Mumia Abu Jamal, Estados Unidos

El periodista afroaméricano, Mumia Abu Jamal fue condenado a muerte en 1982 tras un proceso racista y expeditivo, cuya iniqudad fue denunciada, en ese entonces, por la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y el Parlamento Europeo. Acusado de haber asesinado a un oficial de policía, delito por el que siempre ha clamado su inocencia, Mumia Abu Jamal, activista y miembro del Black Panther Party es encarcelado durante 34 años, de los cuales 30 los pasó en el corredor de la muerte de la prisión de Pensilvania. Gracias a la movilización internacional, su pena de muerte se conmutó a cadena perpetua en el 2011.

Figura emblemática de la abolición universal de la pena de muerte, su situación suscita una fuerte sublevación mundial.

A sus 62 años, el estado de salud de Mumia Abu Jamal es alarmante. Pese a que sufre de una hepatitis C, que ha provocado efectos secundarios violentos, las autoridades penitenciarias le han denegado el acceso a un tratamiento médicos apropiado. Aunque la justicia federal considere este trato “cruel e inhumano” y contrario a la 8a enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, su situación aún no mejora. 120 diputados franceses y europeos han alertado al gobernador de Pensilvania sobre la gravedad del estado de salud del recluso y exigido que se le brinde un tratamiento médico adecuado, en el respeto de los derechos y la dignidad humana.

Para saber más

El 12 de septiembre de 2016 Mireille Fanon Mendes France, presidenta de la fundación Frantz Fanon y experta del Grupo de Trabajo sobre los Afrodescendientes en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ingresó una vez más en la prisión de Franckville (Pensilvania, EE.UU) para encontrarse con el recluso Mumia Abu Jamal.

Relato.¶

El 12 de septiembre de 2016, crucé de nuevo las puertas de la prisión de Franckville, en la que se encuentra detenido Mumia Abu Jamal desde su salida del corredor de la muerte de la prisión de máxima seguridad de Greene¹ —estos dos establecimientos penitenciarios pertenecen al estado de Pensilvania—. Tuve que esperar su llegada por más de treinta minutos.

Su aspecto físico había mejorado mucho; recuperó un poco de peso, su semblante lucía menos pálido y ya no sentía tanta comezón en su cuerpo. Pero por más que algunas cosas hayan mejorado, Mumia aún está bajo la espada de Damocles, ya que sigue sin recibir un tratamiento adecuado para su hepatitis C, lo que puede degenerar rápidamente en cirrosis o en cáncer del hígado.

Si bien Mumia tiene que controlar drásticamente su alimentación, la comida de la cárcel no es adaptada para esta enfermedad, que necesita una higiene de vida imposible de respetar en un entorno como este. Sobre todo, si los guardias hacen todo lo posible para que su vida sea aún más insoportable e inestable.

Además, los controles médicos que debería realizar el personal sanitario de la prisión están lejos de ser suficientes. La hepatitis C, en la mayoría de cárceles estadounidenses², se considera una enfermedad de menor importancia y aunque existe un tratamiento perfectamente adecuado para esta enfermedad, que aqueja, en Pensilvania, a más de 53 000 personas, los reclusos que la padecen —alrededor de 7000 únicamente en Pensilvania— reciben tratamientos poco eficaces.

El laboratorio Gilead Sciences, Inc.³⁴ desarrolló una medicina antiviral que ofrece un 95% de probabilidades de recuperación. Sin embargo, ningún recluso tiene acceso a ella, puesto que la administración penitenciaria se niega a pagar entre 83 000 y 95 000$ por una sola fase del tratamiento. ¿Acaso no se trata esto de una decisión que inflige, deliberadamente, un trato inhumano que se asemeja a la tortura y trasgrede el derecho a una vida digna, incluso en prisión? Estos reclusos son sometidos a sufrimientos inútiles y condenados a una muerte segura. Una manera de morir más pronto, un completo cinismo institucional.

Los abogados de Mumia incoaron un recurso ante el Tribunal Federal de Justicia de Pensilvania, ya que la poca atención que se ha prestado a su enfermedad, a pesar de que su vida está en riesgo, trasgrede la 8° enmienda de la Constitución de Estados Unidos⁵ e incumple la norma establecida por el Juez Mariani⁶, que precisa que para tratar la hepatitis C, se deben suministrar medicamentos antivirales, como el Harvouni o el Sovaldi.

Los abogados esperaban que, de conformidad con esta norma, la decisión de justicia forzara a la administración penitenciaria a brindar un tratamiento médico apropiado. Pero este no fue el caso. El juez justificó su falta de reacción ante las autoridades de la prisión con el argumento de que el recurso presentado no mencionaba específicamente los nombres del comité médico. Una decisión que convino perfectamente a la administración del establecimiento, que decidió suministrar dicho tratamiento solo a 24 reclusos —de los 7000 que lo necesitan— que se encontraban en fase casi terminal.

El pasado 30 de septiembre, uno de los abogados de Mumia, Bret Grote⁷, entabló un nuevo proceso para obtener una orden que obligue a las autoridades penitenciarias a acatar, sin ninguna distinción, el fallo del juez Mariani.

Pero esta no es la única decisión que el estado de Pensilvania ha pasado por alto. El pasado mes de junio, el gobernador Tom Wolf —miembro del partido demócrata— firmó un decreto legislativo que obliga a los establecimientos penitenciarios a realizar un test de hepatitis C a todos los reclusos, nacidos entre 1945 y 1965, que visitan al médico frecuentemente o reciben tratamientos regulares. Aun así, todavía no se ha asignado ningún presupuesto para esto, pues las autoridades penitenciarias argumentan que no disponen de fondos para responder a esta obligación. Una vez más, se constata el cinismo de un sistema que no solamente practica el encarcelamiento masivo de sus ciudadanos, sino que también se rehúsa a realizar análisis que podrían salvar vidas y reducir considerablemente la propagación de esta enfermedad endémica, cuyas principales víctimas son los afroamericanos

En mayo de 2016, el Comité de Farmacia y Terapéutica sugirió que se restringiera el uso de estos medicamentos. Afortunadamente, por el momento, el secretario del estado de Pensilvania, Ted Dallas, ha rechazado tal propuesta.

La salud de Mumia, así como la salud de miles de reclusos de las diferentes prisiones del Estado norteamericano, está sujeta a unos sórdidos cálculos, en los que se concluye que las vidas de estos hombres y mujeres valen menos que las de los demás.

Si bien la Constitución y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos establecen la igualdad entre los ciudadanos, algunos de los fallos emitidos levantan ciertas dudas acerca de su constitucionalidad. De hecho, la justicia también lo ha comprendido de esta manera y ha terminado por admitir que esta discriminación con respecto al derecho a la vida y al derecho a la salud es anticonstitucional.

En torno a este tema del derecho fundamental a la vida y a la dignidad humana, se ejerce una dinámica de poder, debido a que el Estado considera que su derecho interno prevalece sobre los demás.

Poco importa el derecho internacional y sus normas imperativas, poco importan los derechos fundamentales, poco importan las recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial CERD, en 2014, o por los diferentes expertos internacionales⁸. En realidad, estos derechos quedan a merced de sus normas, que solo benefician plenamente a una parte de la población.

** No sería falso afirmar que, en Estados Unidos, el derecho se aplica con el fin de defender el orden, sin importar la justicia y la rule of law. Sin embargo, este país alardea de ser un modelo en materia de derecho, mientras mantiene a más de un cuarto de su población en una situación semejante a la que se vivía durante el Movimiento por los derechos civiles, e impone sus puntos de vista al resto del mundo mediante guerras imperialistas.**

Pero en este contexto sombrío y complejo, aún brilla una luz de esperanza. No olvidemos que, en 2011, tras varios años de lucha y movilización, dos abogadas lograron sacar a Mumia del corredor de la muerte. Estas mismas abogadas, Judith Ritter y Christina Swans, acaban de entablar un recurso para que se revise el proceso que lo había condenado a la pena capital en 1982.

En efecto, hace poco tiempo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el fallo del juez Ronald D Castille que condenaba a muerte a Terrance Williams⁹.

Este juez no solo firmó la condena a muerte del joven Williams, en calidad de fiscal del distrito, sino que también actuó como juez durante el proceso de apelación que entablaron los abogados de Terrance Willams. El Tribunal Supremo, sin tener en cuenta en lo más mínimo este conflicto de intereses, revisó la decisión y solicitó que se abriera un nuevo proceso.

Mumia se encontró en el mismo caso y con el mismo juez, por lo que las abogadas se basaron en esta jurisprudencia para solicitar la revisión de su proceso que, en ese entonces, estaba cubierto de racismo e injusticia.

— Publicado el 12 de mayo 2017.¶