El Ministerio de Justicia es responsable de la administración penitenciaria (Department of Corrections), que a su vez se encarga de la atención sanitaria en prisión. Algunas instalaciones funcionan en asociación público-privada, como el establecimiento penitenciario de Auckland, en Wiri. Todos los centros penitenciarios del país cuentan con una unidad médica que proporciona atención primaria. Los reclusos cuyo estado de salud requiere tratamiento, se transfieren a hospitales públicos. La Corrections Act (ley penitenciaria neozelandesa) de 2004 destaca el derecho de cada recluso a recibir tratamiento médico cuando sea “razonablemente necesario”, y expone que las normas del servicio de atención médica que se proporciona deben ser “razonablemente equivalentes a la atención sanitaria que se ofrece al resto de la población”.
La prevalencia de trastornos mentales es cinco veces superior en la población carcelaria que en la población general. El SPT observó que “si bien todos los centros visitados tenían acceso rápido a medicación, los presos debían transferirse a las juntas sanitarias del distrito para recibir tratamiento especializado en materia de salud mental”. Asimismo, el SPT expresó que le preocupaba que “no todas las personas privadas de libertad recibieran tratamientos oportunos y adecuados y que la dotación y disponibilidad del personal de la salud e infraestructuras y equipos sanitarios variara enormemente de unos centros visitados a otros”. […] Concluyó que “la capacidad que actualmente tiene el sistema para atender la salud mental de las personas privadas de libertad no responde debidamente a las necesidades reales”.

La administración adoptó con anticipación una estrategia de confinamiento estricto para evitar la propagación del virus. Todos los nuevos reclusos debían guardar cuarentena durante 14 días desde el momento de su llegada.
En abril de 2020, durante el nivel de alerta 4, los reclusos de la mayoría de las instalaciones permanecieron confinados de 20 a 23 horas diarias. “Las celdas son bastante pequeñas, tienen poca ventilación y en muchas de ellas hay literas, por lo que es una situación realmente difícil para cualquiera en el mejor de los casos”, informó la mujer de un hombre recluido en la prisión de Spring Hill.
Tanto el personal penitenciario como los reclusos que habían estado en contacto con una persona infectada, o con alguien que tuviera síntomas de COVID-19, se ponían rápidamente en cuarentena. En septiembre, por ejemplo, dos reclusos y a alrededor de 20 funcionarios de la prisión de Auckland tuvieron que confinarse después de que un familiar del personal diera positivo. Por otra parte, se exigió al personal penitenciario llevar guantes, mascarillas, batas y protección en los ojos cuando tratasen con reclusos de los que se sospechaba que habían contraído la COVID-19.
A finales de abril, la Inspección de Prisiones (The Office of the Inspectorate) reanudó sus visitas. Tras seis visitas, la inspectora jefe observó que había interacciones positivas entre los reclusos y los miembros del personal, así como una buena comprensión general de la importancia de tomar medidas preventivas en materia de salud y seguridad.
“Observamos que las instalaciones han adoptado medidas de higiene adecuadas y que el personal utiliza los EPI correctamente. Se ha mantenido bien informados a los reclusos, quienes, lógicamente, han tenido que permanecer más tiempo en sus celdas, pero está medida se está empezando a levantar”.

Las audiencias de libertad condicional y los seguimientos presenciales se suspendieron entre mayo y julio de 2020. Durante este periodo, la comisión encargada de acordar las medidas de libertad condicional (parole board) llevó a cabo 600 audiencias por videollamada. “No se atrasó ninguna audiencia y en todos los casos los abogados pudieron presentar demandas en nombre de sus clientes de una forma u otra”, afirmó el presidente de la comisión, que suele celebrar 9000 audiencias al año.
A principios de agosto, las prisiones del norte se encontraban en nivel de alerta 3, por lo que se suspendieron las liberaciones programadas y temporales, así como los traslados y las actividades de reinserción fuera de prisión; se hicieron algunas excepciones.

Los permisos de salida para realizar actividades laborales se suspendieron desde el 24 de marzo hasta el 13 de mayo debido al nivel de alerta 4.
Durante los niveles de alerta 3 y 4, se distribuyeron diferentes artículos para mantener a los reclusos ocupados, como cuadernos de actividades, elaborados por el Centro de Intervenciones Clínicas, que incluían “unidades sobre cómo mejorar la autoestima, cuadernillos de matemáticas y de alfabetización, libros de actividades para ejercitar la mente e información sobre el bienestar, como programas de entrenamiento”. Se identificaron otras iniciativas, como el acceso a “canales de televisión adicionales, la retransmisión de películas dentro de la celda, la distribución de meriendas además de la comida, la organización de sesiones de juegos de mesa y la autorización para prestar más libros de la biblioteca”. El equipo del Defensor del Pueblo observó que, en una prisión, durante los niveles de alerta 3 y 4, no se realizaban actividades para mantener ocupados a los reclusos.

A principios de agosto, las prisiones del norte, que se encontraban en nivel de alerta 3, suspendieron las actividades de reinserción fuera de prisión, las actividades laborales, los programas de rehabilitación presenciales y las labores no esenciales, entre otras. En las instalaciones, con nivel de alerta 2, las actividades relativas a la educación, el empleo, la rehabilitación y la construcción se mantuvieron, mientras fuera posible conservar el distanciamiento físico.

En agosto de 2020, las reclusas de la prisión para mujeres de Auckland y de la prisión de Invercargill confeccionaron mascarillas para la comunidad. Algunas obras creadas por reclusos de la institución correccional de la región de Northland se exhibieron durante el primer confinamiento.

Todas las visitas se suspendieron del 24 de marzo al 13 de mayo ─durante el nivel de alerta 4─ y las entrevistas con los abogados solo se podían realizar por teléfono.
Para compensar la suspensión de las visitas, la administración repartió tarjetas de prepago (5 dólares neozelandeses) cada semana y facilitó el acceso al correo electrónico. Se pusieron en marcha nuevos medios para mantener el contacto, como la instalación de teléfonos adicionales y la realización de videollamadas en la mayoría de las instalaciones (según la disponibilidad y únicamente para visitantes previamente autorizados).
Cuando se reanudaron las visitas, los familiares, abogados, voluntarios e investigadores pudieron volver a entrar en las prisiones. Se instalaron cámaras térmicas en la entrada para evitar que las personas con más de 38°C ingresaran a los centros, y se pidió a los visitantes que se lavaran las manos con frecuencia y usaran mascarilla. Algunas medidas de distanciamiento físico se siguen aplicando para limitar el número de visitantes en cada zona.
Tras el confinamiento, la administración penitenciaria ha seguido repartiendo tarjetas telefónicas cada semana, y ha pedido a los reclusos y a sus familiares que utilicen el correo electrónico y las videollamadas.

En junio de 2020, algunos familiares de los reclusos de la prisión de Rimutaka se quejaron de las medidas de distanciamiento físico que se habían establecido, pues a pesar de que la instalación estaba en nivel de alerta 1, estaba prohibido abrazar a sus seres queridos. La administración penitenciaria estudió las quejas y confirmó que el distanciamiento físico no era necesario en el nivel de alerta 1.

El 13 de agosto, se suspendieron de nuevo las visitas en las prisiones del norte, ya que Auckland se encontraba en nivel de alerta 3. Las autoridades siguieron facilitando el contacto por medio de videollamadas, llamadas telefónicas, cartas y correo electrónico. Las visitas reglamentarias de la Inspección de Prisiones y de la oficina del Defensor del Pueblo siguieron celebrándose. En otras instalaciones en nivel de alerta 2, se seguían autorizando las visitas, pero se implementaron medidas de seguridad adicionales para todos los visitantes.
El 7 de octubre, el nivel de alerta bajó a nivel 1, por lo que ya no se exigía el uso de mascarillas y el distanciamiento físico durante las visitas. Sin embargo, se siguieron aplicando otras medidas: todos los visitantes tenían que responder a un cuestionario de control de enfermedades, debían lavarse las manos y proporcionar su información de contacto en caso de una posible exposición a la COVID-19. Además, tenían que pasar por las cámaras térmicas, y podía prohibírseles la entrada si su temperatura era superior a 38º C.

El 8 de mayo de 2020, miembros del personal penitenciario se quejaron por el aumento del número de reclusos que les lanzaban escupitajos. Como informaron medios locales, entre el 1 y el 7 de marzo, el personal sufrió 68 de estas agresiones, a menudo, en la cara. Durante el mismo periodo en 2019, la administración registró 50 incidentes de este tipo. A todos los miembros del personal que se vieron afectados se les examinó dos veces en busca de enfermedades infecciosas: después de cada incidente y tres meses después. El presidente nacional de la Asociación de Correccionales de Nueva Zelanda declaró: “es una forma muy ofensiva de ataque y es muy duro para el personal (…). Durante tres meses, los trabajadores no sabían qué podían haberle transmitido los reclusos. Es mentalmente angustioso”.

En abril de 2020, la organización Just Speak alertó sobre la vulneración de los derechos de los reclusos y el peligro que suponían las medidas de confinamiento para algunos de ellos. La ONG animó a la ciudadanía a que hiciera un llamamiento a sus representantes políticos y a las autoridades del Gobierno para que tomaran medidas y redujeran la población carcelaria con el fin de proteger a los reclusos y al personal penitenciario.
En junio, el Defensor del Pueblo principal informó sobre sus visitas de inspección en 45 unidades de 9 prisiones en Auckland, Wellington y Christchurch, durante las que todas las instalaciones estaban en nivel de alerta 3. Señaló que “el control independiente es esencial durante esta época sin precedentes” y observó que la administración penitenciaria había respondido a la pandemia “de una forma eficaz, equilibrada y con los recursos necesarios”. No obstante, observó que se había privado a algunos reclusos de su hora diaria al aire libre, sobre todo durante los niveles de alerta 3 y 4. Las autoridades de la prisión respondieron que se aplicarían las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
En septiembre, el coordinador nacional de Amnistía Internacional criticó la administración penitenciaria, sobre todo por su gestión en la prisión de mujeres de Auckland, en la que existe una “cultura represiva”. Asimismo, puso de relieve el uso excesivo del confinamiento, tanto antes como después de la pandemia, y la falta de transparencia del Gobierno.