El sistema penitenciario español es competencia de dos administraciones:
I/ la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), bajo la supervisión del Ministerio del Interior, para todas las comunidades autónomas de España excepto Cataluña y
II/ la Dirección General de Servicios Penitenciarios para Cataluña, bajo la supervisión del Departamento de Justicia.
Existe una comisión mixta que permite la coordinación de ambas administraciones. Las condiciones de reclusión varían según la administración a cargo, la infraestructura del centro penitenciario y el régimen de vida, que se basa en un sistema de grados: primer grado (régimen cerrado de alta seguridad), segundo grado (régimen cerrado ordinario) y tercer grado (régimen de semilibertad).
En Cataluña y en el País Vasco, el ministerio encargado de la atención médica en prisión es el Ministerio de Salud, mientras en las demás comunidades españolas es el Ministerio del Interior. La atención médica es gratuita y cada centro cuenta con una unidad médica y un equipo compuesto por al menos un doctor y dos enfermeras. Un psiquiatra, un dentista y un farmaceuta visitan regularmente las instalaciones, pero la presencia de otros especialistas es inusual. Según el MNP de España, la cantidad de personal médico es insuficiente.

Desde marzo de 2020, el Gobierno español ha implementado medidas preventivas para evitar la propagación del virus en las prisiones. La administración penitenciaria de España ya contaba con un stock de alrededor de 100 000 mascarillas quirúrgicas de epidemias anteriores, y recibió 40 000 adicionales por parte del Ministerio de Salud. Para prevenir el contagio, las autoridades penitenciarias ponían en cuarentena a los reclusos que habían contraído el virus. En julio, se aisló a veinte internos en Alicante después de que uno de ellos mostrara síntomas de COVID-19.
En abril, tras identificarse 22 nuevos casos en la prisión Quatre Camins, el Departamento de Justicia de Cataluña anunció que construiría un hospital de campaña en dicho centro para atender a los reclusos enfermos. Para el 13 de abril, en las prisiones catalanas, 58 reclusos y 46 miembros del personal habían contraído el virus. Los funcionarios afirmaron que las cifras reales eran mucho más altas, pero que no se podían confirmar debido a que no se realizaban suficientes pruebas. En junio, la administración penitenciaria de Cataluña decidió retirar los dispensadores de gel hidroalcohólico que había instalado en todos los centros, ya que algunos de los reclusos lo utilizaban para preparar bebidas alcohólicas.

El protocolo de cuarentena puede variar de un centro a otro: en algunos dura siete días y en otros hasta diez o catorce. Aquellos reclusos que han estado en contacto con una persona infectada se aíslan en sus celdas de cinco a siete días.

El OSPDH denunció ante el Defensor del Pueblo de Cataluña (Sindic de Greuges) la situación que los familiares de varios reclusos de la Prisión de Quatre Camins (Cataluña) reportaron en abril de 2020. Uno de los pabellones en renovación (MR-1) se utilizó como área de confinamiento, y los internos aislados no podían recargar sus créditos telefónicos ni comprar comida en el economato. Las duchas, los inodoros y las luces presentaban problemas de funcionamiento y no había suficiente mobiliario como sillas y colchones. Según las quejas, el área no estaba acondicionada para ser habitada. Los reclusos asignados al pabellón MR-1 no podían sacar sus pertenencias de las celdas y, por lo tanto, no podían cambiarse de ropa. Los familiares también indicaron que prácticamente no podían salir al patio o, en ocasiones, solo una hora al día. Según el OSPDH, la administración penitenciaria adaptó y acondicionó el área tras las quejas.

En marzo de 2020, la prisión de Estremera (Madrid) anunció la primera muerte de una persona privada de libertad y el contagio de 38 miembros del personal penitenciario. Dos reclusos más se contagiaron y estuvieron hospitalizados. En total, 125 internos y 225 miembros del personal estuvieron bajo observación médica o en cuarentena.
En abril, las autoridades reportaron que trece internos y 134 miembros del personal penitenciario dieron positivo por COVID-19. Los centros penitenciarios más afectados fueron Picassent, Brieva, Soria y Segovia. A final del mes, el Ministerio de Justicia declaró que “la COVID-19 ha afectado a la población carcelaria cuatro veces menos que a la población general”.
Al 22 de julio, el número de contagios se elevaba a 85 entre los reclusos y a 278 entre los miembros del personal penitenciario. La subdirectora general de Sanidad Penitenciaria manifestó su satisfacción por la rápida implementación de medidas preventivas desde el inicio de la pandemia. Según las autoridades, estas medidas ayudaron a contener la propagación del virus en los centros penitenciarios y permitieron que “las tasas de contagios y de muertes hayan estado muy por debajo de las de la población en general”.

España es uno de los veinte países europeos que recurrieron a las medidas de la liberación anticipada para limitar la propagación del coronavirus en prisión. Entre marzo y junio de 2020, 4356 reclusos fueron liberados; es decir, el 7.4 % de la población carcelaria.

Todas las actividades y trabajos que requerían la participación de actores externos se suspendieron en marzo de 2020. Para fines de mayo, once centros habían retomado las actividades laborales compatibles con la aplicación de las medidas sanitarias. “En cuanto al funcionamiento de los talleres productivos, se observaron ciertas diferencias entre las prisiones catalanas y las que dependen de la administración general del Estado. En las catalanas se mantuvieron muchos talleres productivos, a pesar de no tener suficientes equipos de Protección Individual (EPI). En el resto del Estado, también se abrieron algunos talleres durante la primera etapa del confinamiento”. El OSPDH criticó la falta de alternativas para compensar la suspensión de actividades, las cuales son indispensables para los programas de rehabilitación de los reclusos.

Durante la primera ola de la pandemia, y tras declararse el estado de alarma en el país, se suspendieron todas las visitas entre el 15 de marzo y el 14 de mayo. Las autoridades penitenciarias implementaron medidas de compensación, como la autorización de quince llamadas semanales en lugar de diez, y las llamadas gratuitas para aquellos reclusos en situación de precariedad económica. En marzo de 2020, la administración penitenciaria declaró que se distribuirían 200 teléfonos móviles a las prisiones para facilitar el contacto entre los reclusos y sus allegados mediante videollamadas. Algunos centros penitenciarios, como por ejemplo Teixeiro, Bonxe y Monterroso, organizaron videollamadas de diez minutos para reclusos en circunstancias específicas.

Durante el estado de alarma, la mayoría de los reclusos en tercer grado (régimen abierto) pudieron permanecer en sus casas.

En Cataluña, los vis a vis (visitas con contacto directo) se suspendieron nuevamente en julio de 2020, pero se mantuvieron las visitas en locutorio, ya que estas se hacen a través de una pantalla de plexiglás. En algunas prisiones, como el Centro Penitenciario Potent en Lleida, se suspendieron todas las visitas. Los paquetes dirigidos a los reclusos se mantenían en cuarentena durante 72 horas antes de ser entregados. Se implementó un servicio de videollamadas para compensar la falta de comunicación.
En octubre, durante la segunda ola, las medidas indicadas por las autoridades sanitarias se adaptaron a la situación local y las restricciones variaban de una prisión a otra. En ciertos centros, por ejemplo, se permitía a los reclusos recibir visitas, siempre y cuando su pabellón no estuviera bajo confinamiento; las videollamadas se siguen autorizando. El OSPDH observó que, en la práctica, los internos en primer grado tenían menos acceso a las videollamadas que aquellos en segundo grado.

En marzo de 2020, la tensión crecía en varios centros penitenciarios, pues las restricciones impuestas dificultaban el acceso a las drogas y muchos reclusos empezaron a experimentar síntomas de abstinencia. En la comunidad de Valencia, se desataron varios motines debido a la suspensión de las visitas. En mayo, se registró un motín en la prisión de Córdoba, en la que los reclusos inundaron sus celdas con agua con jabón y bloquearon las puertas con colchones. Algunos internos atacaron al personal de la prisión y les lanzaron baldes de agua con lejía; otros los amenazaron con trozos de vidrio. Las protestas se originaron principalmente como reacción a la muerte de otros reclusos, la escasez de EPI y la falta de información con respecto a la crisis sanitaria.

Organizaciones civiles¶

A inicios de la primera ola, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) expresó su preocupación al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y les pidió que “adoptaran medidas urgentes para, por un lado, prevenir la propagación del coronavirus en las prisiones y, por otro lado, garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”. Además, recomendó que se consideraran medidas alternativas a la reclusión para las personas enfermas y las de edad avanzada, dentro de lo permitido por el sistema español de justicia penal. La asociación instó a las autoridades a aumentar el personal médico en los centros penitenciarios y recomendó que las medidas de aislamiento se implementaran en centros médicos y no en celdas. Finalmente, la asociación solicitó a las autoridades que facilitaran las videollamadas en todos los centros penitenciarios para que los reclusos y sus allegados pudieran mantenerse en contacto.
En abril, varios abogados instaron a las autoridades de la prisión de Palma de Mallorca a dar tratamiento específico a los reclusos más vulnerables, a conceder la libertad anticipada a ciertos internos, a suspender la reclusión de inmigrantes por estadía ilegal y a aumentar el número de pruebas de COVID-19.

Sindicatos de personal penitenciario¶

Algunos sindicatos también han manifestado su preocupación por la manera en que las autoridades han manejado la pandemia. En julio de 2020, una asociación de trabajadores penitenciarios manifestó su temor ante el levantamiento de las medidas preventivas, que podría causar una rápida propagación del virus en prisión y aumentar el riesgo de contagio para los reclusos y para el personal. Además, criticó la decisión de trasladar a las reclusas y sus hijos a la “Unidad de Madres” ─cercana a un departamento que se había puesto en cuarentena─, e instó a las autoridades a adoptar “medidas eficaces y realistas de protección de la población reclusa, de los menores y de los trabajadores penitenciarios”.
Por su parte, la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (ACAIP), uno de los sindicatos más importantes del país, criticó la falta de iniciativa de la administración penitenciaria y denunció la falta de EPI para los trabajadores de salud y los reclusos. La ACAIP mencionó que las medidas de seguridad se levantaron demasiado pronto y que temían que el virus reingresara a las prisiones.
En agosto, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) de Córdoba instó a la dirección del centro penitenciario de Alcolea a convocar al Comité de Seguridad y Salud para “planificar estrategias eficaces y adecuadas líneas de actuación frente a la crisis sanitaria”. A raíz del aumento de brotes que se han registrado desde finales de julio, la CSIF temía una propagación generalizada del virus entre los reclusos y el personal. El sindicato solicitó la suspensión de las visitas familiares y conyugales, y alegó que solo se debería permitir las visitas con algún medio de separación (locutorio). Adicionalmente, la CSIF exigió más material de protección (mascarillas, guantes, alcohol en gel, etc.) y de pruebas para el personal de la prisión.