“Queremos responsabilizar de manera directa a la ministra Varela y al Ministerio de Servicio Penitenciario por este hecho que acaba de ocurrir en la Policía de Carabobo. Esta es una situación que desde Una Ventana a la Libertad la hemos venido denunciando desde hace varios años”, destacó Nieto Palma.

De igual manera señaló que los informes de la ONG, dedicada al tema de los Derechos Humanos, sostienen con cifras la dramática situación que se vive en los calabozos policiales del país.

“Es grave y alarmante. Lo que ocurrió en Carabobo hoy es una muestra de ello y eso se vive en toda Venezuela”, dijo.

Aseguró que todas las policías del país se encuentran en un estado de caos por la negligencia del Ministerio referido que no soluciona el problema.

“Debemos recordar que desde hace varios años este Ministerio prohíbe el ingreso de nuevos reclusos a los recintos carcelarios si no son autorizados por ellos y para que den la autorización hacen unas exigencias a los organismos policiales y en muchos casos a los familiares imposibles de cumplir como comprar un kit que incluye colchonetas y uniformes, así como útiles personales”, añadió.

Nieto Palma además indicó que hace ya siete años, cuando el Ministerio fue creado, la ministra Iris Varela ofreció construir un recinto penitenciario en cada estado del país exclusivamente para albergar a personas procesadas en estos casos, como centros de detención preventivas, y no han hecho ninguno.

“Esto es lo que ha creado el caos que se vive en toda Venezuela”, advirtió y refirió que las cifras indican que hay un hacinamiento de un 300% aproximadamente en los centros de detención preventiva.

De igual forma recordó que los funcionarios policiales tienen como función primordial dar seguridad a los ciudadanos, su labor no consiste en cuidar presos. Tampoco los centros de detención preventiva están acondicionados para mantener a los detenidos por más de 48 horas y algunos permanecen años recluidos allí.

Familiares a las afueras del Comando de PoliCarabobo aseguraron que las condiciones de hacinamiento generan un malestar entre los detenidos que esperan sus traslados a centros como el Internado Judicial de Carabobo o que les otorguen la libertad.

Denuncian que el retardo procesal también contribuye a que los presos permanezcan más tiempos en calabozos construidos para no más de 40 personas y que albergan más de 100, en condiciones de insalubridad.