El Ministerio de Justicia se encarga de la administración penitenciaria a través del Departamento de Servicios Correccionales (Department of Correctional Services, DCS). Dos centros penitenciarios están gestionados en asociación público-privada (APP): Kutama Sinthumule (GEO Group, Estados Unidos) y Mangaung (G4S, Gran Bretaña).
La atención médica en prisión está a cargo del Viceministerio de Servicios Correccionales, que forma parte del Ministerio de Justicia.
Si bien se debe realizar un reconocimiento médico a todas las personas que ingresan en prisión, este procedimiento no se hace de forma sistemática.
La mayoría de las enfermerías se encuentran en un estado lamentable, la atención médica es insuficiente y hay escasez de suministros médicos y farmacéuticos.

En marzo de 2020, las personas privadas de libertad expresaron su temor, puesto que sus condiciones de reclusión podían favorecer la propagación del coronavirus. En la prisión de St. Albans, por ejemplo, más de un centenar de internos compartía una celda y nuevos reclusos seguían ingresando a diario. En ciertas prisiones hubo cortes de agua, que duraron incluso varias semanas, lo que empeoró las ya críticas condiciones de higiene tanto para los reclusos como para el personal. En julio, un recluso de la prisión de Thohoyandou declaró que “los inodoros no tenían agua y no se podían descargar, y que los reclusos tenían que beber agua almacenada en basureros, en la que también se lavaban las manos y los platos”. En septiembre, todos los suministros y fuentes de agua de los alrededores de St. Albans estuvieron vacíos por varias semanas. Una guardia del centro penitenciario alertó que los reclusos y el personal debían hacer fila para recibir agua de contenedores llevados a diario, lo que imposibilitaba el distanciamiento físico. Además, afirmó que, a menudo, era imposible descargar los inodoros durante varios días. Los reclusos también se quejaron de la falta de alimentos, ya que muchos de los internos que normalmente se encargaban de la cocina estaban en cuarentena.
Algunos reclusos y organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre el difícil acceso a la atención médica durante la pandemia. En dos centros penitenciarios, los internos informaron que la enfermería había cerrado y que no había personal médico presente en las instalaciones para brindar tratamiento. En julio, los reclusos de la prisión de Sun City hicieron una huelga de hambre para protestar contra la absoluta falta de acceso a la atención médica:

“Es un desastre (…) Todos los días se muere alguien. La semana pasada, dos personas diabéticas murieron porque no recibieron sus inyecciones.”

En marzo, las autoridades anunciaron medidas preventivas, que incluían una campaña de “limpieza profunda” de todas las prisiones. Si bien el Ministerio de Justicia aseguró que se había enviado suficientes equipos y suministros a todos los centros penitenciarios, varios reclusos, miembros del personal y de la sociedad civil denunciaron una falta sistemática de EPI y de desinfectante de manos. A inicios de abril, algunos periodistas recolectaron pruebas que demostraban que el personal penitenciario no contaba con equipo de protección y que los dispensadores de gel hidroalcohólico, presentados durante la visita del ministro a la prisión de Sun City, en realidad estaban llenos de agua. En junio, algunos internos de las prisiones de Leeuwkop, Baviaanspoort y Zonderwater, en pánico debido a la falta de medidas preventivas, se quemaron intencionalmente con agua hirviendo o se inyectaron productos de limpieza para intentar que los pusieran en cuarentena .
En mayo, tras la única visita realizada durante la pandemia a la prisión de Sun City, en Johannesburgo, los inspectores de prisiones informaron que los reclusos pasaban días enteros encerrados en sus celdas, solo podían salir a la hora de comer y no tenían permitidas las salidas diarias al aire libre.
Algunos internos y miembros del personal denunciaron la gestión inadecuada de los ingresos y los movimientos en los centros; a los reclusos recién llegados no se le realizaban pruebas ni se les aislaba del resto de la población. En abril, algunos miembros del personal penitenciario de St. Albans y de East London que viven con sus familias en más de 800 apartamentos y casas en las instalaciones de la prisión manifestaron su preocupación, ya que no se realizaban pruebas a sus familiares, quienes vivían en las mismas áreas que los funcionarios infectados. Por otra parte, los periodistas que ingresaban a la prisión de Sun City no pasaban por ninguna revisión médica.

En mayo y julio, algunos miembros del personal iniciaron una huelga para protestar contra la toma de temperatura de los reclusos recién llegados, medida que consideraban ineficaz, puesto que se habían registrado algunos casos en el resto de la población carcelaria.

En junio, internos de diversos centros penitenciarios sugirieron que los miembros de la administración penitenciaria que residían fuera de la prisión dejaran de ingresar a las instalaciones y se limitaran a escoltar los traslados de los reclusos.
En julio, tras la muerte de tres trabajadores de prisiones, la administración penitenciaria instó a los oficiales a que no comieran, se sentaran o se movilizaran en grupo, a lo que el personal respondió que la sobrepoblación imposibilitaba el distanciamiento físico incluso para ellos. En septiembre, se informó que la administración sacó de cuarentena a varios guardias de Kgosi Mampuru, sin considerar las medidas de prevención.

En abril de 2020, se registraron los primeros casos positivos en el personal de los centros penitenciarios de East London, St. Albans, Kutama Sinthumule, Worcester y Warm Bokkeveld. Al 19 de abril, 56 reclusos y 43 miembros del personal habían dado positivo en varias provincias. El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (National Institute of Communicable Diseases) anunció que iniciaría campañas de cribaje tras identificar nuevos casos entre los miembros del personal de East London. En junio, algunos reclusos de Leeuwkop declararon haber esperado sus resultados por más de un mes.

A finales de abril, el Gobierno anunció que se abriría una investigación para determinar la causa de la muerte de un oficial de prisión en la provincia de Cape-Western.

El 23 de junio, siete reclusos y seis miembros del personal fallecieron por COVID-19. Dos meses más tarde, las cifras de decesos aumentaron a 43 reclusos y 60 miembros del personal penitenciario. El 25 de septiembre, se registraron más de 177 casos entre la población penitenciaria en la prisión de Kgosi Mampuru, que alberga más de 7000 reclusos. Cinco de ellos fallecieron.
En abril, el Gobierno lanzó un contador en línea para informar sobre el contagio en reclusos y en oficiales. Tanto los reclusos como el personal penitenciario cuestionaban frecuentemente la veracidad de las cifras publicadas.

La organización Africa Criminal Justice Reform (ACJR) observó un aumento en el número de personas en espera de juicio durante la pandemia: “Dado que los tribunales no funcionaron correctamente durante la cuarentena, la gente no podía salir de prisión”. Muchos asuntos judiciales se retrasaron varias semanas, pues no se contaba con suficientes guardias para escoltar a los reclusos a las audiencias. Más de 500 extranjeros, que habían cumplido su condena, tuvieron que permanecer en prisión, ya que el cierre de las fronteras impedía su deportación. En junio, el Ministerio de Justicia aseguró que más de la mitad de la población carcelaria del país se encontraba a la espera de juicio. Por otra parte, el gran número de personas arrestadas por violar la cuarentena aumentó el problema de la sobrepoblación.
En abril, un supervisor de servicios penitenciarios y una coalición de ONG [instó](https://www.groundup.org.za/media/uploads/documents/JICS_DJF COVID-19 release of prisoners_23 April 2020 djf-1.pdf) al Ministerio de Justicia a liberar a los reclusos enfermos, a los de edad avanzada, a aquellos condenados por delitos no violentos, a los que le quedaba un año o menos de pena, y a los migrantes indocumentados.

Un mes después, el presidente sudafricano anunció la liberación anticipada de 19 000 reclusos, cifra que representa el 12 % de la población carcelaria del país.

Las personas condenadas por delitos menores, que ya habían cumplido una parte de su condena, saldrían bajo libertad condicional el 17 de julio de 2020; aquellas condenadas por asesinato, tentativa de asesinato, abuso sexual o abuso infantil no eran eligibles para esta medida pese a encontrarse en los centros penitenciarios más sobrepoblados.
Tras este anuncio, la Organización Sudafricana de Reclusos por los Derechos Humanos (South African Prisoners Organisation for Human Rights, SAPOHR) pidió la liberación anticipada de otros 24 000 reclusos con el fin de ajustar la población carcelaria a la capacidad oficial del sistema penitenciario, es decir 120 000 personas. Al 30 de junio, solo se habían otorgado 4000 de las 19 000 liberaciones anunciadas. En septiembre, muchos reclusos enfermos en la prisión de Ncome (KwaZulu-Natal) se quejaron de que el Gobierno no había cumplido con el programa de liberación y afirmaron temer por sus vidas. Los reclusos liberados eran elegibles para el subsidio de asistencia social financiado por el Departamento de Desarrollo Social bajo las mismas condiciones que las personas desempleadas en la población general.

El 18 de marzo de 2020, se suspendieron o restringieron los talleres y programas educativos, así como las actividades que incluían actores externos, entre ellas, los programas de rehabilitación. En junio del mismo año, algunos reclusos fueron trasladados a Barberton (en la provincia de Mpumalanga) para construir un hospital de cien camas para atender a las personas enfermas de COVID-19.

Familia y seres queridos¶

El 18 de marzo, se suspendieron la mayoría de las visitas por un periodo de 30 días con algunas excepciones, en particular, para las visitas de periodistas.
Los familiares de los reclusos suelen llevarles paquetes con ropa de cama, jabón, comida, y demás artículos que la administración no provee en cantidad suficiente. Tras la suspensión de las visitas, los reclusos se quejaron de que no recibían los paquetes ni las cartas que les enviaban sus familias. Además, la administración penitenciaria no distribuyó artículos adicionales de forma efectiva.
La organización Africa Criminal Justice Reform (ACJR) afirmó que muchos de los teléfonos de la prisión ya estaban fuera de servicio antes de la pandemia y que resultaba poco probable que se hubieran reparado durante la cuarentena nacional. No se repartieron teléfonos adicionales ni hubo señal alguna de que se fuera a ofrecer llamadas gratuitas temporalmente. Por falta de equipo disponible, no se implementó ningún sistema de videollamadas o correos electrónicos para que los reclusos pudieran mantener el contacto con sus familias. Algunas organizaciones locales han lamentado la falta de esfuerzos efectivos por parte de la administración para que los internos mantengan los vínculos con el mundo exterior.
El 2 de septiembre, la administración implementó una línea telefónica especial para que los familiares pudieran realizar consultas y presentar reclamos en horarios de oficina.
El 7 de septiembre, se reanudaron las visitas; los familiares de los reclusos podían hacer una visita al mes, que debían programar por teléfono o correo electrónico con al menos dos días de antelación. Se exigía a los visitantes usar mascarilla y respetar los protocolos sanitarios. Por otro lado, también se volvió a autorizar la entrega de paquetes durante las visitas. Algunas organizaciones locales lamentaron el levantamiento parcial y tardío de las restricciones para las visitas.

Visitas de inspección¶

Para el 18 de marzo de 2020, se suspendieron todas las visitas de inspección, informes e investigaciones oficiales en las prisiones, incluidas las del órgano de supervisión de las prisiones sudafricanas. La sociedad civil alertó al MNP, especialmente la Comisión Sudafricana de Derechos Humanos y el Cuerpo de Inspectores de Servicios Penitenciarios, (Judicial Inspectorate for Correctional Services, JICS) sobre la necesidad de mantener activos los mecanismos de supervisión.
El 5 de mayo, por primera vez desde el inicio de la pandemia, el JICS visitó la prisión de Sun City (Johannesburgo) tras recibir dos cartas de reclusos que suscitaron inquietudes con respecto a las condiciones de reclusión.
Por su parte, los ciudadanos locales que contribuyen a las visitas del JICS (visitantes independientes de centros correccionales) no pudieron ingresar a los centros penitenciarios hasta el 1 de junio de 2020. Debido al retraso en las visitas, algunas organizaciones de la sociedad civil estimaron que el JICS no podría cumplir con el cronograma programado para el año. No se han asignado recursos adicionales al JICS para mitigar el retraso.

El 19 de abril de 2020, la SAPOHR llamó a sus miembros a “iniciar una resistencia pasiva indefinida, que implicaba el cese de sus actividades laborales, huelgas de hambre pasivas, desobediencia y desnudez”.
En varios centros penitenciarios estallaron motines: algunos reclusos quemaron sus uniformes y colchones, se atrincheraron, lanzaron proyectiles y filmaron con teléfonos móviles de contrabando sus condiciones de vida y sus exigencias. En St. Albans (5 de mayo 2020) y en Butterworth (14 de junio 2020), los reclusos mostraron fotografías y videos de los hechos en internet y a través de sus parientes.
También se registraron varias huelgas de hambre : los reclusos preventivos rogaban para que sus juicios se llevaran a cabo, mientras los penados se quejaban por sus condiciones de reclusión. El 27 de junio, los internos de la prisión de Potchefstroom incendiaron varios pabellones y pidieron que se les realizara la prueba o se les concediera la libertad.

El 13 de julio, los reclusos del pabellón de alta seguridad de la prisión de St. Albans iniciaron una huelga de hambre de varios días para manifestarse en contra de sus condiciones de vida, la falta de higiene y las golpizas que se les infligía. Uno de ellos aseguró que cerca de 2000 reclusos participaron en la huelga.

En las prisiones de Qalakabusha (4 de junio) y de Voorberg (12 de mayo), varios oficiales se negaron a volver al trabajo mientras no se les distribuyera EPI y se aplicaran medidas de prevención adecuadas.
Los movimientos de protesta resultaron en varios decesos. El 20 de abril, el personal penitenciario reprimió un movimiento colectivo en la prisión de Baviaanspoort, en la que dos reclusos resultaron heridos y tuvieron que ser llevados a la enfermería. El 13 de agosto, en la prisión de Westville, un grupo de reclusos apuñaleó a siete oficiales y a un interno mientras recibían el desayuno. Los reclusos explicaron que el incidente “fue producto de meses de tensión acumulada”, “castigos injustificados”, uso excesivo de aislamiento en celdas, incautación de drogas y falta de pruebas diagnósticas.

Varias organizaciones de la sociedad civil alertaron sobre la falta de EPI, desinfectantes y campañas de cribaje masivo en las prisiones. Expresaron su preocupación por los efectos nocivos de la suspensión de las visitas a prisión, e instaron a las autoridades a implementar medidas compensatorias.

Además, calificaron de insatisfactoria la respuesta del Gobierno y aseguraron que los esfuerzos para liberar a los reclusos encarcelados por delitos menores eran mínimos. Por ejemplo, la Red Sudafricana de Personas que Usan Drogas (SANPUD) sugirió que la liberación de aquellos encarcelados por delitos relacionados con las drogas resolvería el problema de la sobrepoblación en los centros penitenciarios.

Según la organización, la mitad de la población carcelaria ha sido condenada por posesión de pequeñas cantidades de droga. Si bien las prisiones de máxima seguridad son las más sobrepobladas, no se ha adoptado una medida de revisión del cumplimiento de las penas para los reclusos de esos centros. Algunas organizaciones de la sociedad civil aseguraron que esta decisión desestimaba el poco riesgo que conlleva la liberación de reclusos no violentos, ancianos, o con problemas de salud preexistentes.