Estados Unidos: los ayuntamientos gastan lo mismo en Policía y cárceles que en sanidad y hospitales

Tras la muerte de George Floyd, el movimiento ‘Desfinanciar la Policía’ ha abierto el debate sobre cómo afrontar la criminalidad y apuesta por retirar fondos policiales para destinar a la lucha contra las desigualdades. Ayuntamientos como el de Nueva York gastan más en Policía que en la suma de salud, servicios para los ‘sin techo’, vivienda, juventud, desarrollo comunitario y políticas de empleo.

Los ayuntamientos de Estados Unidos gastan el doble en policía y en cárceles que en ayudas a las familias y lo mismo en policía que en sanidad. Según los datos del Urban Institute, una organización con sede en Washington, de media en todo el país, el 8% del presupuesto de los consistorios locales se destina al cuerpo policial y las prisiones, mientras que al concepto de bienestar público (que incluye ayudas a familias y la cobertura de ciertas prestaciones, sobre todo sanitarias) se destina un 4%. A la sanidad (servicios y programas locales de salud) se va un 10% del gasto. En las ciudades más pobladas, el gasto policial supera con frecuencia el 25%. Nueva York, por ejemplo, destina más a la Policía que a la suma de salud, servicios para las personas sin hogar, políticas de vivienda, juventud y desarrollo comunitario y políticas de empleo.

Tras la muerte de George Floyd en Mineápolis el pasado 25 de mayo, el movimiento Defund the Police (Desfinanciar la policía) ha abierto un debate sobre la Policía. Bajo ese lema se reclama cambiar el enfoque sobre las políticas de seguridad, que no todo sea inflar el músculo del Cuerpo dotándolo de más y más efectivos, armas y otros recursos materiales. El movimiento pide frenar el incremento incesante de fondos públicos destinados a la Policía y usar ese dinero para dotar mejor las políticas y los servicios sociales: educación, sanidad, movilidad, medioambiente, juventud, políticas sobre la desigualdad social, etcétera. Un enfoque más holístico, argumenta el movimiento, reducirá más la violencia y la criminalidad y fomentará una sociedad menos desigual, más equilibrada y con menos tensiones sociales.

Nueva York ha sido de las primeras grandes ciudades que ha anunciado que se moverá en esa dirección. El alcalde Bill de Blasio declaró el pasado domingo que recortaría fondos de la policía en el próximo presupuesto para destinarlos a políticas sociales. El presupuesto de la policía en Nueva York es de 6.000 millones de dólares anuales (5.279 millones de euros), en torno al 8% del presupuesto total, según un informe de la organización neoyorkina Center For Popular Democracy. Aunque la ciudad está en la media del país en ese concepto, destina más a gasto policial que a la suma de las partidas para salud, servicios para las personas sin hogar, políticas de vivienda, juventud y desarrollo comunitario y políticas de empleo. El movimiento Defund the Police reclama empezar a dotar mejor dichas políticas sociales en detrimento del gasto policial.

Es lo que le reclamaron a De Blasio el pasado 30 de abril, los portavoces y representantes de más de 110 asociaciones y colectivos de Nueva York a través de una carta. “En 2019”, alertan en la misiva, “la ciudad destinó 6.000 millones de dólares a la Policía frente a los 1.900 para salud, 2.100 para servicios a las personas sin hogar, 1.400 para vivienda, 907,3 para juventud y desarrollo comunitario y 73,8 millones para políticas de empleo”.

Tras el anuncio de De Blasio, el gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, ambos del Partido Demócrata, fue tajante: “Estos 30 o 40 años de tácticas policiales y políticas de justicia criminal no han funcionado”. Junto a Nueva York, ayuntamientos de grandes ciudades como la capital, Washington, Los Ángeles, Houston y la propia Mineápolis han anunciado que transcurrirán por esa senda.

Y, con todo, las cifras de gasto policial de Nueva York son la excepción en cuanto a las ciudades grandes en Estados Unidos. Un informe de 2017 del Center For Popular Democracy sobre una decena de estas ciudades alerta de que todas destinan a gasto policial y cárceles más del 25% de sus presupuestos. Hay algunas que se dirigen ya incluso al 40% (la propia Mineápolis, la ciudad de George Floyd, un 35,8%, o Chicago, el 38,6%), mientras que el récord del país lo ostenta Oakland, en California, cuyo ayuntamiento destina el 41,2% a Policía y cárceles.

En cuanto al gasto per cápita con ese fin, las tres ciudades del estudio que más destinan son: Baltimore, 772 dólares por habitante; Orlando, 599, y Oakland, 594 dólares. En España, todo el sistema nacional de salud (público, universal y gratuito) se financia a una media de 1.840 dólares por persona. Por comparar el gasto policial con otra ciudad de envergadura, el Ayuntamiento de Madrid tiene un presupuesto total para 2020 de 4.686 millones y destina a la policía casi 377 millones de euros, el 8% del presupuesto. Sin embargo, sólo a movilidad y medioambiente, Madrid destina 1.400 millones de euros; en las partidas de distritos municipales, obras y equipamientos, casi 1.100 millones, y a ambulancias, bomberos y protección civil, unos 210 millones.

Pero es que, además, toda esa ingente cantidad de recursos destinados en Estados Unidos a las fuerzas de seguridad municipales no ha tenido un correlato en la reducción la criminalidad y otros indicadores relacionados con la violencia urbana. Por un lado, durante la última década se ha mantenido estable la elevada cifra de unas 1.100 personas que la policía mata cada año (en Alemania, por ejemplo, es una media de diez personas) mientras que, según los datos del FBI de 2018, se realizan 10,3 millones de detenciones cada doce meses. Y aunque es cierto que en 2005 esa cifra fue de 14,1 millones, el FBI calculó cifró la ratio de detenciones de 2018 en 3.152 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es diez veces menos (318 en la UE; 361 en España).

Las muertes por arma de fuego en las ciudades se están incrementando desde la crisis de 2008, como consecuencia, en parte, del aumento de la desigualdad. La capital, Washington, registró el año pasado 163 asesinatos, la cifra más alta en diez años. Ese balance convirtió a la ciudad en la más violenta del país de las con más de 700.000 habitantes.

Baltimore, con unos 600.000 habitantes, tuvo el récord de todo Estados Unidos: 348 asesinatos en 2019, la segunda cifra más alta de su historia y un dato que la equipara con los países más violentos del planeta que no están en situación de guerra: Honduras y El Salvador. En lo que llevamos de año la ciudad lleva 134, seis más que en el mismo momento de 2019. Se ve que los criminales desoído el llamamiento de su alcalde, Jack Young, cuando el pasado 18 de marzo, al inicio de la epidemia de covid-19 en Estados Unidos, rogó a sus conciudadanos que dejaran de matarse a fin de que los hospitales estuvieran más desahogados para la emergencia sanitaria que se les venía encima.

A pesar de todo, los movimientos iniciados por los consistorios locales para abrir el debate, en muchos casos, o, en otros, empezar ya retirar fondos a la policía para destinarlos a políticas sociales y lucha contra las desigualdades, se han iniciado con profundas resistencias en ciertos sectores, especialmente, en el Partido Republicano. Esta semana, el presidente Donald Trump zanjó en un tuit: “Este año ha sido el más bajo en cuanto a crímenes desde que hay registros en Estados Unidos y ahora los demócratas radicales de izquierda quieren desfinanciar y abandonar a nuestra Policía. Lo siento”, concluyó, “yo quiero ¡LEY Y ORDEN!”, según la consigna que viene cacareando desde el discurso a la Nación del lunes 1 de junio, por la muerte de George Floyd y ante la extensión de las protestas a lo largo y ancho del país.

Frente a esto, el lunes pasado los demócratas presentaron un proyecto de ley en el Senado, aunque más centrado en la reforma de las prácticas y formación policiales. Los republicanos respondieron el martes con una resolución en contra que sí contenía cláusulas explícitas vetando la desfinanciación de los cuerpos policiales. En Nueva York, un portavoz del sindicato de Policía, Mike O’Meara, clamó el martes contra la imagen que, según él, se está trasladando de este cuerpo a la sociedad americana: “Ni yo ni mis compañeros somos Derek Chauvin. Paren de tratarnos como animales y matones y empiecen a tratarnos con algún respeto”, señaló O’Meara. “Nuestros políticos nos han abandonado. La prensa nos vilipendia. Nadie habla de todos los agentes que fueron asesinados la semana pasada en Estados Unidos”.

Jennifer Epps-Addison, codirectora del Center for Popular Democracy, prefiere centrar el debate en estos términos: “Floyd ha sido uno de los varios negros asesinados debido a la supremacía blanca y la generalizada antinegritud que impregna todos los aspectos de nuestra sociedad”.

“Los levantamientos ciudadanos son una reacción legítima y necesaria a una policía militarizada y agresiva, y al sistema de justicia penal”, prosigue Epps-Addison en un comunicado. “La única manera”, añade, “de conseguir una verdadera liberación es transformar nuestros sistemas desfinanciando la Policía e invirtiendo en soluciones dirigidas por la comunidad y exigiendo a los políticos que tomen medidas legislativas concretas a todos los niveles, desde los ayuntamientos hasta el Congreso”.

“En los últimos 30 años, tanto a nivel nacional como local, los gobiernos han aumentado drásticamente sus gastos en criminalización, Policía y encarcelamiento masivo, al tiempo que recortan drásticamente las inversiones en infraestructura básica y frenan la inversión en programas de redes de seguridad social”, afirma, y concluye: “Hacer nuestras comunidades más seguras significa proporcionar un salario digno, aumentar el acceso a los servicios y tratamientos de salud completos, oportunidades educativas y viviendas estables, y aumentar las inversiones en la Policía o las prisiones”.