Uruguay: cárcel de máxima seguridad, del “Compromiso por el País” a la propuesta del Gobierno

El pasado martes 7 la comisión especial de la Cámara de Representantes recibió a las principales autoridades del Ministerio del Interior (MI), el ministro Jorge Larrañaga y el subsecretario Guillermo Maciel, que defendieron algunos artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) relativos a la seguridad pública.

Tras la reunión, Maciel dijo que “es una ley buena porque en el capítulo de seguridad apunta a modificaciones penales del código de procedimiento en particular, que van a tender a mejorar la seguridad y cuidar más y mejor a los uruguayos”; y añadió que con estas medidas “se trata de combatir frontalmente a la delincuencia, al narcotráfico y bajar los niveles de impunidad criminal”.

Durante la comparecencia ante los diputados, Larrañaga anunció la intención del gobierno nacional de construir micro cárceles que no superen los 500 reclusos, en consonancia con las sugerencias de los organismos internacionales, y con el objetivo de bajar el hacinamiento que sufre la población carcelaria uruguaya.

Al día siguiente, también se manifestó ante los representantes el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario. Juan Miguel Petit expresó su preocupación y advirtió a los legisladores sobre las cifras alarmantes de sobrepoblación que ya superan el 105% de sus plazas y algunos departamentos como Salto y Artigas superaron el 150%, según el último informe penitenciario.

En los últimos 20 años la población carcelaria pasó de tener 4 mil presos a 12 mil. Petit alertó que la cifra de privados de libertad trepará a 13 mil a fines de este año. El comisionado aseguró que la población de presos en Uruguay crece 1% por mes.

Además, Petit planteó a la comisión de diputados que estudian la LUC que las normas que propone el proyecto en materia punitiva apuntan “a tener más personas privadas de libertad, más tiempo y con menos beneficios excarcelatorios, lo cual sigue generando un sistema gigantesco, imposible de financiar”, advirtió. Petit sostiene que “el aumento de algunas penas” y el “cierre de beneficios excarcelatorios no son una buena medida, ni para prevenir el delito, ni para dar satisfacción final a estos temas”, afirmó. Por eso el comisionado planteó a los legisladores buscar “alternativas diferentes” que no significan favorecer la impunidad, sino tender a la “descomprimir” el sistema carcelario.

Consultado por La Mañana sobre la construcción de nuevas cárceles, Petit prefirió no emitir opinión aún, porque todavía no tiene los detalles del proyecto.

Cárcel de máxima seguridad

En la conferencia de prensa que dio Maciel el martes 7 después de la reunión parlamentaria, mencionó la intención de construir una nueva cárcel de máxima seguridad para 300 presos. Este centro carcelario sería “para aquellos reclusos vinculados al narcotráfico que representen una gran peligrosidad”, comunicó.

Indicó que el proyecto está en la mesa a partir del documento “Compromiso por el País”-que presentó el presidente Luis Lacalle Pou a fines de 2019 que suscribieron los partidos políticos que integran la coalición de gobierno-, y que el mismo se va a plantear una vez que se elaboren las pautas del nuevo presupuesto.

El acuerdo político preveía crear un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Servicio que se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del MI y tendrá la responsabilidad de reimplantar el sistema de orden y seguridad en el sistema.

También se proyectaba la construcción y gestión descentralizada de cárceles de pequeño tamaño, diferenciadas por el perfil de las personas privadas de libertad y una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad.

Antes de firmar el compromiso, integrantes de los partidos que actualmente integran la coalición multicolor coincidían en la necesidad de hacer esta prisión.

En una actividad organizada por el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Álvaro Garcé, excomisionado en representación del Partido Nacional, dijo que era “imprescindible que el país tenga una cárcel de máxima seguridad acorde con los estándares internacionales”. El director de Inteligencia expresaba que “el país no puede pasar otra vez la vergüenza de fugas de peligrosos criminales que de alguna manera trascienden las fronteras del país y dañan la imagen del mismo”.

Garcé propuso, en ese sentido, la construcción de una cárcel con aproximadamente 150 plazas y recordó las recomendaciones que él había realizado en 2006, de construir una cárcel de seguridad, que en “ese momento estimábamos necesaria 100 plazas, y hoy deberían ser alrededor de 150”, sostuvo.

Por su parte, el cabildante Rivera Elgue, actual subsecretario del Ministerio de Defensa, planteaba en campaña electoral durante el 2019 crear una cárcel de máxima seguridad con la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA), como expresa el programa de Cabildo Abierto. “Debemos tener distintos niveles de cárceles acordes a los niveles de seguridad”, porque “no podemos tener otra fuga como la de Morabito”, advertía Elgue. “Operar una cárcel por parte de las FF.AA. sería una colaboración de las mismas”, dijo el excoronel, y manifestó que la guardia perimetral que se le proporciona a algunos centros de penitenciaría serían rotativos, “lo que protegería a los operadores carcelarios y evitaría el grado de corrupción”, aseguró Elgue.

En enero de este año Ana Juanche, exdirectora del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), criticó la propuesta de los actuales gobernantes. Juanche indicaba que no había “necesidad de mayores cupos de máxima seguridad”. “Nosotros tenemos una cárcel de máxima seguridad que es el Penal de Libertad”, y también “hay sectores de máxima seguridad en Rivera”, justificaba Juanche.

El jueves en Desayunos Informales de canal 12, Petit manifestó que “sin dudas se va a necesitar construir nuevas cárceles” y que “el Penal de Libertad es un pésimo penal y espera que algún día se transforme “en un lugar de rehabilitación”.