México: condena en libertad, efectos del sistema penal en familiares

María es madre de Santiago, quien se encuentra privado de la libertad, acusado del delito de secuestro. Según cuenta, en 2014 fue detenido por personas que no se identificaron como policías y obligado a aceptar su culpabilidad por medio de tortura. A la fecha no ha sido declarado culpable, pero ha pasado los últimos 5 años alejado de su familia. Guadalupe es esposa de Fabián, quien fue detenido en 2011 y declarado culpable de secuestro ese mismo año. Fabián ya había en esa condición entre 1999 y 2002.

En ambos juicios se utilizaron como pruebas confesiones obtenidas con tortura y bajo amenazas de violencia hacia su familia.

Ni María ni Guadalupe han sido acusadas de ningún delito, sin embargo han sufrido las secuelas físicas, psicológicas y económicas del funcionamiento del sistema penal. Platicando con familiares de personas privadas de su libertad es difícil no advertir los efectos psicológicos que produce el ver como se aleja de ti a la fuerza un ser querido, sobre todo en condiciones tan normales en nuestro país como las detenciones arbitrarias, la obtención de declaraciones bajo tortura y la fabricación de culpables.(…)

Las consecuencias tangibles del sistema penal no se limitan a la persona acusada de violar la ley; la trascienden y afectan en lo más profundo a su familia y entorno social. Hay quienes incluso, desde la criminalística crítica, destacan el papel de los centros de privación de la libertad (cárceles) como entes polarizadores, que atomizan las sociedades y rompen los vínculos existentes. Generalmente extraídos de entornos con carencias económicas, el efecto de los centros de privación de la libertad refuerza dichas carencias.

De acuerdo con Valeria Moscoso, coordinadora del área de trabajo y acompañamiento psicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos:

la detención de un familiar detenido comienza con un “shock” inicial, en que todo se reduce a la urgencia de las familias para resolver la situación.

Después comienza un proceso de desengaño en el que los familiares van rompiendo estructuras mentales, a las que Moscoso llama apuntalamientos, es decir certezas que nos permiten desarrollarnos y ubicarnos en la vida.(…)
Valeria Moscoso dice que la detención arbitraria aunada a la tortura, la fabricación de los delitos, multas y años de privación de la libertad sin siquiera tener sentencia son golpes emocionales que rompen la estructura sobre la que reposan los apuntalamientos psicológicos de las personas en el acto de presenciar que sus concepciones no se sostienen ante la realidad.(…)

En palabras de Valeria Moscoso:

“a todos y todas nos puede pasar, pero lo cierto es que el sistema tampoco es tonto. No se va a ir contra el hijo de algún gran empresario o de alguien muy conocido que tiene el dinero para tener defensa, que tiene el acceso a abogados.”

“¡Y al mismo tiempo vemos a gente de mucho poder haciendo cosas muy ilegales y no están en la cárcel! Quienes pueblan las cárceles es gente que para el sistema y para los grupos de poder es invisible y desechable”.

María trabaja como empleada doméstica. En este momento su hijo de se encuentra en un centro de privación de libertad en Tamaulipas. Esto ocasiona que un porcentaje elevado de sus ingresos se destinen a transportarse para verlo un par de horas cada mes. Debido a la naturaleza de su trabajo María inhalaba de forma constante los vapores de líquidos utilizados para la limpieza de las casas, lo cual empeoró una condición congénita y desembocó en una traqueotomía de urgencia.

La separación forzada de María y su hijo tuvo otros efectos psicológicos que terminaron en depresión y un intento de suicidio.

Además de las afectaciones económicas, médicas y psicológicas ya retratadas, María fue afectada en su reputación. Los rumores sobre su hijo en el barrio donde vivía tuvieron efectos en toda la familia, particularmente en los niños, lo cual sumado al gasto realizado para acudir a visitarlo, la obligó a cambiar su domicilio y regresar a vivir a casa de su madre.(…)

Son claras las palabras del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria frente a la expansión de la prisión preventiva oficiosa, que sería simplemente “expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos”. Como se mencionó antes, la función del sistema penal no se encuentra en producir culpables o en administrar castigos, aunque muchas veces se cree así. Por eso un error frecuente y peligroso es medir su éxito con base en el número de personas recluidas. Por el contrario, deberíamos comenzar por cuestionar si la cantidad de personas que van a un centro de privación de la libertad es proporcional a la inhibición del delito.

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