Cadena perpetua: una reforma urgente

La población carcelaria sigue creciendo, junto con sus correspondientes niveles de hacinamiento, y el aumento de las penas de cadena perpetua participa en esta tendencia. La abolición de la pena de muerte en muchos países ha dado lugar a la aplicación de la cadena perpetua como pena alternativa, o a la conmutación de penas, como ha sucedido en Kazakstán y Burkina Faso en los últimos años.

El recurso a la cadena perpetua también ha aumentado debido a la “política de mano dura contra la delincuencia” que han adoptado los Gobiernos. En Polonia y Serbia, por ejemplo, la legislación ha incluido la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y Nicaragua, cuya pena máxima era de 30 años, ha instaurado la cadena perpetua

El incremento ha sido más considerable en unos países que en otros; en Estados Unidos, un nuevo informe de Sentencing Project ha revelado que una de cada siete personas privadas de libertad está cumpliendo cadena perpetua, es decir, 203 865 personas.

El número de mujeres que cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional ha aumentado en un 43 %, entre 2008 y 2020, comparado con un 29 % para los hombres. Otros países que recurren de manera cada vez más frecuente a esta pena son India, donde más de la mitad de la población carcelaria ha sido condenada a pasar su vida en prisión, y Sudáfrica, donde este incremento fue del 818 % entre los años 2000 y 2014.

No es porque se cometan más delitos graves que hay más personas condenadas a pasar su vida en prisión. De hecho, como lo hemos documentado en nuestra serie de informes “Tendencias mundiales sobre encarcelamiento”, los estudios muestran que hay muy poca correlación entre la tasa de delitos y la población carcelaria, y que el aumento de la duración de las penas no refleja un incremento de los delitos graves.

Del mismo modo, se ha demostrado que el hecho de pronunciar penas más severas no logra reducir la delincuencia; la política contra las drogas es un ejemplo de ello.

El aumento constante del consumo de drogas a nivel mundial ha revelado que el endurecimiento de las penas, que se ha venido aplicando desde hace algunas décadas para castigar el consumo y la oferta, bajo el lema de “un mundo sin drogas” y “guerra contra las drogas”, es un completo fracaso. Aproximadamente, una de cada cinco personas privadas de libertad en todo el mundo ha sido condenada por delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, muchos países, como Nueva Zelanda, Tailandia, y Estados Unidos, siguen pronunciando cadena perpetua por este tipo de delitos -no violentos-.

Una investigación llevada a cabo por Dirk van Zyl Smit and Catherine Appleton, miembros de la junta directiva de PRI, ha puesto de manifiesto las consecuencias de la cadena perpetua en materia de derechos humanos. En principio, la sentencia es desproporcionadamente punitiva, sobre todo, cuando se pronuncia por delitos no violentos, como el suministro de drogas. El duro trato que se inflige a las personas condenadas a cadena perpetua, como la falta de acceso a programas de rehabilitación en muchos países, el prolongado aislamiento solitario, y el uso permanente de las esposas, obstaculiza el principal objetivo de la privación de libertad que es el de la reinserción de los individuos, como lo han consagrado las Reglas Mandela.

La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, en particular, es una pena cruel, inhumana y degradante, que socava el derecho a la dignidad humana, puesto que desecha cualquier esperanza de liberación y hace que el objetivo resocializador de la pena de prisión carezca de sentido.

Una persona condenada a cadena perpetua ha explicado mejor que yo el concepto de dignidad: “La cadena perpetua es una muerte lenta y tortuosa. Tal vez habría sido mejor que me condenaran a la silla eléctrica en lugar de dejarme podrir en prisión por el resto de mis días. No sirve de nada, solo es una carga para todo el mundo ¹.”

Por otra parte, el constante incremento del uso de la cadena perpetua ha provocado el rápido envejecimiento de la población carcelaria, lo que plantea varios problemas a las administraciones penitenciarias en términos de salud y protección. En Estados Unidos, el 30 % de las personas que cumplen cadena perpetua tienen 55 años o más, lo que equivale a más de 61 000 personas. Se han observado patrones similares en Australia, Reino Unido y Japón. La estancia en prisión acelera el proceso de envejecimiento, por lo que las personas condenadas a penas de larga duración suelen tener mayores necesidades en materia de salud. Además, la gestión de las personas de edad avanzada en prisión, incluidas aquellas que sufren de enfermedades crónicas o terminales, supone una carga mayor para el personal penitenciario, que no cuenta con la formación necesaria para atenderlas ni proporcionarles cuidados paliativos. Del mismo modo, es más difícil ofrecer programas de rehabilitación y reinserción adaptados a las personas de edad avanzada y a los que cumplen penas de larga duración.

En el último año, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto hasta qué punto la cadena perpetua viola los derechos humanos. El coronavirus ha afectado fuertemente a las personas de edad avanzada, pero para las personas de edad avanzada en prisión el riesgo es aún mayor. Por lo tanto, es preocupante que las medidas de liberación que se adoptaron en algunas jurisdicciones, entre ellas el Reino Unido, hayan excluido explícitamente a las personas condenadas a cadena perpetua. Lo que significa que estas medidas no tomaron en consideración el estado de salud de las personas que posiblemente han cumplido la mayor parte de su pena y que no representan ningún riesgo para la sociedad.

En el Policy briefing on life imprisonment de PRI, publicado junto con la Universidad de Nottingham, emitimos unas recomendaciones clave para la reforma de las penas de cadena perpetua. La abolición de la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y la restricción del recurso a la cadena perpetua únicamente para los delitos más graves son los principales puntos de partida.

El tema de la cadena perpetua está cobrando impulso y obteniendo mayor atención. La colaboración en este sentido es fundamental para invertir esta tendencia, y Penal Reform International continuará sus esfuerzos para promover reformas prácticas. Por ello, acogemos con satisfacción el reciente apoyo de las Naciones Unidas, que no se habían manifestado sobre esta cuestión desde 1994. Como lo dijo Ilze Brands Kehris, Subsecretaria General de Derechos Humanos de la ONU, en uno de nuestros encuentros sobre la cadena perpetua, llevado a cabo durante el 14 Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal en marzo de 2021: “El costo y las repercusiones de la cadena perpetua en la dignidad y los derechos humanos son incalculables. […] Debemos unir esfuerzos para reformar las prácticas y las políticas penales, e invertir la tendencia al uso desmedido de esta pena”.