Los reclusos transexuales son objeto de violencia y discriminación que, de acuerdo con la APT, se exacerban en prisión. La guía menciona “las prácticas de intimidación, acoso, violencia verbal o psicológica, la explotación, así como la violencia física y sexual, entre ella, las violaciones”. Se han registrado graves abusos en prisión: las personas LGBTI son alojadas voluntariamente en celdas en las que se encuentran delincuentes sexuales, otras son “forzadas” a tener relaciones sexuales con el personal penitenciario ”a cambio de favores como cigarrillos o alcohol”.

Las agresiones también pueden incluir golpes en el pecho para hacer estallar sus implantes. En ocasiones, se les obliga a simular interacciones sexuales con sus compañeros, a veces, instigadas por el personal penitenciario, que cobra por ver esta escenas…” ¹

La guía reitera la necesidad de capacitar al personal penitenciario de manera adecuada para poner fin a la violencia verbal, el primer paso hacia la intimidación y la violencia física: ”mientras el personal penitenciario y los directores de las prisiones no luchen contra este tipo de comportamiento, están contribuyendo a instaurar un clima homofóbico y transfóbico, en el que se puede perpetrar violencia física y verbal en toda impunidad”.

• Las comisarías no deben retener a una persona por más de 48 horas. Algunas fuentes han informado que muchas personas LGBTI han tenido que pagar una parte de su pena en esos lugares, en los que no hay acceso directo a los sanitarios, no hay luz natural, y las personas son puestas en celdas colectivas.
Las condiciones de reclusión inadecuadas suponen graves riesgos para las personas LGBTI, quienes pueden ser víctima de violencia por parte de sus compañeros. Las mujeres transexuales son encarceladas en celdas colectivas en función del sexo que se le asigna al nacer, y sin tener en cuenta su propia identidad de género.

• La retención en un centro para migrantes es una medida administrativa y no punitiva. Las listas de solicitantes de asilo se establecen a menudo sin tener en cuenta los riesgos asociados a la orientación sexual y la identidad de género. Este es el caso de las personas LGBTI que no pueden recibir la protección a la que tienen derecho. La instrucción que se les da entonces es que sean “discretas” y “disimulen su “orientación sexual” con el fin de limitar las agresiones.