Estados Unidos: El envejecimiento de las personas privadas de libertad en el estado de Nueva York ha generado una crisis en las prisiones que tenemos que solucionar

Durante las últimas décadas, el número de personas de edad avanzada en las prisiones de Nueva York ha aumentado de manera significativa, lo que no ha sido un hecho accidental ni repentino.Impulsada en gran medida por el racismo y el alarmismo, la política de mano dura contra el crimen, conocida como “Tough on Crime”, aplicada durante los años 80 y los 90 en Estados Unidos, se tradujo en penas de prisión más largas, tanto en Nueva York como en el resto del país, así como en menores o incluso nulas posibilidades de liberación, hechos que condujeron a que los gastos relacionados con las fuerzas policiales y el encarcelamiento aumentaran en varios miles de millones de dólares. En la actualidad, el porcentaje de personas de más de 55 años en las prisiones del estado se eleva a un 15 %, lo que representa aproximadamente 4900 personas. Si deseamos que nuestros centros penitenciarios dejen de ser residencias geriátricas, los líderes del estado tienen que realizar cambios relevantes en las políticas, específicamente concebidos para resolver esta crisis.

Las largas penas de prisión y las escasas oportunidades de liberación conllevan un coste extremadamente alto cuando se trata de personas mayores, lo que no se limita al plano fiscal. En primer lugar, el acceso a la atención sanitaria en prisión es inadecuado y las personas privadas de libertad tienen más posibilidades de sufrir enfermedades crónicas (por ejemplo, enfermedades cardiacas, hipertensión, etc.) que las demás. Distintos estudios demuestran que una persona en prisión presenta habitualmente el estado de salud de una persona 10 años mayor que ella (es decir, el estado de salud de un recluso de 55 años será equivalente al de una persona en libertad de 65 años). Esto se debe, en gran medida, a las adicciones dejadas sin tratar, a la falta de atención sanitaria preventiva y, por supuesto, al estrés asociado a la prisión.

Además, el diseño de las prisiones a menudo hace que las personas mayores, en silla de ruedas o que necesitan cualquier tipo de dispositivo que facilite la movilidad tengan grandes dificultades para circular dentro de las instalaciones.

El coste fiscal también es alarmante; en Nueva York, encarcelar a una persona de edad avanzada implica un coste de dos a cuatro veces mayor que la reclusión de alguien más joven (entre ciento veinte mil y doscientos cuarenta mil dólares frente a sesenta mil dólares)]. Y esto es sin ni siquiera tener en cuenta el impacto que una separación prolongada ejerce sobre las familias y las comunidades, cuando sabemos que muchos de sus miembros se ven obligados a vivir durante años o, incluso, indefinidamente sin el apoyo de sus seres queridos.
Conseguir que, en Nueva York, la libertad condicional pueda concederse a más personas y que las oportunidades de liberación sean más justas podría ser un primer paso hacia la resolución de esta crisis, además de mejorar la salud y la seguridad públicas.

Mientras que el 64 % de las personas privadas de libertad en las prisiones neoyorquinas han sido condenadas a un periodo definido (por ejemplo, 5 años) o a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, alrededor del 36 % de ellas están cumpliendo penas con una duración indeterminada , es decir que la pena se impone por un rango de tiempo, por ejemplo, de entre 5 a 10 años o de entre 15 años a perpetua. Al cumplir la duración mínima de la pena (el límite inferior del rango) obtienen el derecho a comparecer ante la Comisión de Libertad Condicional (Parole Board)] ─que, en la actualidad, está falta de personal─ durante una audiencia de solo 15 minutos, a pesar de que los reclusos pasan meses preparándola. La comisión se creó para determinar si las personas están preparadas para ser liberadas, bajo la supervisión de la comunidad, pero, de manera sistemática, sus integrantes basan su decisión en el delito que llevó a la condena; el único factor que no se puede cambiar. Esta forma de decidir es contraria al propósito de las penas de duración indeterminada, ya que estas deberían dar prioridad a la liberación y no a una nueva sentencia. En 2020, el porcentaje de personas que obtuvieron la libertad condicional descendió al 48 % y, al tener en cuenta la raza, en igualdad de condiciones, las personas negras o latinas tienen más posibilidades de que se les deniegue la libertad condicional que las blancas.

En el mejor de los casos, las personas obtienen la libertad después de comparecer nueve o diez veces ante la comisión, lo que representa entre 18 y 20 años de reclusión a partir del momento en que cumplieron la pena mínima (estas audiencias tienen lugar cada dos años una vez cumplida la pena mínima). En el peor, las personas mueren incluso antes de que se haya organizado la primera audiencia o después de que la comisión les haya denegado la liberación en numerosas ocasiones.

Valerie Gaiter estuvo cuarenta años en prisión y murió sin ni siquiera haber comparecido una sola vez ante la Comisión de Libertad Condicional. Salih Abdullah murió de un ataque al corazón mientras iba al baño durante su 14ª audiencia para solicitar la libertad condicional. John MacKenzie se suicidó después de que le denegaran la libertad condicional por décima vez. 

Si Estados Unidos desea seguir presentándose como el baluarte de la redención y la tierra de las segundas oportunidades, tenemos que empezar a trabajar para que se hagan realidad. Para ello, habría que ofrecer a las personas en prisión oportunidades reales y significativas de obtener una liberación y poner en práctica soluciones a largo plazo para que, a partir de ahora, recurramos menos a la privación de libertad.

Durante la sesión legislativa de 2021, el Parlamento del estado de Nueva York ha estado estudiando dos proyectos de ley que podrían empezar a abordar la crisis del envejecimiento de la población carcelaria. El proyecto de ley Elder Parole (“Condicional para los Mayores”) aumentaría de manera considerable las posibilidades de libertad condicional de los reclusos de edad avanzada del estado, al dar la oportunidad de solicitarla a toda persona de más de 55 años que haya cumplido 15 años de su pena, lo que significaría que 1000 personas mayores podrían inmediatamente pedir la libertad condicional, y cientos de reclusos podrían hacerlo en los próximos años. Sería esencial que se aprobase de manera simultánea al proyecto de ley Fair & Timely Parole Act (“Ley para una Libertad Condicional Justa y Oportuna”), cuyo objetivo es crear un proceso de liberación condicional más justo, que no se limite a considerar únicamente la condena de la persona. Combinados, estos proyectos de ley representarían un primer paso para resolver la crisis del envejecimiento en las prisiones del estado, reducirían el impacto de la desigualdad racial en las decisiones de la Comisión de Libertad Condicional, reunirían familias y ahorrarían 522 millones de dólares anuales que podrían usarse para tratar las causas de la criminalidad. 

Una vez que se aprueben estas leyes, los parlamentarios deberían concentrarse en las sentencias sumamente excesivas que se pronuncian en el estado y empezar a trabajar para reducir la duración de las penas de prisión, tanto pasadas como futuras.

Otras reformas son necesarias para empezar a resolver las desigualdades raciales y económicas profundamente arraigadas en nuestra nación, ya que ambas agravan el problema del encarcelamiento. También es fundamental que aceptemos que las “segundas oportunidades” que ofrecemos son a menudo la única oportunidad real que una persona ha tenido en su vida.

Si garantizásemos el acceso a la educación, la salud y el empleo, factores que aumentan la seguridad y disminuyen las tasas de encarcelamiento, reduciríamos la necesidad de dar segundas oportunidades. Estas reformas empezarán a corregir el sistema penitenciario problemáticamente punitivo de Nueva York y abrirán camino para que las personas encarceladas, en concreto las personas mayores, puedan volver a casa.