El Salvador : hacinamiento, crimen y virus, la historia detrás de las fotos de presos

Presidiarios sacados al patio, desnudados y sentados uno encima del otro. Miembros de la misma pandilla recluidos en la misma celda. Un panel de acero soldado a las rejas, para impedir la visión del exterior. La respuesta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, al incremento en los homicidios en el país ha dado la vuelta al mundo.

“Ya no se podrá ver hacia afuera de la celda. Esto evitará que puedan comunicarse con señas hacia el pasillo. Estarán adentro, en lo oscuro, con sus amigos de la otra pandilla”, señaló el mandatario centroamericano en la red social Twitter, después de que el país registrase 59 asesinatos del viernes al domingo de la semana pasada.

Bukele y sus funcionarios creen que los pandilleros, desprovistos ahora de teléfonos móviles, comunican por señas a quienes van a salir de prisión algunas instrucciones que después se traducen fuera en extorsiones o asesinatos. Él mismo incluyó, en su mensaje, fotografías de funcionarios soldando las planchas de acero a las verjas, tras declarar el Estado de “emergencia máxima” por los asesinatos.

Las imágenes generaron una avalancha de reacciones. “Son instantáneas deshumanizantes, muy crudas y muy violentas”, comenta Tiziano Breda, analista para Centroamérica del International Crisis Group. “Lo hace con dos objetivos. Uno es mandar un mensaje a las pandillas mismas, porque sabe que hay una relación muy fuerte entre los que están adentro y los que están afuera. Se solidarizan entre ellos y los que están en libertad no quieren perjudicar a los de adentro, ni tampoco pagar las mismas consecuencias si quedan presos. Es una amenaza para que los que están afuera dejen de cometer esos crímenes”, añade el experto.

“Por otro lado, es un mensaje también dirigido a la opinión pública. Siempre ha habido bastante apoyo popular al tema de tener mano dura, de mostrar fuerza contra las pandillas”, asegura Breda. Nayib Bukele llegó a la presidencia en junio de 2019, rompiendo tres décadas de bipartidismo, prometiendo reducir la violencia en uno de los países más peligrosos del mundo fuera de zonas de guerra. Buena parte de la violencia es generada por las pandillas, que controlan extensos territorios en el país, donde los vecinos se enfrentan cada día a fronteras invisibles y extorsiones.

El Salvador, como síntoma

Durante su mandato se ha producido un acusado descenso de los homicidios en su país, que registró 2.374 asesinatos en 2019, hasta 974 menos que el año anterior. En 2015 llegaron a morir asesinadas 18 personas al día. En enero de este año, en contraste, se registraron 120 asesinatos y en febrero 114, siendo ambos meses los menos violentos desde el final de la Guerra Civil, en 1992.

Pero las medidas carcelarias de Bukele y otros episodios políticos, como la irrupción del presidente en el Congreso, el pasado diez de febrero, acompañado de decenas de militares después de que la cámara, en la que no tiene mayoría, se negase a debatir un préstamo al país, han puesto en alerta a las ONG. “Si Nayib Bukele continúa por el mismo camino, se graduará muy pronto de caudillo. Tenemos la obligación de hacer todo lo posible por evitar que El Salvador se convierta en otra dictadura latinoamericana”, decía esta semana José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Pero al organismo no le preocupa sólo la situación de las cárceles salvadoreñas. La pandemia mundial de coronavirus ha incendiado las cárceles de la mayoría de los países de la región. “La insalubridad y la sobrepoblación en las cárceles y los centros de detención juvenil de la mayoría de los países de América Latina y el Caribe generan las condiciones perfectas para que se produzcan brotes del covid-19”, alertó HRW esta semana en un comunicado.

La falta de higiene, la superpoblación —en El Salvador las cárceles están a un 300% de su capacidad y en Brasil al 168%— y el deficiente acceso a la salud de los centros penitenciarios favorecen la difusión del coronavirus. La mayoría de los países son conscientes de la problemática, y han introducido medidas en las prisiones para evitarlo. Alrededor de 1,5 millones de reclusos latinoamericanos han visto cómo eran prohibidos en sus centros las visitas de familiares.

Virus y rejas

Pero esas medidas, además del miedo a la infección, han creado fuertes tensiones. Uno de los primeros episodios se dio en Brasil. Al menos 1.350 presos se escaparon de varios centros del Estado de Sao Paulo el pasado 17 de febrero, después de que el Gobierno estatal cancelase la salida temporal de 34.000 presidiarios en régimen semiabierto. Cientos de ellos fueron recapturados en los días posteriores, pero muchos continúan a la fuga. Los líderes de los grupos criminales brasileños presentes en las cárceles han amenazado en varias ocasiones con motines y violencia.

Seis días después de los sucesos en Sao Paulo, hasta 23 presos morían en la cárcel La Modelo de Bogotá, después de una noche de protesta masiva en varias de las prisiones de Colombia. Los presos reclamaban mayores medidas de protección contra el coronavirus. Al menos 82 presos más han resultado heridos en la prisión capitalina, tras la intervención policial. Dos reclusos murieron en los motines que estallaron en otras 12 prisiones.

Los motines sangrientos han llegado también a Perú. Al menos nueve reclusos murieron, durante un motín en el penal capitalino Miguel Castro Castro, que después se extendieron a, al menos, cinco reclusorios más. Los presos reclamaban test de coronavirus, y atención médica. “El ministerio de Justicia está manejando pésimamente el problema de las cárceles”, comenta el analista peruano Javier Torres Seoane, director de Noticias SER.

“Negaron que hubiese problemas y mantuvieron una actitud pasiva que hizo que no se tomaran las medidas suficientes para impedir que el virus penetre en las cárceles. Ahora la situación se ha desbordado. En más de un caso, el penal debería ser desocupado para su desinfección total y los presos deberían ser instalados en algún tipo de penal temporal, como instalaciones militares o policiales”, añade.

El virus ha irrumpido con fuerza en las prisiones del país andino y los internos tienen miedo. Prácticamente la mitad de los reos que han sido testeados han dado positivo por covid-19. Perú registra 645 contagios y 30 fallecimientos en las cárceles del país. La lista de contagios no para de crecer. Las cárceles de América Latina registran, al menos, 1.400 positivos por coronavirus, entre presos y guardias, según la agencia AP.

Muchos son casos de contagios masivos. La cárcel de Villavicencio, capital del Meta colombiano, acumula más de 300 contagios por coronavirus, entre trabajadores e internos. Al menos tres personas han fallecido.

Un juez de la ciudad llanera ordenó recientemente trasladar a los internos mayores de 60 años del lugar, para evitar su contagio. Los presos han denunciado tardanza en las visitas médicas e incluso una depauperación de su alimentación, ya que casi todas las personas que preparaban la comida en la cárcel han resultado contagiadas. Los presos iniciaron una huelga de hambre el pasado 26 de abril para pedir soluciones y podrían estar al borde del motín.

En huelga de hambre están también más de 1.400 presos en Argentina. Reclaman ser recluidos en sus casas, después de que se produjese un motín en un penal bonaerense la pasada semana en el que se registraron varios heridos. El pasado 21 de abril, un motín en la prisión de Corrientes dejó un preso muerto a manos de las fuerzas de seguridad y 14 heridos, dos de los cuales eran funcionarios de prisiones. En marzo, cinco presos murieron en motines en reclusorios de la provincia de Santa Fe.

Otro caso de contagio masivo se ha presentado en Chile. Al menos 150 personas relacionadas con la prisión de Puente Alto, situada en la capital, Santiago, han dado positivo por coronavirus. El lugar fue escenario de un motín el pasado 22 de abril. Los presos tomaron a cinco funcionarios como rehenes en protesta por las condiciones sanitarias del penal. Las autoridades penitenciarias han trasladado a decenas de presos no contagiados a otros recintos.

También hay preocupación en República Dominicana. La cárcel de la Victoria, que alberga a más de 8.000 presos, cuando su capacidad es cuatro veces menor, y fue escenario de un motín a principios de mes, registraba este miércoles a 255 positivos por covid-19. Todos ellos fueron trasladados a centros de aislamiento, según las autoridades.

¿Liberar a los presos?

Varias ONG han recomendado la liberación de parte de los presos para evitar la pandemia en los centros. Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, pidió, a finales de marzo, reducir la población carcelaria, con la salida de “toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente, incluyendo los prisioneros políticos y los detenidos por haber expresado opiniones críticas o disidentes”. “Mantener a prisioneros detenidos durante la crisis del covid-19 es un gran riesgo y debería ser una medida de último recurso”, añadió.

Chile, Colombia, Ecuador y Brasil ya han excarcelado a miles de presos. En el país austral existió controversia, ya que parte de la bancada oficialista reclamó insistentemente, la salida de presos acusados de violaciones de Derechos Humanos cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, aunque finalmente la Justicia chilena les hizo desistir. Colombia, por su parte, declaró una “emergencia carcelaria”, y liberó a 4.000 presos que ya han cumplido el 40% de su pena, o a los pertenecientes a grupos de riesgo.

En Norteamérica, el Senado mexicano ha aprobado, tras frenéticas sesiones, una ley de amnistía que prevé la excarcelación de unos 10.000 presos, para evitar la propagación del virus. Existen, por otro lado, experimentos como los ‘presidios-cuarentena’, del Estado brasileño de Minas Gerais. Son lugares donde quienes han sido recién arrestados pasan 15 días, antes de ser trasladados a una prisión.