Suecia: cárceles saturadas

Las cárceles suecas están saturadas. Especialmente las de clase 1, es decir, las de máxima seguridad. Obviamente, no evocan las imágenes de prisiones abarrotadas de, por ejemplo, el Sudeste Asiático, pero aproximadamente la mitad de los centros carcelarios de Suecia rebasa el 100% de su capacidad, y la tendencia va al alza. Ante un problema que hace tres años que amenaza la sostenibilidad del sistema penitenciario, el Gobierno sueco ha propuesto un cambio legislativo para facilitar que los prisioneros extranjeros sean transferidos a sus países de origen para cumplir sus condenas.

“Tenemos cárceles sobreocupadas y, por tanto, es razonable que más convictos que no son ciudadanos suecos cumplan sus sentencias en sus países”, dijo el ministro del Interior, Mikael Damberg, a la televisión pública sueca, SVT. Esta medida va dirigida a los reclusos procedentes de países de la Unión Europea, excepto del resto de los países nórdicos. En las cárceles suecas hay alrededor de un 30% de internos que son extranjeros, de los cuales unos 400 cumplen los requisitos para ser transferidos. Según Damberg, en los últimos años ha mejorado la situación en cuanto a los acuerdos bilaterales para trasladar a prisioneros: “Históricamente hemos tenido problemas con algunos países, pero, por ejemplo, Rumanía ha mejorado las condiciones en sus cárceles para que ahora sean posibles los traslados allí”.

Damberg se refirió también a colaboraciones con Polonia y Lituania para que acepten penas de prisión más cortas, y afirmó que se avanza “en la buena dirección”.

En Suecia hay 45 cárceles, con unos 4.500 reclusos, y otras 11.500 personas en libertad provisional. Según SVT, un 97% de las cárceles suecas están llenas, comparado con el 85% del 2015. La previsión es crear 1.000 plazas adicionales en los próximos cinco años, pero los responsables del servicio penitenciario avisan de que es imprescindible buscar soluciones a corto plazo. “La situación está muy al límite”, dijo a la televisión pública la directora de prisiones, Hanna Jarl, que auguró que la tendencia creciente se mantendrá en el futuro.

La saturación en las cárceles no es un problema exclusivo de Suecia en los países nórdicos. Entre el 2015 y el 2018, Noruega alquiló celdas en centros penitenciarios de los Países Bajos como medida temporal mientras ampliaba la capacidad de sus instalaciones, pero las instituciones suecas no se plantean esta opción. Para intentar aplacar el problema de forma inmediata, el servicio de prisiones sueco ha desarrollado un plan de emergencia que incluye la posibilidad de construir barracones y utilizar instalaciones externas que puedan servir como prisiones, como por ejemplo antiguos hospitales. Sin embargo, la medida más extendida para dar una respuesta rápida ha sido obligar a cientos de internos a compartir celda, un hecho extraordinario hasta hace poco en Suecia, donde los habitáculos están diseñados para ser individuales.

“Hay más riesgo de conflictos, las fricciones pueden incrementarse y hay que contratar a más personal”, admite Jarl. La Defensora del Pueblo del área de justicia alertó en un informe que los prisioneros que comparten celda son los últimos en ingresar, sin tener en cuenta los crímenes por los que han sido condenados. “Muchos de los reclusos expresan preocupación y miedo por tener que compartir celda con un desconocido; hay ejemplos en los que un convicto por delitos financieros tiene que convivir con un condenado por crímenes violentos muy graves”, relata el documento.

Esta saturación en las cárceles suecas es un fenómeno relativamente nuevo. Desde principios del 2000, el número de reclusos había disminuido, pero la curva se invirtió en el 2017. Coincide con el momento en que la violencia de las bandas criminales se agravó de forma significativa. Suecia ha sufrido en los últimos años un importante incremento de los tiroteos y las explosiones, que se vinculan a los grupos organizados relacionados con el tráfico de drogas y de armas. En este escenario, se ha intensificado el trabajo policial, lo que ha resultado en más personas procesadas y, a su vez, condenadas y encarceladas. Además, el debate político de los últimos meses se ha centrado en la demanda de aplicar castigos más severos a los miembros de estas bandas. El Gobierno presentó a finales del año pasado un programa con 34 medidas enfocadas a luchar contra este tipo de violencia, que prevé castigos más duros para algunos crímenes, como la posesión de armas y explosivos, el tráfico de drogas y los robos. Más estrés para un ya tensionado sistema penitenciario.