Türkiye: abogados en peligro

Güçlü Sevimli. La Ley Antiterrorista se usa en todo el país para silenciar e intimidar a cualquiera que se oponga al Gobierno y al sistema político actual. Esta se aplica en conjunción con varios artículos del Código Penal relativos al crimen organizado (art. 314 y 220). Los abogados vinculados a la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD) son un blanco privilegiado, puesto que su trabajo consiste en defender a los disidentes. Así pues, cada vez que el Estado percibe a un abogado como una amenaza, lo acusa de pertenecer a grupos terroristas.

La fabricación de pruebas es algo habitual en las investigaciones judiciales, así como el uso de “testigos anónimos”, cuyas declaraciones sirven a la Policía y la Fiscalía para incriminar a los abogados.

Los testigos anónimos suelen ser personas juzgadas por su pertenencia a grupos ilegales, a las que se les ofrece la absolución o la liberación a cambio de falsos testimonios. En otras palabras, son personas a las que les conviene inventar declaraciones contra los abogados. Este tipo de práctica plantea evidentes fallas legales. Sin embargo, las autoridades judiciales continúan arrestando y encarcelando a los abogados con base en estos testimonios.

Estos abogados se oponen directamente al sistema establecido y dan prioridad a la defensa de los derechos y no a los beneficios; su dedicación va más allá de la simple práctica jurídica. Ellos defienden los derechos de los trabajadores, los oprimidos, las mujeres, los kurdos, los pobres, los revolucionarios y los socialistas. Además, siguen de cerca los juicios políticos y los casos de violencia en prisión, lo que los pone en la mira de las autoridades, que tratan de eliminarlos o inhabilitarlos. Su activismo y el enfoque que dan al ejercicio de su profesión convierte a los abogados de la ÇHD en un blanco.

En este contexto, nueve abogados de la ÇHD fueron arrestados el 18 de enero de 2013, y 15 el 12 de septiembre de 2017. La investigación de 2017 se concluyó en 2019, y 18 miembros de la ÇHD recibieron penas de prisión de hasta diez años. Hoy en día, 15 de ellos siguen encarcelados en varios establecimientos del país. A pesar de la falta de pruebas, la sentencia se basó en las declaraciones de los testigos anónimos. Ebru Timtik, uno de los abogados de la asociación arrestados en 2017, falleció el 27 de agosto de 2020 tras una huelga de hambre que emprendió por un juicio justo.

GS. Los abogados de la ÇHD se encuentran recluidos en prisiones de tipo F en diferentes regiones del país. Se trata de un modelo de prisión instaurado desde el 22 de diciembre de 2000, cuyo régimen de vida se centra sobre todo en el aislamiento. Y los reclusos se alojan en celdas diseñadas para una persona, o máximo tres. No solo los abogados se encuentran en estas prisiones, sino también todos aquellos acusados de delitos relacionados con el terrorismo. Los miembros de la ÇHD no reciben un trato especial y son víctimas de las mismas violaciones que los demás. En las prisiones de tipo F, los reclusos no pueden interactuar con otros, excepto con sus compañeros de celda. Desde 2016, las condiciones en estos establecimientos se han degradado de manera significativa y cada vez se infringen más los derechos de los reclusos. Por ejemplo, se ha limitado el derecho a la comunicación, reconocido en 2007, que permitía llevar a cabo reuniones de hasta diez personas durante ciertas horas y días establecidos. Los asuntos más apremiantes en estas instalaciones son la tortura y los malos tratos, las recurrentes medidas disciplinarias, la prohibición de libros, los traslados forzados y otras restricciones del derecho a la comunicación.

En los últimos dos años, el Gobierno ha comenzado a implementar nuevos modelos de prisión ─como el tipo Y o el tipo S, y otras prisiones de máxima seguridad─, en los que el aislamiento es aún más estricto que en las prisiones de tipo F. Estas instalaciones se caracterizan por la omnipresencia de las cámaras de seguridad, incluso dentro de las celdas. Los reclusos solo pueden pasar una o dos horas diarias al aire libre y las ventanas de las celdas están cubiertas con rejas.

Por lo que sabemos, hasta ahora, ningún abogado se aloja en estos nuevos establecimientos. Sin embargo, en vista de que se usan para recluir a las personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo, es muy probable que pronto se les comience a encarcelar allí.

GS. Debido a la fuerte represión que existe en el país, la oposición se enfrenta a la dificultad de alzar su voz sin correr el riesgo de terminar en prisión. Por lo tanto, la solidaridad internacional es muy importante en este sentido. Muchos Colegios de Abogados europeos han organizado protestas o emitido declaraciones para expresar su preocupación con respecto a la situación de los miembros de la ÇHD. Incluso, varias delegaciones han monitoreado de cerca los juicios de estos abogados. Del mismo modo, algunas instituciones legales internacionales han visitado a los abogados encarcelados, en repetidas ocasiones, para recopilar información y obtener declaraciones sobre sus condiciones de reclusión. Sus esfuerzos sirven, en cierta medida, para disuadir al Gobierno de recurrir a prácticas crueles e ilegales.

Sin embargo, el Gobierno actual tiende a hacer oídos sordos a las iniciativas y los informes de los organismos jurídicos europeos y a seguir con su propia agenda. Su objetivo es mantener su hegemonía sobre la sociedad mediante la opresión y la coerción. En los últimos años, el Gobierno ha llegado incluso al punto de ignorar las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en particular, las que no se alinean con sus objetivos.