma de Fianzas” (Bail Reform Act) estipula que un acusado debe permanecer en prisión a la espera de su juicio si existe riesgo de fuga o de seguridad pública.

“Simplemente no podemos aceptar cualquier cosa que ponga en riesgo al público. El COVID-19 supone verdaderos riesgos, pero también lo es el permitir que pandilleros o abusadores de niños anden libres… proteger al público de criminales es nuestra principal obligación”, afirmó Barr.