Uruguay: 26% de reclusos tienen condiciones "crueles, inhumanas y degradantes"

“Lo que pasa en las cárceles pasará en las calles. Sus problemas y sus violencias, lejos de disiparse, volverán a reventar”, indica el reporte del comisionado parlamentario.

El 15 de abril el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit, presentó a la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, el informe 2019 sobre la situación carcelaria nacional. Este informe contiene un diagnóstico con 20 conclusiones, 20 recomendaciones relacionadas y 33 recomendaciones específicas, dirigidas a las autoridades carcelarias y varios organismos del Estado. El documento ya fue enviado a los legisladores y autoridades nacionales.

Aunque el informe elogia la reforma penitenciaria iniciada en 2010, porque inicia la transformación del sistema penitenciario de un “modelo sólo asegurativo y pobre en capacidad de rehabilitación”, hacia un “nuevo modelo orientado técnicamente hacia la rehabilitación y reinserción social”, recuerda que “todavía subsisten importantes y graves carencias”.

“No mejorará la seguridad pública sin una inversión fuerte en el sistema penitenciario y una mejora continua de la reforma penitenciaria”, advierte el reporte.“ Lo que pasa en las cárceles pasará en las calles. Sus problemas y sus violencias, lejos de disiparse, volverán a reventar en las calles si no son tratados mientras se puede“, resume.

Algunos datos

A noviembre de 2019, el sistema carcelario uruguayo tenía 11.574 internos, unos 328 cada 100.000, casi al tope entre los países de América Latina con más presos, superando ampliamente a Perú (267), Chile (229), Colombia (226), Paraguay (180), México (169) o Argentina (167). A Uruguay solo lo supera Estados Unidos (655), Cuba, Panamá, Costa Rica y Brasil.

En 2019 el sistema penitenciario presentaba buenas posibilidades de integración social y rehabilitación para el 27% de sus internos, insuficientes posibilidades de integración social y rehabilitación para el 47% de los internos, y condiciones de trato cruel, inhumano o degradante para el 26% de los mismos.

De acuerdo a esto, el 73% de la población penitenciaria está alojada en lugares que no ofrecen las posibilidades de rehabilitación necesarias para facilitar su reinserción social.

La valoración de 2019 marca una mejora de las condiciones con respecto a años anteriores (26% con oportunidades de integración social, 39% con insuficientes oportunidades y 35% con condiciones de trato cruel, inhumano o degradante en Informe 2018).

Densidad y violencia

En el 2019 la población del sistema penitenciario continuó creciendo y se aproximó a completar nuevamente su capacidad de alojamiento, algo que había mejorado en años anteriores. “Durante el 2018 y tras mucho tiempo, se logró que la población penitenciaria alcanzara niveles menores a la capacidad de alojamiento. Sin embargo a partir de 2018 el volumen de población ha retomado el crecimiento (tendencia característica de las últimas décadas) y la densidad se encuentra hoy en día al 100%. Esto significa que si la tendencia actual se mantiene, la sobrepoblación y el hacinamiento volverán en breve a ser un problema.

En 2019 se registraron 31 muertes violentas dentro del sistema penitenciario; la cifra es una de las más altas desde que existe registro de este indicador extremo (2005), siendo solamente superada por la de 2016, donde se registraron 32 muertes violentas.

En total 2019 tuvieron lugar 44 muertes en prisión, lo que implica un incremento sustantivo en relación a los 37 fallecimientos ocurridos en 2018. Dentro de las 31 muertes violentas hubo 20 homicidios, 9 suicidios, una electrocución y un fallecimiento por meningitis, producto de una larga internación tras recibir una puñalada en el rostro.

En términos absolutos, 2019 implicó un récord anual de los homicidios desde 2006. En términos relativos, la tasa se mantuvo similar a 2018, indicando 186,5 homicidios cada 100.000 personas, aproximadamente 18 veces más que la cifra nacional. Por su parte, la tasa de suicidios en cárceles fue de 83,9 cada 100.000, aproximadamente 4 veces más que la cifra nacional.

“Estas cifras representan la continuidad de un fenómeno preocupante y de largo plazo, que se muestra todavía resistente a los programas de rehabilitación y de actividades socioeducativas implementadas, lo que vuelve a insistir en la necesidad de seguir aumentando la cobertura y profundidad de esas acciones”, indica el comisionado.

El reporte también dedica un capítulo a la educación entre los reclusos, con algunas conclusiones alarmantes. Dos de cada 10 personas privadas de libertad no saben leer o lo hacen con dificultad. El 77,7% de las personas que no saben leer tiene entre 18 y 37 años. De la población que no sabe leer comprendida entre los 18 y los 37 años, los varones representan el 97,24%.

Actividades

El informe denuncia que en una alarmante parte del sistema penitenciario todavía existe total falta de actividades socioeducativas, encierro, violencia, mala alimentación, malas instalaciones, pero destaca las mejoras logradas y subraya el esfuerzo de muchos funcionarios penitenciario -operadores, policías, técnicos y administrativos- que todos los días sostienen el funcionamiento del sistema.

Recomendaciones

El documento concluye que un mejor sistema penitenciario podría bajar las tasas de reincidencia al 25% lo que requiere una “denodada intervención técnica para multiplicar los programas socioeducativos, de atención sanitaria, de salud mental y adicciones y contar con el aporte activo de todas las áreas de las políticas sociales dentro de las cárceles”.

Se plantea la necesidad de que ASSE asuma la totalidad de la cobertura de salud del sistema penitenciario, la creación de una Fiscalía Penitenciaria especializada, un rol más fuerte del CODICEN en la educación en cárceles en todas sus facetas, la presencia del MIDES para asistir a las familias, más recursos para la Defensa Pública del Poder Judicial, iniciar una experiencia de Justicia Terapeútica como la existente en muchos países para los delitos leves originados en adicciones, la instalación de escuelas de oficios, fortalecer el sistema de medidas alternativas con capacidad de seguimiento y asistencia de los casos, la integración de la Dirección del Liberado al MIDES y promover el uso de tecnologías de la información para la gestión de las unidades para también para nuevas instancias de educación y capacitación, incluyéndose tablets para los que egresen con información y orientación para el empleo, la salud y su capacitación.