El Ministerio irlandés de Justicia e Igualdad es responsable de la administración penitenciaria y de la gestión de la atención médica en las prisiones.
En julio de 2018, se designó a un ejecutivo clínico para dirigir la atención sanitaria de los centros penitenciarios. Desde entonces, la evaluación de la organización de la atención médica en prisión se hace entre el Ministerio de Justicia e Igualdad, el Ministerio de Sanidad y el Servicio de prisiones de Irlanda.
En 2019, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) visitó las prisiones irlandesas y consideró que “ha habido un progreso significativo” en cuanto a la prestación de servicios médicos: “La delegación del CPT observó que hay un buen acceso a la atención médica y que se ha mejorado el enfoque de los tratamientos para el abuso de sustancias. Las enfermeras de salud mental y los psiquiatras también han realizado un buen trabajo en circunstancias difíciles. Además, los cuidadores de la prisión de Midlands, que asistían a los reclusos de edad avanzada, hicieron un gran trabajo y mostraron una gran simpatía y afecto hacia las personas”. Sin embargo, el CPT criticó que no se prestaran servicios de interpretación para facilitar la comunicación entre el personal sanitario y los reclusos que no hablan inglés, y observó que las prisiones irlandesas siguen encarcelando a personas con enfermedades mentales graves. ¹

A partir de mediados de febrero de 2020, por recomendación del ERPT, la administración comenzó a proporcionar equipos de protección individual (EPI) al personal penitenciario. Junto con el centro de formación de la administración penitenciaria, el ERPT empezó a formar al personal sobre el uso de los EPI.
El 31 de marzo, se comenzó a tomar la temperatura de forma sistemática a la entrada de las prisiones y se establecieron protocolos de distanciamiento físico: se crearon zonas con líneas de dos metros de separación y se señalizaron las instalaciones. Todos los nuevos reclusos debían guardar cuarentena durante 14 días y al cabo de seis días se “limpiaban” para prevenir la propagación del virus dentro de la población carcelaria. Asimismo, se aplicó un método de rastreo de contactos para poner rápidamente en cuarentena a los internos y miembros del personal cuando se detectaba un caso positivo o se sospechaba que alguien hubiera contraído la enfermedad.
Unos días después, el Cloverhill Remand Centre, que alberga a la mayoría de los reclusos preventivos del país y registra una media de 100 ingresos y salidas por día, adaptó la distribución de las comidas; la comida se repartía en grupos pequeños, lo que permitía respetar las medidas de distanciamiento; las tazas y los platos se sustituyeron por recipientes de cartón desechables, y se exigió al personal penitenciario el uso de equipos de protección (bata, mascarilla y gafas) durante su interacción con los reclusos.
En julio, las autoridades estimaron que el coste adicional de las medidas relativas a la COVID-19 se acercaba a los cinco millones de euros. Esto incluía la sustitución de los miembros del personal que estaban en cuarentena, el suministro de protección sanitaria y la dotación de material para celebrar las audiencias mediante videollamadas.

Entre abril y finales de junio, se puso en aislamiento (“cocooning“) a las personas de más de 70 años y aquellas con enfermedades crónicas, de modo que muchas de ellas permanecieron en celdas durante más de 30 horas.

Si bien los protocolos de prevención frenaron la propagación del virus dentro de las prisiones, algunos observadores alertaron a las autoridades sobre las repercusiones de ciertas medidas en la salud mental de los reclusos. El inspector de prisiones y la Universidad de Maynooth llevaron a cabo un proyecto conjunto para evaluar las consecuencias de las medidas de aislamiento (“cocooning”) en las personas privadas de libertad: en abril de 2020, se repartieron 86 libretas a los reclusos que guardaban este tipo de cuarentena para que pudieran escribir diariamente. Tres meses después, el inspector de prisiones presentó al Gobierno algunos resúmenes de los diarios, que demostraron la dureza del aislamiento; algunas personas expresaban incluso pensamientos suicidas y sentimientos de depresión. Preocupado por el deterioro de la salud mental de los reclusos, el inspector recomendó la adopción de medidas de aislamiento más flexibles y compasivas.

El 3 de abril de 2020, cuatro miembros del personal dieron positivo por COVID-19 en las prisiones de Mountjoy (2), Cork (1) y Portlaoise (1). Entre la población carcelaria, se puso en cuarentena a 142 personas, pero ninguna dio positivo.
No se registró ningún caso de COVID-19 antes del 22 de agosto. El primer caso fue el de una mujer de 23 años que acababa de ingresar en la prisión para mujeres de Dóchas (Dublín). Su infección se confirmó durante los 14 días de cuarentena, que se imponían a todos los nuevos reclusos. En agosto y septiembre, otras tres personas privadas de libertad presentaron síntomas durante su primer periodo de cuarentena. Las autoridades afirmaron que “todos los casos positivos han sido de reclusos recién llegados y ninguno se había infectado dentro de prisión”.
El 30 de octubre, cinco reclusos que dieron positivo en la prisión de Midlands fueron puestos en cuarentena. Se hicieron pruebas al resto de internos y al personal de la instalación. En ese momento, la administración envió un mensaje a las familias de los reclusos de ese centro. El director de atención sanitaria y rehabilitación y el gobernador de la prisión de Midlands concedieron entrevistas en emisoras de radios locales para tranquilizar a las familias sobre el control del brote.
El 2 de noviembre, varios miembros del personal dieron positivo, aunque no se comunicaron cifras exactas. El 6 de noviembre, después de que un recluso de la prisión de Limerick diera positivo, todos los demás reclusos, así como los miembros del personal del establecimiento tuvieron que someterse a dos pruebas, realizadas con un intervalo de seis días. Seis miembros del personal dieron positivo.

El 24 de marzo de 2020, se liberó a más de 200 reclusos a los que les faltaba por cumplir tres meses o menos de su pena. La administración extendió la medida a aquellos a los que les quedaban seis meses o menos. Las autoridades han afirmado que se han tenido en cuenta factores como la vivienda y el estado de salud, y que la administración está trabajando junto con el Departamento de vivienda, el Gobierno local y de planificación y el Servicio de Salud de Irlanda (HSE).
En cuatro semanas, se puso en libertad a un total de 476 personas, lo que equivale a uno de cada ocho reclusos. La población carcelaria pasó de 4235 a 3772 reclusos entre marzo y octubre de 2020.
Las citas con el IPS de los reclusos en libertad condicional pasaron de hacerse una vez por semana a una vez al mes. El objetivo era “limitar la afluencia dentro y fuera de las prisiones, así como disminuir la carga de trabajo del personal administrativo para que pudiera compensar cualquier reducción del número de funcionarios penitenciarios”.

Con el objetivo de reducir los movimientos y las interacciones dentro de las prisiones, se restringieron algunas actividades, como el trabajo y el entrenamiento, y se cerraron las escuelas. Si bien los gimnasios permanecieron abiertos, su capacidad de uso se redujo significativamente. El personal se encargaba de supervisar previamente la limpieza de los equipos, y a los reclusos más vulnerables, por su edad o su condición de salud, se les proporcionaban guantes y mascarillas para usar durante su entrenamiento. Los reclusos en aislamiento (“Cocooning”) no estaban autorizados a utilizar el gimnasio.
En otoño, la prisión de Mountjoy y la Universidad de Maynooth se asociaron para brindar acceso a los reclusos a cursos en línea.
Tras la detección de varios casos positivos, a finales de octubre en la prisión de Midlands, las actividades se restringieron aún más. La administración aseguró que los reclusos tendrían acceso al aprendizaje dentro de la celda mediante, por ejemplo, la formación difundida por el canal de televisión del centro. Los reclusos que participaban en formaciones y trabajos esenciales pudieron continuar con sus actividades.

El 13 de marzo de 2020, la administración penitenciaria anunció drásticas restricciones relativas a las visitas; cada recluso podría recibir una visita de 15 minutos una vez por semana, y no se autorizaría la entrada de los menores de 18 años o de personas con sintamos de gripe. Dos semanas después, las visitas de familiares se suspendieron.
Como medida compensatoria, las prisiones introdujeron poco a poco las videollamadas. La asociación Irish Penal Reform Trust elogió la fructífera aplicación de las videoconferencias en las prisiones del país.

En junio, la administración planeaba levantar las restricciones en dos fases. Todos los reclusos tendrían derecho a una visita de 15 minutos cada dos semanas con una persona mayor de 18 años. También se podía organizar una videoconferencia cada dos semanas. Los reclusos podían sustituir la visita presencial por una segunda videollamada. Esta medida se implementó el 20 de julio de 2020.

El IPS publicó una guía para informar a los familiares de los reclusos sobre las normas sanitarias que se aplicarían durante las visitas: se les tomaría la temperatura, tendrían que rellenar un cuestionario, cumplir las normas de distanciamiento físico, lavarse las manos y llevar una mascarilla que les proporcionaría la prisión.
El 17 de agosto, comenzó la segunda fase: las visitas todavía estaban limitadas a una cada dos semanas, aunque se permitían dos visitantes, incluidos los menores. A finales de septiembre, un recluso de la prisión de Portlaoise se dirigió al Tribunal Supremo para quejarse de las restricciones de las visitas. Aunque la política habitual permite visitas de 30 minutos, el límite de 15 minutos era incompatible con la normativa de la prisión. La asociación Irish Penal Reform Trust indicó entonces que la duración de las visitas había aumentado a 20 minutos.
A principios de noviembre, tras la detección de varios casos positivos en la prisión de Midlands, la administración anunció que se harían algunos cambios relativos a las visitas y que se fijarían horarios.

El 30 de marzo de 2020, la asociación IPRT envió a la administración penitenciaria y al Ministerio de Justicia una lista de recomendaciones y medidas encaminadas a reducir el impacto de la pandemia. La organización pidió, entre otras cosas, que se redujera de manera significativa la población carcelaria, se brindara apoyo a los reclusos liberados y se implementaran medidas de prevención y protección en las prisiones.
En julio, la asociación IPRT alentó a las autoridades a que reformaran el sistema de denuncias, como lo habían prometido cuatro años antes. La organización declaró que el sistema interno vigente no cumple los criterios de un mecanismo independiente y alegó que las medidas de restricción hacían más necesaria la supervisión externa independiente. De las 24 denuncias graves que hicieron los reclusos durante la primera mitad del año, 21 siguen investigándose y dos no se han revisado, ya que las pesquisas se han suspendido durante la pandemia.
El 29 de julio, el inspector de prisiones, que manifestó su preocupación sobre la dureza de las medidas de aislamiento (“cocooning”) y sus consecuencias en la salud mental de los reclusos, pidió que se aplicaran medidas de cuarentena más flexibles y compasivas.