Tailandia: la fallida cruzada moral de la excesiva penalización de la metanfetamina

En 2010, una joven recibió una pena de 25 años de prisión por cruzar la frontera entre Laos y Tailandia con 1,5 pastillas de metanfetamina (“yaba”). Por la misma época, dos jóvenes fueron condenados a cadena perpetua por posesión de una única pastilla que se encontró en el coche en el que habían viajado de Tailandia a Laos.¹

En el contexto tailandés, estos casos no son ninguna excepción. En 2016, entrevisté a veinticuatro personas privadas de libertad que habían recibido penas por un total de 825 años de prisión (y cuatro condenas de muerte) por posesión de un total de 138 pastillas de anfetamina, lo que representa una pena de seis años de prisión por cada pastilla incautada.² A nivel global, Tailandia es un caso aparte. La Comisión Global de Políticas de Drogas señaló a Tailandia por las “consecuencias devastadoras” de las prácticas rigurosas y agresivas utilizadas por las instituciones responsables de la aplicación de las leyes orientadas a usuarios de drogas³. El ICPR (“Instituto para la Investigación del Crimen y la Justicia”) ha publicado recientemente un estudio sobre las leyes y prácticas relativas a la imposición de penas en diez jurisdicciones diferentes que también sitúa a Tailandia en el extremo del espectro internacional por su sistema de penas para sancionar la importación de drogas. La investigación muestra que la misma infracción de importación de 400 gramos de heroína probablemente implicaría una pena de entre seis meses y veinte años en nueve de los países, mientras que en Tailandia conllevaría cadena perpetua o la pena de muerte.

Existe muy poca información sobre cómo se toman las resoluciones judiciales, lo que no resulta muy sorprendente, puesto que, a diferencia de otros países, Tailandia no dispone ni de directrices públicas ni de procesos transparentes en materia de imposición de penas. Las sentencias tailandesas se basan en un documento informal confidencial que solo pueden consultar los jueces, denominado yee-tok, único para cada tribunal, y que no cuenta con mecanismos correctores formales que controlen y equilibren su cumplimiento. ¹

El Código Penal tailandés prevé una serie de atenuantes que se pueden tener en cuenta, “si se considera apropiado”, al determinar si se debe imponer una pena menos severa.

Esto permite al juez reducir la pena hasta la mitad, basándose en factores como la edad de la persona, su capacidad mental, su personalidad, su falta de conocimiento de la ley, una posible provocación y el reconocimiento de su culpabilidad. Sin embargo, el Código Penal no especifica qué deben considerar los tribunales para fijar una duración de pena precisa, de entre los rangos previstos por la legislación para cada infracción. Esta falta de información, junto con la gran discrecionalidad para decidir si los atenuantes son aplicables, así como la falta de transparencia con respecto al yee-tok, hacen que los jueces dicten sentencias en función de ciertos imperativos políticos, como puede ser la necesidad de disponer de medidas disuasorias. Básicamente, al imponer penas excesivamente severas, los jueces tailandeses podrían estar apoyando y fomentando cruzadas morales políticas.

Tailandia ha entablado una implacable guerra contra las drogas basada en medidas disuasorias, en la que los castigos excesivos son el arma principal. Al intentar controlar el tráfico y el consumo de estupefacientes, se han privilegiado las actividades de las fuerzas de seguridad, y las medidas de prevención y de tratamiento de adicciones se han encaminado al cumplimiento de la ley, en lugar de considerarse como un objetivo de salud pública. Además, al sistema penal tailandés le ha resultado especialmente complicado distinguir entre las personas que consumen drogas de forma recreativa, las que dependen de las drogas, los microtraficantes y los traficantes organizados. Al mismo tiempo, la estrategia de reforzar la vigilancia de las calles para perseguir a los consumidores de drogas, incentivando a las fuerzas del orden con bonus salariales calculados en función del número de arrestos, ha tenido unos resultados devastadores: los datos de 2015 muestran que casi el 40 % de las detenciones estaban relacionadas con drogas¹ y que, en 2020, el 80 % de la población carcelaria de Tailandia estaba en reclusión por delitos de drogas.²

Mientras tanto, el sistema penitenciario de Tailandia lleva años masificado y funcionando a casi el 150 % de su capacidad.

En la actualidad, el país tiene la sexta población carcelaria más alta del mundo y la tasa más elevada de encarcelamiento de mujeres, el 90 % de las cuales están en prisión por delitos relacionados con las drogas.³ Sin embargo, a pesar de que los arrestos, las incautaciones y el número de autores de delitos de drogas siguen aumentando, el crecimiento del mercado de drogas ilegales en Tailandia ha superado la reacción de las fuerzas de seguridad.

En este entorno tan represivo, la penalización excesiva es especialmente llamativa en los delitos relacionados con la metanfetamina. La experiencia muestra que “las estrictas leyes contra las drogas de Tailandia imponen penas casi diez veces más severas para los delitos relacionados con metanfetamina en comparación con las infracciones relacionadas con heroína, aunque ambas drogas están clasificadas en la misma categoría”.¹

La motivación política que fomenta la guerra contra las drogas ha ejercido una influencia clara sobre el sistema de imposición de penas tailandés. A pesar de las recientes reformas destinadas a reducir las penas de prisión por delitos de drogas,² el dominante sector político sigue favoreciendo la represión en detrimento de la rehabilitación, la salud pública o la proporcionalidad de la justicia. Debido a la falta de transparencia, es imposible saber si el yee-tok responde o no a los intereses políticos, aunque parece ser una suposición razonable, al considerar que, cuando se sancionan infracciones tipificadas en los mismos artículos del Código Penal, lo que afecta a la imposición de una pena o de otra es la sustancia en cuestión, y no los atenuantes previstos por la ley.

Las reacciones extremadamente duras y desproporcionadas frente a los delitos de drogas, en concreto de metanfetamina ³, se reflejan en el sistema de justicia penal en su conjunto: desde las prácticas y las estrategias utilizadas por las fuerzas policiales, hasta las sentencias punitivas que conllevan una excesiva aplicación de penas de prisión a quien comete infracciones relacionadas con estupefacientes.

Estas duras respuestas se han normalizado a través del alarmista discurso de los agentes del Gobierno, repetido por los medios de comunicación locales. El modelo de “tolerancia cero” que la mayor parte de la sociedad tailandesa se ha creído se ha vuelto tan convincente que ha acarreado inesperadas e indeseables consecuencias: se le está dando prioridad a las intenciones políticas en lugar de dársela al respeto de los principios de proporcionalidad, igualdad y transparencia, principios que deberían fundamentar toda imposición de pena.

Se necesita urgentemente más investigación sobre las inconsistencias de las penas por delitos de drogas en Tailandia que sirvan de base informativa para una reforma de la política y de los instrumentos legales,entre ellos, el yee-tok. Los análisis históricos – como el presentado recientemente en un informe publicado por el Instituto de Justicia de Tailandia ¹ – pueden ayudar a comprender cómo, al cabo del tiempo, las sentencias por delitos relacionados con la metanfetamina se han vuelto más severas que las que implican otras drogas, a pesar de estar tipificadas por los mismos artículos del Código Penal. De la misma manera, se deberían hacer estudios etnográficos para documentar las experiencias vividas por las personas encarceladas por este tipo de delitos, lo que permitiría señalar el impacto devastador de penas tan estrictas, tanto a nivel personal, como familiar, social, cultural, legal y económico. 

La experiencia mundial demuestra de manera consistente que la guerra contra las drogas no ha funcionado, que la penalización de los delitos relacionados con las drogas no ha conseguido los resultados esperados pero que, en cambio, sí ha causado consecuencias inesperadas que han provocado daños considerables a la sociedad.

Es hora de que Tailandia deje su fallida cruzada moral, que abandone sus prácticas punitivas y que actualice sus instrumentos jurídicos para conseguir que se dicten penas más justas y proporcionales, especialmente en el caso de delitos de drogas.