Irán: latigazos, abusos sexuales y descargas eléctricas a personas detenidas en la terrible represión que siguió a las manifestaciones

Con la complicidad de jueces y fiscales, la policía, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad y los funcionarios de prisiones iraníes han cometido una larga lista de escandalosas violaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos contra personas detenidas en relación con las manifestaciones que barrieron el país en noviembre de 2019. Así lo ha afirmado Amnistía Internacional en un condenatorio informe publicado hoy.

El informe, titulado Trampled Humanity: Mass arrests, disappearances and torture since Iran’s 2019 November protests, documenta los angustiosos relatos de decenas de manifestantes, transeúntes y otras personas que fueron detenidas violentamente, sometidas a desaparición forzada o recluidas en régimen de incomunicación, desprovistas sistemáticamente de acceso a asistencia jurídica durante los interrogatorios, y torturadas reiteradamente para hacerlas “confesar”. Son los relatos de algunas de las 7.000 personas (hombres, mujeres, niños y niñas) detenidas por las autoridades iraníes en cuestión de días durante su brutal represión de las manifestaciones.

Entre las víctimas hay niños y niñas de tan sólo 10 años, manifestantes y transeúntes con heridas de bala que fueron detenidos en los hospitales donde acudieron para recibir atención médica, personas que defienden los derechos humanos, incluidos los derechos de las minorías, periodistas y personas que participaron en ceremonias en memoria de quienes habían muerto durante las protestas.

Desde entonces, cientos de personas han sido condenadas a penas de prisión y flagelación y varias más a muerte, tras juicios manifiestamente injustos presididos por jueces parciales y celebrados a puerta cerrada, que normalmente duraban menos de una hora y que se basaban sistemáticamente en “confesiones” obtenidas mediante tortura.

“En los días que siguieron a las manifestaciones masivas, los vídeos que mostraban a las fuerzas de seguridad iraní matando e hiriendo a manifestantes y transeúntes desarmados conmocionaron al mundo. Mucho menos visible ha sido el repertorio de crueldad contra las personas detenidas y sus familias perpetrado por las autoridades iraníes lejos del escrutinio público”, ha afirmado Diana Eltahawy, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

“En lugar de investigar las denuncias de desaparición forzada, tortura y otros malos tratos y otros delitos cometidos contras las personas detenidas, los fiscales de Irán se convirtieron en cómplices de la campaña de represión al presentar cargos relacionados con la seguridad nacional contra cientos de personas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, mientras los jueces imponían sentencias condenatorias basadas en confesionesobtenidas mediante tortura.“

Esta interminable sucesión de delitos y violaciones de derechos, cometidos con total impunidad, ha venido acompañada de una ola de ‘confesiones’ forzadas televisadas en vídeos propagandísticos oficiales y declaraciones grotescas de altos cargos que elogiaban a los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad calificándolos de héroes por su papel en la brutal represión.”

Amnistía Internacional ha registrado los nombres y datos de más de 500 manifestantes y otras personas, entre ellas periodistas y personas que defienden los derechos humanos, a quienes se ha sometido a procesos penales injustos en relación con las manifestaciones.

Las penas de prisión impuestas a las personas condenadas oscilan entre un mes y 10 años de cárcel, por cargos vagos o falsos relacionados con la seguridad nacional, como “reunión y colusión para cometer delitos contra la seguridad nacional”, “difundir propaganda contra el sistema”, “alteración del orden público” e “insultos al Líder Supremo”. De las personas condenadas, al menos tres, Amirhossein Moradi, Mohammad Rajabi y Saeed Tamjidi, fueron condenados a muerte por “enemistad con Dios” (moharebeh) por actos de vandalismo, y otro hombre, Hossein Reyhani, está en espera de juicio por un delito punible con la muerte.

Amnistía Internacional tiene constancia de más de una decena de casos en los que se han impuesto penas de flagelación además de las penas de cárcel y, en al menos dos casos, las penas de flagelación se han ejecutado.

La organización cree que el número real de personas procesadas y condenadas en relación con las manifestaciones de noviembre de 2019 es mucho mayor, dada la gran cantidad de detenciones y los patrones de encausamiento e imposición de penas observados en el país en los casos de detención arbitraria en los que intervienen los órganos de inteligencia y seguridad.

Amnistía Internacional insta a los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a abordar la impunidad prolongada y sistemática por graves violaciones de derechos humanos en Irán y, entre otras medidas, apoyar el establecimiento de una investigación dirigida por la ONU cuyo objetivo sea garantizar la rendición de cuentas y la no repetición de estos hechos.

La organización insta también a todos los Estados miembros de la ONU a pedir enérgicamente a las autoridades iraníes que pongan en libertad inmediata e incondicional a todas las personas que continúan encarceladas únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en relación con las manifestaciones de noviembre de 2019; los Estados también deben pedir a las autoridades de Irán que anulen todas las sentencias condenatorias dictadas en juicios injustos, incluidas las basadas en declaraciones obtenidas mediante tortura u otros malos tratos, y que hagan rendir cuentas a los responsables.