Uruguay: presos con celulares, comercios e industrias, un modelo para bajar la violencia en las cárceles

Wilson camina por su taller con una tablet en la que chequea los últimos mensajes de sus clientes. A la confitería “La Nueva” acaba de ingresar un pedido de 10 sándwiches de pollo. En el aserradero todos los operarios trabajan sin quitar la vista a las maderas. Es lo que ocurre en cualquier rutina laboral, pero lo que cambia es su contexto: son comercios e industrias que están adentro de cárceles. Se trata del modelo que Uruguay puso en marcha en 2010 para bajar la violencia en las penitenciarías y lograr una reinserción de los presos con oportunidades para que no vuelvan a delinquir.

Punta de Rieles es lo que se puede llamar una “cárcel ciudad”: los presos caminan libremente por el predio y trabajan en sus 52 comercios y emprendimientos. Hay desde una casa de tatuajes hasta un restaurante. El Complejo Carcelario “Santiago Vázquez”, conocido como COMCAR, es la cárcel más grande de Uruguay. Allí hay un Polo Industrial en el que se desempeñan 400 presos.

¿El resultado? Niveles de violencia cero, la aceptación de los detenidos de un sistema que no se basa en el encierro en una celda la mayor parte del día, y un proceso donde la cárcel es un lugar con un trato digno en el que se busca una salida para el futuro.

“Nunca tuve una oportunidad en mi vida más que acá”, dice Rolando Bustamante, uno de los detenidos que tiene un negocio en Punta de Rieles.

Invitado por la Asociación de Pensamiento Penal (APP), una ONG argentina que trabaja, entre otros, en temas penitenciarios, Infobae visitó y conoció ambas cárceles.

La historia comienza en 2009 con un lapidario informe de la Organización de Naciones Unidas. “Nos dijeron que teníamos cárceles africanas”, recuerda Jaime Saavedra, el primer civil en un cargo jerárquico del sistema penitenciario –fue subdirector del Instituto Nacional de Rehabilitación, lo que en Argentina es el Servicio Penitenciario Federal–, y actualmente está al frente de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado (DINALI).

Al año siguiente, se pusieron en marcha tres cambios centrales: un sistema penitenciario único nacional, civiles en las cárceles a cargo del contacto con los presos (hoy son 1200 y 1800 policías que solo tienen tareas de custodia) y pasar de un modelo de seguridad a otro de la readaptación.

La transformación tuvo el impulso político de la asunción como presidente de Uruguay de José “Pepe” Mujica y la designación de Eduardo Bonomi como ministro del Interior –todavía en el cargo–, de quien dependen las cárceles. Ambos con pasado en prisiones. Fueron integrantes del movimiento político guerrillero “Tupamaros” y estuvieron presos más de una década durante la última dictadura militar uruguaya, en los años 70 y 80.

La composición de las cárceles uruguayas es similar a las de Argentina: están llenas de pobres y jóvenes. En Uruguay hay 11 mil presos, de los cuales el 92% tiene entre 18 y 29 años. La mayoría sin estudios ni trabajo. Provienen de los barrios más marginales de Montevideo que están en el norte de la ciudad, la parte más alejada del río: Cerro, Casabó, 40 semanas, Casavalle y Marconi.

“Se avanzó en consolidar experiencias que antes no había, con una privación de la libertad más humana. El preso pasó de ser un objeto a un sujeto”, cuenta Saavedra. Y así nacieron las experiencias de Punta de Rieles y el Polo Industrial.

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