México: el 80 por ciento de cárceles yucatecas carece de médicos

Una noche cualquiera, por cuestiones como una riña callejera, un presunto delito o una falta administrativa como embriaguez en la vía pública, alguien es remitido a una cárcel del interior de Yucatán. Ahí, no habrá personal médico que certifique su estado de salud a la hora de su ingreso. A la mañana siguiente, cuando sus familiares pueden verlo, presenta varios golpes en cuerpo y rostro, señales de tortura, o peor, está muerto y las autoridades alegan que se suicidó.

Esta es la realidad que se vive en las cárceles municipales, de las que el 80 por ciento carece de personal médico suficiente que certifique las condiciones de salud de quienes ingresan, por ende no emiten los certificados médicos que acrediten si llegaron con golpes o no, o su estado de salud, lo que viola claramente sus derechos humanos, reveló Gustavo Arjona Canto, secretario ejecutivo de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Ante este panorama, la Codhey emitió en 2014 una recomendación general a los ayuntamientos de los 106 municipios. Sin embargo, a la fecha, apenas 50 por ciento ha respondido que están tomando acciones para solucionar el problema.

Por ejemplo, indicó Arjona Canto, comunidades como Tahmek, Panabá, Dzilam González, Sacalum y Kaua, no cuentan con personal médico en sus penitenciarias.

En agosto del año pasado, como informamos, habitantes del municipio de Oxkutzcab, en el sur de Yucatán, atacaron con bombas molotov a policías municipales y causaron destrozos en la sede del ayuntamiento, así como en algunas patrullas, en protesta por la muerte de un joven de 21 años ocurrida en la cárcel municipal.

Aunque se manejó oficialmente como un suicidio, los habitantes se quejaban de que el joven, de 21 años, fue golpeado hasta la muerte por policías al mando del comandante Carlos Xool, dentro de su celda.

Estos casos son frecuentes en las cárceles municipales y suelen darse por la falta de un médico que revise a las personas detenidas, ya sea por un arresto administrativo o por un probable delito, situación que ha sido motivo de varias recomendaciones de la Codhey a los ayuntamientos.

Prevención y derecho

Las quejas que mayormente recibe la Comisión por este tema son por lesiones, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y tortura.

“Legalmente constituye un derecho para las personas el poder valorarlas y determinar cómo está ingresando a la cárcel”, indicó Arjona Canto.

Además, agregó, representa una salvaguarda para poder evitar cuestiones de tortura o tratos crueles y degradantes. Es un aspecto preventivo, pero también es un derecho.

En una detención, precisó, es necesario emitir un certificado de cómo está ingresando, pero esto no se hace, no se cumple en muchos municipios. No mandan el certificado médico. “El hecho que no tengan el certificado médico ya es causa de una recomendación porque vulneraron tu derecho a la legalidad”, subrayó.

El funcionario estimó que más de 80 por ciento de las prisiones municipales no tiene personal médico, sobre todo lo pequeños. Los grandes, como Motul, Progreso, Tizimín, Valladolid, Tekax, cuentan por lo menos con un médico.

Una de las razones que expresan las autoridades municipales para justificar esta carencia es la falta de presupuesto. Algunas sí cuentan con médico, pero sólo en un horario específico y, por ejemplo, las detenciones por el tema del alcohol en el interior del estado se dan mayormente los fines de semana, en la noche o la madrugada.

Para el secretario de la Codhey, contar con personal médico suficiente podría evitar violaciones a los derechos humanos, pues la certificación realizada por un facultativo da certeza de cómo ingresa una persona a una cárcel y salvaguarda su integridad en el tiempo que esté arrestada.

Entonces, le corresponde a los ayuntamientos contar con médicos y profesionales de la salud en cada cárcel.

En el caso de los suicidios, indicó que están más relacionados con la vigilancia del personal de la cárcel, y aunque muchas veces optan por quitarle la ropa a la persona, para tratar de impedir que se suicide, esto también es una violación a los derechos humanos, advirtió.