Nicaragua: CIDH pide investigar torturas en las cárceles del país

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado de Nicaragua investigar las supuestas torturas contra mujeres privadas de la libertad para identificar y juzgar a los responsables.

Margarette May Macaulay, presidenta del organismo, dijo que el país debe encontrar a los responsables de “tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” en el marco de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.

La CIDH demandó en un comunicado “iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, por todos los medios legales disponibles”.

El organismo internacional hizo la petición luego de realizar una visita de trabajo al país centroamericano del 25 al 27 de octubre. Allí el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) informó las condiciones de las mujeres privadas de libertad.

Entre los problemas que enfrentan las internas está la insalubridad de los establecimientos y la restricción para recibir visitas. “Las mujeres con condiciones de salud crítica no estarían recibiendo atención médica adecuada y oportuna, entre ellas, Brenda Muñoz Martínez (enferma con cáncer). En el caso de las mujeres trans, estas estarían siendo privadas de libertad en el centro de detención para hombres”, refiere la CIDH.

El gobierno insiste en calificar a las personas de “presas terroristas y golpistas”, refiriéndose a un grupo de 12 mujeres que fueron detenidas durante las manifestaciones contra el presidente Daniel Ortega. Afirmó el pasado viernes que se les garantizó atención médica, pero no especificó si recibieron ayuda de especialistas o las medicinas necesarias para sus enfermedades.

Una de las personas en peor estado sería Brenda Muñoz, quien según sus familiares no recibía atención médica a pesar de sufrir cáncer terminal.

La crisis en Nicaragua inició en abril de 2018 con protestas contra una reforma en el sistema de seguridad social propuesta por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Las manifestaciones crearon un movimiento de rechazo hacia Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Las manifestaciones han recibido una fuerte represión del gobierno nicaragüense registrando cientos de muertes.

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