Kenia: un sistema de justicia penal kafkiano

Imagine que. Es un trabajador jornalero, joven, sin educación, pero con la esperanza de un futuro mejor. Todos los días sale de su casa a las 6 a.m. para buscar trabajo. Una tarde, regresa a casa como a eso de las 7 p.m., con solo 50 chelines kenianos (cerca de 0,50 USD) en el bolsillo; eso es todo lo que hay ese día para usted y su familia. Sale a comprar huevos y se encuentra con unos policías que están patrullando la zona. Le ordenan que se acueste y, tras un cacheo y un rápido interrogatorio, le piden que se una a un grupo de hombres jóvenes que han sido detenidos. Todos se sientan de cuclillas; el grupo es cada vez más grande y, en un abrir y cerrar de ojos, ya son casi veinte. Cuando la policía se cansa, los lleva a la estación, en la que todos pasan la noche. No le dan ninguna explicación sobre los motivos del arresto, lo único que se sabe es que todos son hombres jóvenes que estaban fuera de casa después de las 7 p.m.

Dos años después, se encuentra en prisión preventiva, acusado de actos delictivos preparatorios ─porque la policía le sembró un cuchillo─ y posesión de estupefacientes ─por cinco rollos de bhang que tampoco eran suyos─. Se le imputan estos cargos junto con otro joven, al que ni siquiera conocía y solo vio en la estación de Policía. Imposible pagar la fianza porque cuesta 100 000 chelines kenianos (unos 925 USD), y ya bastante difícil es pagar cada mes la renta que vale unos 3000 (aproximadamente 27 USD).

Su caso no se ha llevado a juicio porque los policías que lo arrestaron no han presentado las pruebas ante un tribunal. Nunca ha visto a un abogado en su vida y, probablemente, nunca lo verá porque sus servicios son demasiado costosos, y los que ofrecen servicios pro bono, los ofrecen a los menores, no a personas como usted.

Todo esto lo obligará a declararse culpable para negociar su salida de la cárcel porque es mejor haber sido condenado y tener antecedentes penales que permanecer en prisión preventiva, en la que, como un limbo infernal, su suerte es desconocida e incierta. Gracias a la negociación de los cargos, cumplirá una condena de dos años en libertad condicional para que “todos salgan ganando”: la Fiscalía obtiene una sentencia, el juez cierra el caso y usted regresa a casa, agradecido de haber salido de la prisión, en la que, para empezar, nunca debió haber estado.

Ahora puede dejar de imaginar, porque, en realidad, este es el escenario infernal de la vida de miles de jóvenes kenianos que se encuentran en prisión preventiva.

Las prisiones de Kenia están repletas de reclusos preventivos, en su mayoría pobres o indigentes y con poca educación, que no comprenden el proceso penal y que no cuentan con un abogado. Si bien el articulo 50(2)(h) de la Constitución de 2010 consagra el derecho a ser asistido por un abogado a expensas del Estado ─lo que no existía antes de su promulgación─, en la práctica, este sigue sin garantizarse a muchas de las personas imputadas o en prisión preventiva. Por lo tanto, estos individuos, quienes no gozan totalmente de su derecho de acceso a la justicia o su derecho a un juicio justo, terminan declarándose culpables o negociando los cargos para recuperar su libertad.

La prisión preventiva funciona entonces como un medio de coerción para pronunciar sentencias basadas en investigaciones dudosas, que no es posible impugnar mediante una defensa legal efectiva. Esto podría conllevar una subversión de la justicia que debilitaría el sistema de justicia penal y con él, el Estado de derecho.

Del mismo modo, aunque la Constitución garantiza el derecho a la libertad bajo fianza ─a menos que haya razones de peso que impidan liberar a un acusado─ la auditoria de la justicia penal que llevó a cabo en 2016 la Legal Resources Foundation Trust, junto con el Consejo Nacional de Administración de Justicia (NCAJ) y RODI Kenia, concluyó que el 90 % de las personas imputadas no pueden pagar su fianza, por lo que son puestas en prisión preventiva. Según las estadísticas, las condiciones y los importes de las fianzas no son congruentes con las circunstancias económicas de la mayoría de los acusados, lo que ha provocado que la prisión preventiva para las personas indigentes sea la norma y no la excepción.

Lamentablemente, esta manifiesta y constante vulnerabilidad al error judicial a la que hacen frente los reclusos preventivos no ha recibido una respuesta adecuada en materia judicial o normativa. La única manera de garantizar juicios justos es que el Estado asigne, a sus expensas, un abogado que asegure la defensa de los preventivos marginalizados, indigentes y vulnerables. Los trabajos de investigación demuestran que el 86 % de las personas en espera de juicio en Kenia no cuentan con un abogado defensor, a pesar de lo establecido en la Ley de Asistencia Jurídica de 2016 (Legal Aid Act). Esta ley se promulgó para dar vida al derecho constitucional de ser asistido por un abogado, por cuenta del Estado, a través de los mecanismos necesarios para su aplicación, a saber, el Servicio Nacional de Asistencia Jurídica y el Fondo de Asistencia Jurídica. Sin embargo, ninguno de los dos ha funcionado por completo desde que la ley entró en vigor. El Servicio Nacional de Asistencia Jurídica tiene un considerable retraso y ha dejado a muchos reclusos preventivos languideciendo en las cárceles, haciendo frente a importes y condiciones de fianza imposibles. Las personas vulnerables que no entienden el sistema y que nunca han tenido nada qué ver con él, quedan atrapadas en sus entresijos e, inevitablemente, terminan pagando un alto precio.

Cada día que entro al tribunal, me encuentro con personas que buscan desesperadamente asistencia jurídica, pero que no pueden acceder a ella; personas que han sido condenadas y que habrían sido absueltas si hubieran sido asistidas por un abogado.

Personas que fueron absueltas pero que lidian con la ansiedad de volver a sus vidas tras haberlo perdido todo después de un año en prisión preventiva, que podría haberse evitado si hubieran tenido un abogado; personas que nos recuerdan que los distópicos sucesos ficticios de la vida de Josef K en El proceso, de Franz Kafka, pueden salirse de los libros y convertirse en realidad. Ante esta injusticia, los abogados pro bono ofrecemos nuestra ayuda, sin embargo, nos enfrentamos a muchas dificultades sistémicas y a problemas de capacidad.

Kenia ha reconocido en varias ocasiones la imperiosa necesidad de reformar el sistema de justicia penal y ha aceptado que el sistema actual está sesgado en contra de la población joven y pobre. En enero de 2018, el antiguo jefe del Tribunal Supremo, David Maraga, estableció el Comité Nacional Para las Reformas de la Justicia Penal con la voluntad de revisar el sistema y hacer recomendaciones en aras de la reforma. También se creó un comité encargado de supervisar la instauración de las directrices de las políticas de fianzas y garantías.

Si estas reformas recibieran la financiación adecuada, podrían tener resultados eficientes y dar lugar a un sistema bien coordinado que garantice el acceso a la justicia a todas las personas, en todas las etapas del proceso.

El reto al que se están enfrentando estas reformas, bien intencionadas, es que los organismos estatales como el poder judicial y El Ministerio Público (Office of the Director of Public Prosecutions, ODPP) no cuentan con la financiación del Gobierno, ya que existen otras prioridades políticas y nacionales. Esto los ha obligado a buscar fuentes de financiación externa, proveniente de organismos internacionales de ayuda y Gobiernos extranjeros, lo que ha dado diversos resultados.

Un ejemplo de esto es el uso de la negociación de los cargos y las condenas, patrocinado por el Gobierno de Estados Unidos e implementado por el ODPP. Esto ha llevado a los fiscales a concluir acuerdos con reclusos indigentes que no cuentan con un abogado defensor y que no tienen ni idea de lo que son estos acuerdos, excepto que son la única manera de salir de prisión rápidamente, en caso de que logren obtener una pena no privativa de libertad por declararse culpables.

En la práctica, este proceso se hace sin la presencia de un abogado defensor, por lo que los reclusos preventivos pueden terminar aceptando acuerdos injustos solo para recobrar su libertad ─sin ningún respaldo que lo proteja─. La falta de financiación de la reforma del sistema de justicia penal ha dado lugar a la importación de medidas y prácticas de otras jurisdicciones sin considerar su conveniencia y sin ofrecer suficiente protección a las personas vulnerables cuyos derechos están en juego.

Para reparar el frágil sistema de justicia penal de Kenia, debemos dejar a un lado los discursos en las salas de juntas y los centros de conferencias y pasar a los asentamientos urbanos informales donde se lleva a cabo la mayoría de los arrestos y las intervenciones desmesuradas de la Policía; a las estaciones de Policía donde miles de personas están detenidas de manera injustificada y son objeto de abusos; a los tribunales en los que las esperanzas de justicia de las personas, ya sean víctimas o acusadas, se ven frustradas diariamente.

Allí es donde debería comenzar la transformación del sistema de justicia penal ─a través de la consulta de las personas más afectadas─.

La tendencia a hacer el menor esfuerzo y a buscar soluciones rápidas para reparar un sistema de justicia penal que está a punto de estallar, no dará ningún resultado. Debemos asegurarnos de que este no sea el futuro de la justicia penal de Kenia.